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La presentación del archivo se celebra el miércoles en Valladolid, en la Sala Miguel Delibes del Teatro Calderón, durante un acto que estará encabezado por la presidenta de la fundación, Elisa Delibes.
Se trata de palabras que no pueden, como tales, criminalizarse", dice el juez que precisa que esto solo sucede en "las dictaduras que criminalizan las palabras como si fueran hechos". Contra esta resolución cabe interponer recurso.
Los titiriteros defienden en un escrito que los hechos investigados encajan en "el ejercicio al derecho fundamental a la creación artística", por lo que consideran que no constituyen ningún delito ni procede realizar más diligencias.
La Fiscalía de Madrid considera que la mujer podría ser autora de un montaje sobre todo lo ocurrido e insta a dejar sin efecto la prohibición por parte del empresario de acercarse a la dermatóloga en un radio de 500 metros.
Mientras Cataluña estudia discutir con los herederos el destino de los documentos que aún quedan en poder de la familia, surge la posibilidad de solicitar además que los archivos cutodiados en Alcalá de Henares vuelvan a Barcelona.
La decisión de archivo se funda en "el carácter prospectivo de la denuncia y en la ausencia de soporte fáctico para la misma".
El Ministerio Público entiende que antes de archivar la querella, el juez Pedraz tenía que haber tomado declaración al concejal de Ahora Madrid en calidad de imputado por afectar a la dignidad de todas las víctimas del terrorismo y no sólo a la de Irene Villa.
En su declaración ante la juez, Natalia de la Nuez ha pedido que no se siga adelante con la causa contra el exministro por presunto maltrato porque no se siente una víctima de violencia de género. No ha sabido precisar las fechas de las presuntas agresiones.
UGT Andalucía ha denunciado este martes el borrado de 1.756 archivos y la copia de más de 22.400 desde ordenadores internos. El sindicato ha abierto expediente a tres trabajadores por estos hechos, y hasta ahora dos se han cerrado con amonestación y en el otro sigue la investigación abierta.
La decisión de la juez se produce después de que el Tribunal Supremo rechazara imputar en julio a la presidenta Yolanda Barcina por el cobro de las polémicas dietas de Caja Navarra.
