El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado actuaciones previas para estudiar las reclamaciones realizadas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su antecesora inmediata, Dolores Delgado, por la difusión de los datos personales contenidos en la documentación enviada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Tribunal Supremo (TS) en el marco de la causa donde se investiga al jefe del Ministerio Público.
Según ha informado el CGPJ y ha recogido EP, la Dirección de Supervisión y Control de Datos del CGPJ "ha iniciado actuaciones previas en relación con los escritos recibidos en el órgano de gobierno de los jueces a raíz de la notificación a las partes personadas en la causa especial 20557/2024 que se sigue en el Tribunal Supremo de un informe elaborado por la UCO".
El CGPJ indica que esta dirección "llevará a cabo las actuaciones que resulten oportunas" a la vista de los escritos remitidos tanto por García Ortiz como por Delgado, ahora fiscal de sala coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
El Consejo recuerda que "las funciones propias de las autoridades de protección de datos respecto de las operaciones de tratamiento efectuadas con fines jurisdiccionales por los juzgados, tribunales y las oficinas judiciales corresponden, con arreglo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 236 octies de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al CGPJ".
Fue el pasado lunes cuando García Ortiz envió un escrito al CGPJ solicitando que "se adopten todas las medidas de protección personal y de la intimidad que procedan o se inste a las autoridades competentes para que así lo hagan". Además, pidió "las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos", según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. En esta línea, Delgado envió ese día sendas cartas al CGPJ y al Tribunal Supremo, a las que tuvo acceso Europa Press, trasladando la misma queja por la difusión de los datos personales contenidos en el informe de la UCO, entre ellos su teléfono móvil, "sin adoptar cautela alguna sobre el referido número que evitaría la más que previsible filtración de su contenido".
