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La estrategia de ACS pasa por que se vuelva a inyectar gas al almacén para defenderse de la acusación de negligencia, lo que explica el recurso a la decisión de desmantelarlo.
Escal, la antigua concesionaria del polémico almacén de gas, sostiene que la infraestructura podría volver a funcionar en condiciones de seguridad
Deloitte optó por firmar la última auditoría sobre las cuentas de Escal sin opinión debido a las incertidumbres que amenazan el futuro de la sociedad participada por ACS
La resolución de la CNMC que obliga a Escal a devolver las cantidades percibidas por renunciar a la concesión del polémico almacén de gas sitúa a la filial de ACS en causa de disolución
Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS, la filial de ACS que inyectó en el Castor el gas que provocó más de 500 terremotos, declarará este lunes como imputado por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. El juez acusa a todo el consejo de esta sociedad de no suspender las operaciones pese a la cadena de seísmos que se produjeron a partir del 11 de septiembre de 2013.
La Fiscalía considera que el Ejecutivo no exigió a Escal, controlada por ACS, un informe sobre los riesgos sísmicos de inyectar gas en el almacén Castor. La Administración aceptó "sin objeciones" el documento presentado por la concesionaria. El juicio arranca el 20 de octubre con 18 imputados.
El esquema de financiación empleado por la constructora, un bono de proyecto respaldado por el Banco Europeo de Inversiones, prevé la devolución anticipada si el 30 de noviembre la concesión no está operativa o si no ha sido rescatada por el Estado.
Durante la junta de ACS, un accionista de la compañía, que ya impugnó en su día las cuentas de la empresa, acusó al presidente de reducir de forma ilegal las cifras de deuda del grupo al no integrar la sociedad del almacén de gas Castor, de la que ACS posee un 66,6%.
