Eduardo Torres Dulce

Entrevista con el ex fiscal, escritor, cinéfilo y editor.

Al igual que el ex fiscal general, en los últimos años varios jueces y fiscales de los tribunales más importantes del país han fichado o han abierto grandes bufetes de abogados. Los sueldos no son comparables.

El exmiembro de UGT en la caja desvela que las dietas que recibía por asistir a la Comisión de Control las ingresaba en el sindicato y además usaba su tarjeta black para sus labores sindicales, como impresión de circulares, viajes o comidas. 

Si bien el fiscal general dimitido ha alegado razones personales, todo parece indicar que la “falta de reflejos” y pésima sincronía con los deseos del Gobierno, en especial en todos aquellos asuntos que han golpeado de lleno al Partido Popular estarían detrás de una dimisión por otro lado hace tiempo descontada.

No era Torres-Dulce el fiscal general que precisa un Gobierno. Sus relaciones con los dos minsitros de Justicia, tanto con Ruiz-Gallardón, que le nombró, como con Catalá, con quien no sintonizó desde el primer momento, nunca fueron excelentes.

Torres-Dulce aclara que lo que se pretende es que la ministra devuelva todo aquello de lo que se hubiera aprovechado que tuviera un origen ilícito, aunque no haya participado de esa actividad delictiva.

La presidenta de los populares catalanes, Alicia Sánchez Camacho, es una mujer que hace bueno el dicho de que “la providencia castiga los pecados nacionales con calamidades nacionales”. Gana una pasta, exactamente 93.364,57 € como diputada del Parlament, cifra a la que hay que sumar un segundo sueldo como presidenta del PPC y un tercero como senadora en Madrid por Barcelona: en total casi 200.000 euros. 

Denuncia al 'president', a su vicepresidenta y a la consejera de Educación por desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. Considera que Mas "sobrepuso la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a derecho".

La cúpula fiscal arropó ayer a Torres-Dulce y no evitó lanzar reproches a la actuación de sus colegas catalanes, a los que acusaron de incurrir en comportamientos asamblearios al margen de lo que dicta el estatuto del Ministerio Fiscal.

El fiscal del Estado reiterará su orden al fiscal superior de Cataluña tras el apoyo mayoritario de la cúpula fiscal a la querella por desobediencia contra tres cargos de la Generalitat. Una segunda negativa podría acarrear medidas disciplinarias. Los fiscales catalanes se apresuraron ayer a anunciar que acatarán el mandato de su jefe.

La Junta de Fiscales da su apoyo "prácticamente unánime" a Torres-Dulce, que acusa al presidente catalán, a su vicepresidenta y a la consejera de Educación de delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y obstrucción a la Justicia. El fiscal del Estado considera que el Govern "desplegó una conducta incompatible" con la suspensión del Constitucional, que califica de "absoluta, tajante e inequívoca".

El nuevo ministro de Justicia, del círculo de confianza del presidente, tendrá la labor de buscar un reemplazo para un fiscal general del Estado que nunca pareció ser del agrado de Rajoy. La renuncia de Alberto Ruiz-Gallardón ha producido un movimiento de piezas en la cartera de Justicia y pronto se verán los primeros resultados.

El fiscal general del Estado se ha reunido con la cúpula del ministerio de Justicia en pleno brote de desobediencia en Cataluña. Artur Mas, ayer, subió el tono del desafío y dio un paso que desborda la legalidad.

La Fiscalía del Estado tiene preparada, entre otras medidas, una querella por desobediencia contra Artur Mas en el caso de que la Generalitat no acate las medidas que dicte el Tribunal Constitucional. El Estado no puede mostrar ni titubeos ni dudas. Mariano Rajoy ha trasladado esta idea a sus ministros. 

La relación entre el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado es abrupta. Casi inexistente. No se hablan y no disimulan sus fricciones. Van de choque en choque.

Anticorrupción no quiere hacer un 'macroproceso' de los casos de los Pujol. Torres-Dulce y Ruiz-Gallardón querían justamente lo contrario: que todos los asuntos pasaran cuanto antes a la Audiencia Nacional.

El 'caso Pujol' va camino de aterrizar en la Audiencia Nacional. La Fiscalía del Estado quiere que la enrevesada trama de asuntos judiciales del 'pujolazo' se unifiquen cuanto antes y se trasladen a los juzgados de Madrid.

Las consultas de reclusos para acogerse a esta figura se han disparado en el último año. También se han incrementado las quejas de ciudadanos ante la Defensora del Pueblo por las polémicas concesiones del Ministerio de Justicia. Su homólogo andaluz denuncia que "se han aventado las expectativas de muchas personas por acogerse a esta atípica" fórmula.

El Ministerio Público se ha negado a incluir en su escrito de acusación el cargo de blanqueo de capitales para conseguir limitar la sanción al Duque de Palma a menos de 5 años de cárcel, lo que implica más beneficios y menos pena efectiva.

Gabriela Bravo, nexo entre el ministro de Justicia y el socialista Antonio Camacho, pasará a integrar la Secretaría Técnica del órgano del departamento de Torres-Dulce. El fiscal jefe de Anticorrupción, que no evitó la declaración judicial de Cospedal, Antonio Salinas, es renovado otros cinco años tras llevar ya diez en el mismo puesto.