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La junta de resolución de conflictos acaba de reconocer al consorcio GUPC sobrecostes por valor de 4 millones de dólares en la última de las reclamaciones que ha resuelto, en la que el grupo liderado por Sacyr solicitaba 114 millones. Las compañías recurrirán de nuevo al tribunal de arbitraje de Miami.
Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio liderado por Sacyr que se ha encargado del principal contrato de ampliación del Canal de Panamá exige dicha cantidad por los sobrecostes y retrasos de la obra.
El grupo de empresas liderado por Sacyr y que está a punto de terminar la ampliación del Canal de Panamá acumula 1.400 millones de euros de números rojos desde que echó a andar, una cifra que el consorcio estima que podrá recuperar con el resultado de los diversos procesos que reclamaciones que ha interpuesto.
Casi dos años después de lo previsto en principio, el Canal de Panamá ampliado abrirá sus nuevas esclusas. Será el próximo 26 de junio cuando la infraestructura entre en servicio. Por medio, nueve años de trabajo, siete de los cuales se han correspondido con el contrato principal, adjudicado al consorcio liderado por Sacyr, que tendrá que esperar aún algunos años para conocer el resultado económico de uno de los contratos más emblemáticos de los últimos tiempos.
La Administración del Canal de Panamá estima que ha dejado de ingresar unos 450 millones como consecuencia de los retrasos en la ampliación de la infraestructura, cuya inauguración estaba prevista en principio para octubre de 2014. El administrador de la vía interoceánica, Jorge Quijano, aseguró que reclamará al consorcio encargado de la ampliación, que lidera Sacyr, esta cantidad en concepto de lucro cesante, aunque admite que tal posibilidad no está contemplada en el contrato. El nuevo Canal de Panamá se inaugurará a finales del próximo mes de junio.
El sindicato que representa a los trabajadores panameños de la construcción ha mantenido parados durante más de dos semanas los trabajos ampliación de la vía interoceánica, cuyo administrador anunció que descuenta una nueva reclamación del consorcio de Sacyr.
Grupo Unidos por el Canal, que ya registró números rojos de 155 millones el año anterior, está pendiente de reclamaciones por sobrecostes valorados en 1.200 millones, cuestión que ha generado alta tensión y que ha estado cerca de sacar al consorcio de la obra.
Una nueva Ley regulará el sistema de seguros de exportación y permitirá a otras compañías, aparte de Cesce, gestionar los avales del Estado. La normativa contempla un fondo de reserva para minimizar riesgos a raíz de lo sucedido con la obra del Canal de Panamá, adjudicada al consorcio de Sacyr y asegurada por Cesce.
El paro llega cuando el consorcio liderado por Sacyr estaba recuperando el ritmo de las obras perdido durante el conflicto con la Autoridad del Canal de Panamá. Los sindicatos aprovechan la proximidad de los comicios para exigir incrementos salariales del 35%.
El motivo del escaso margen de acuerdo reside en el hecho de que, según denunció el máximo dirigente de la ACP, "en este momento, el consorcio ha suspendido los trabajos de construcción".
La Autoridad del Canal de Panamá pone en marcha un proceso de análisis para decidir los pasos a seguir tras la ruptura de las negociaciones, que puede incluir rescindir el contrato o retomar las conversaciones ya que, según ellos, "no se retiran de la mesa".
El presidente panameño pide tiempo para que las partes lleguen a un acuerdo este 4 de febrero, fecha que se pusieron de límite para impedir la paralización del proyecto.
Constructoras, administrador y aseguradora se habían dado inicialmente de plazo hasta este sábado para encontrar una solución para continuar la obra. Se reunirán este fin de semana para evaluar las alternativas y llegar a un acuerdo.
Zurich America, la aseguradora del contrato de ampliación del Canal de Panamá, actuó como improvisada mediadora en el conflicto que dirimen Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio adjudicatario, liderado por Sacyr, y la Autoridad del Canal (ACP) por los sobrecostes de las obras. La reunión a tres bandas celebrada este martes no concluyó en acuerdo pero sirvió para establecer un escenario de negociación alejado de posturas extremas. Las partes volverán a reunirse el próximo lunes.
El presidente de la constructora, Manuel Manrique, convocó una rueda de prensa para zanjar que "Sacyr no va a abandonar el proyecto, las obras van a continuar y van a acabar, porque no contenplamos otro escenario que el del acuerdo".
La ministra de Fomento, Ana Pastor, afronta uno de los retos más difíciles: tratar de mediar en el conflicto entre el consorcio adjudicatario de la ampliación del Canal de Panamá y la administración local acerca de los sobrecostes de la obra. En vísperas de las reuniones tendrán lugar este lunes, las posturas están más que alejadas ya que la Autoridad del Canal de Panamá apenas reconoce algo más de 300 millones de dólares de sobrecostes, un 20% de lo que reclama el grupo liderado por Sacyr.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sigue trabajando con la hipótesis de tener que ejecutar la fianza que depositó el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr, para completar la ampliación de la infraestructura. Jorge Quijano, principal responsable de la ACP, ha contactado con los avalistas para que lo tengan todo preparado para la ejecución aunque previamente analizará con ellos las diversas opciones que hay para llevarlo a cabo.
Ricardo Martinelli, presidente de Panamá, y los embajadores de España e Italia escenificaron lo que ya viene siendo una realidad en las últimas horas: el conflicto entre el consorcio encargado de ampliar el Canal, liderado por Sacyr, y el administrador de la infraestructura ha trascendido el ámbito empresarial y ha pasado a ser cuestión de Estados. El encuentro que mantuvieron sentó las bases para la intervención de los respectivos gobiernos en el conflicto, pero sobre todo una: contribuir y no avivar más el fuego.
El embajador de España en Panamá, Jesús Silva, avaló la tesis que el consorcio Grupo Unidos por el Canal, liderado por Sacyr, reflejó en el comunicado donde amenazaba con detener los trabajos de la ampliación del Canal de Panamá. En palabras que recoge la prensa local, Silva señala que la Autoridad del Canal de Panamá dio marcha atrás en acuerdos que en su momento había asumido.
La situación financiera de Sacyr sufrirá un serio revés si finalmente el consorcio que lidera en Panamá, Grupo Unidos por el Canal (GUPC), no llega a un acuerdo con las autoridades locales acerca de las reclamaciones millonarias por los sobrecostes de la obra. Si las obras se detienen, la Autoridad del Canal podría ejecutar el aval de 600 millones de dólares que depositó GUPC para finalizar por su cuenta los trabajos. Dicha cuantía pasaría a ser considerada como deuda a corto plazo para el consorcio.
