El Tribunal Constitucional se dispone a estimar el recurso presentado por el Gobierno contra varios de los apartados del protocolo de recepción de menores no acompañados aprobado por el Ejecutivo canario el pasado mes de septiembre. La resolución aprobada por Canarias permanece suspendida por el órgano de garantías, tras admitir a trámite la impugnación de Disposición Autonómica (IDA) presentada por el Gobierno de España, y por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). 

Fuentes jurídicas detallan a Vozpópuli que la propuesta elevada por el Gobierno, tras recibir un informe favorable por parte del Consejo de Estado, genera un amplio consenso entre los magistrados del TC. A diferencia de otros asuntos abordados en los últimos meses por la corte presidida por Cándido Conde Pumpido, con los que se ha producido un intenso debate jurídico entre los dos bloques que conforman el órgano, el recurso presentado por el Ejecutivo central podría conseguir apoyos entre progresistas y conservadores.

Las fuentes consultadas sostienen que el texto elevado por el Gobierno justifica de manera más o menos razonable la existencia de un choque de competencias en materia de inmigración y asistencia a menores no acompañados. En concreto, la ley dispone que la competencia de protección de menores recae principalmente sobre las comunidades autónomas, puesto que tienen transferidas las competencias en esta materia, mientras que las competencias en materia de inmigración recaerían sobre el Estado. 

El Gobierno central defiende, en consecuencia, que el protocolo impulsado por Clavijo vulnera varios derechos fundamentales y también competencias autonómicas en materia de inmigración y asistencia a menores no acompañados. El protocolo publicado en el Boletín Oficial de Canarias acordaba no aceptar a más menores en los centros de acogida si no habían sido correctamente identificados y con una asignación individualizada en el momento de su entrega. Para el Gobierno central este protocolo se extralimita a la hora de imponer obligaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y vulnera el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

El Ejecutivo central sostiene que si bien las comunidades autónomas pueden aprobar sus protocolos territoriales, no pueden introducir requisitos no previstos en la normativa estatal para la recepción de los menores extranjeros no acompañados.

Canarias pide más medios al Estado

El argumento de Canarias pasa por que los menores migrantes están bajo la tutela del Estado y que, por tanto, no le corresponde a la Comunidad autónoma asumir la responsabilidad en su sistema. En concreto, el protocolo se fundamenta en que es la Entidad pública de protección de menores de cada territorio la encargada de constatar si el menor migrante se encuentra en una situación de desamparo y, en ese caso, asumir la tutela del mismo. No obstante, al considerar que no están en situación de desamparo, pues estarían bajo la tutela del Estado, la responsabilidad del ejecutivo canario se limita en recogerlos y ponerlos a salvo a los menores. 

Parte del problema radica en la dificultad para identificar a los menores no acompañados en el momento en el que llegan a territorio español. El protocolo habitual es que, tras ser recogidos del mar, sean los agentes de Policía y Guardia Civil los que a través de varias entrevistas intenten identificar a los menores y determinar su edad, posteriormente, es el Gobierno canario es quien los deriva a los centros de acogida. No obstante, ante la situación de saturación de espacios, el Ejecutivo de Clavijo exige al Gobierno de España que ofrezca centros de asistencia inmediata donde poder hospedar a los niños hasta que termine su proceso de identificación.

El primer paso que deberá sortear la propuesta elevada por el Gobierno central al Tribunal Constitucional será el debate en el Pleno del próximo 11 de febrero, donde se decidirá sobre su admisión a trámite. Según fuentes jurídicas, y avanzó EFE, el borrador del magistrado conservador Ricardo Enríquez podría ir en la línea de estimar el recurso, puesto que la Comunidad Autónoma ha asumido en su estatuto de autonomía la competencia de asistencia social (entre la que estaría hacerse cargo de la tutela de los menores no acompañados), por lo que quedarían sin efecto varios apartados del protocolo impugnado por el Gobierno. 

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