La Policía Nacional y las policías francesa, italiana y dominicana han desmantelado una organización de proxenetas que explotaba sexualmente a mujeres desde dos centros de atención telefónica de España e Italia y han liberado a 41 mujeres víctimas en numerosos pisos ubicados en Francia. La operación se ha saldado con diez personas detenidas, tres en la localidad gerundense de Figueres, donde estaba uno de los dos centros de llamadas; cuatro en Francia, una en Italia y dos en República Dominicana, según ha informado este viernes la Dirección General de la Policía.
Los arrestados están acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delitos relacionados con la prostitución.
Según las investigaciones, la organización disponía de dos bases logísticas a modo de "call centers" en Figueres y en el municipio italiano de Rho, desde donde sus miembros se hacían pasar por mujeres que ofrecían servicios sexuales, gestionaban las llamadas y concertaban los encuentros. Las víctimas eran explotadas sexualmente en pisos ubicados en Francia y eran trasladadas cada pocos días a diferentes ciudades, lo que impedía que pudieran establecer vínculos y dificultaba detectar a la organización criminal.
Ofertaban un servicio denominado como "sex tour", una forma de "turismo", explica la Policía, con el propósito de mantener relaciones sexuales con personas que ejercen la prostitución. Además, los investigados establecieron una tercera base logística en República Dominicana, desde donde comenzaron a gestionar el desplazamiento de las víctimas a nuevas ciudades.
Los miembros de la organización eran quienes acordaban los servicios sexuales y las condiciones, sin dar ninguna opción a las víctimas; recaudaban el dinero que estas obtenían y se desplazaban a Francia para recoger el efectivo, aunque también se realizaba el pago mediante transferencia.
Arrendadores implicados
Los agentes constataron que los propietarios de los inmuebles franceses en los que las mujeres eran explotadas eran conocedores de las prácticas irregulares que tenían lugar en su interior, y alguno incluso llegaba a colaborar en la publicidad de los servicios. Una vez recabadas las pruebas incriminatorias, se realizaron 20 registros, en los que se intervinieron más de 70.000 euros en efectivo, más de un centenar de móviles y numerosas joyas y relojes.
