Tribunales

Desaparece 'in extremis' el texto que pretendía impedir dos presidencias de Sala en el Supremo

El Gobierno estaba ultimando los detalles para reformar el artículo 342 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

  • Fachada del Tribunal Supremo -

El pasado martes, saltaron las alarmas en el Tribunal Supremo. El Gobierno estaba ultimando los detalles para reformar el artículo 342 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El borrador del anteproyecto incluía una medida polémica: impedir que los magistrados que no pudieran cumplir con el mandato completo, es decir, 5 años, pudiesen presentarse a las presidencias de Sala. De esta forma, se vetaba a aquellos que estaban próximos a la jubilación. Sin embargo, esta redacción, que ha causado un gran malestar entre magistrados del alto tribunal, tal y como ha podido saber Vozpópuli, ha desaparecido “in extremis”.

De haber salido adelante la propuesta, se habrían quedado fuera dos candidaturas. Por un lado, la de Andrés Martínez Arrieta, quien aspiraba a la Sala de lo Penal y ocupa el puesto número 1 en el escalafón. Este magistrado cumplirá en unos meses 70 años, edad a la que se puede jubilar, aunque existe la posibilidad de prolongar su carrera hasta los 72. Por otro lado, también quedaría fuera Pablo Lucas de la Cueva, quien competía por la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Lucas es el número 4 en el escalafón y alcanzará los 71 años en breve.

Por lo que, si se hubiera aprobado, ninguno de los dos hubiese sido apto para presidir las Salas al no poder cumplir con el mandato completo. Unas Salas que actualmente ambos dirigen en funciones tras la marcha de Manuel Marchena (Penal) el 5 de diciembre de 2024 y la de César Tolosa (Contencioso-Administrativo), que abandonó en diciembre de 2022 tras ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Esto hubiera dado paso a que las candidatas del bloque progresista, Ana Ferrer, de la Sala Segunda y Pilar Teso, de la Sala Tercera, pudiesen acceder a la presidencia al no haberse presentado nadie más. Hay que recordar que el nombre de Ferrer fue muy sonado en su día para presidir tanto el CGPJ como el TS siendo finalmente Isabel Perelló la elegida.

"No es algo que se deba poner en la ley"

Fuentes consultadas por este periódico señalan que la edad es una circunstancia que se tiene en cuenta, pero no es algo que se deba poner en una ley. “Es absurdo”. Sin embargo, detallan que al Gobierno lo que le interesa es que haya otros nombramientos, sobre todo para la de lo Penal porque, quien la presida, tendrá “una influencia importante en la formación de qué magistrados integrarán la Sala que podría enjuiciar -si llega el caso- el asunto relacionado con el fiscal general del Estado”. Aunque, a su parecer, “lo lógico sería que fuese la Sala en Pleno”.

Estas mismas fuentes señalan que el Gobierno pensaba que la gente no se iba a dar cuenta de sus intenciones, “pero se han dado cuenta enseguida”. Y por ello, quizá, la redacción de esta reforma se ha esfumado. Al igual que piensa que otras leyes promovidas por el PSOE estas últimas semanas, como la presentada por el PSOE para restringir la acusación popular, “van a ser papel mojado porque no se van a aprobar”. 

Con respecto a la ley que pretende limitar este derecho recogido en el artículo 125 de la Constitución Española, hay que recordar que las cuatro asociaciones de jueces -Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Jueces y Juezas para la Democracia- la criticaron severamente. Consideraban que era inconstitucional y que estaba creada para “su específica aplicación a casos concretos”. Algo insólito, pues no suele ser muy común que todas las asociaciones estén de acuerdo. Por otro lado, esta reforma, que iba a ir como proyecto de ley del Gobierno, no como proposición de ley como han hecho en el caso de la acusación popular, tendría que pasar por informes del Consejo de Estado o CGPJ antes de remitirlo a las Cortes, lo que haría que "fuese para largo". 

 

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