OPINIÓN

La voluntad popular

Mientras no se produzca la vuelta de los excluyentes al pacto de inclusión que supuso la Constitución, aprobada con el concurso del 94 por ciento de los catalanes, ninguna elección arreglará nada.

La voluntad popular.
La voluntad popular. EFE

Las elecciones catalanas de ayer han sido un intento más de conseguir algo que es idealmente posible, pero que tropieza, en la práctica, con numerosas dificultades: hacer real la democracia, la voluntad popular. El principio de representación supone siempre un proceso de simplificación, el mapeo  de una realidad que se resiste a ser tratada como tal y recurre a un esquema de sí misma, pero eso es siempre un cierto falseamiento y no solo porque la relación entre votos y escaños no sea homogénea (vale más un voto del Ampurdán que uno de Barcelona), sino porque la voluntad de millones queda reducida a las decisiones de unas docenas, y eso es algo que no puede lograrse sin un sinfín de condiciones adicionales, nada fáciles por otra parte.

La magia de la democracia consiste en ocultar con un acopio de legitimidad esta clase de dificultades, y ese milagro suele conseguirse cuando los elegidos saben hacer bien su papel. En la Cataluña de comienzos de 2018, las dificultades para llevar a cabo las tareas de gobierno van a ser ímprobas, y no solo porque los resultados electorales puedan haber sido precarios, sino porque la pésima conducta de los diputados anteriores ha conducido a los catalanes a un enfrentamiento político completamente agónico, y es ilusorio imaginar que la convocatoria pueda bastar para restaurar una convivencia gravísimamente dañada.

El principio de exclusión

Una parte muy significativa de los ciudadanos catalanes se ha empeñado en empujar a otra parte fuera del sistema común, ha negado en la práctica el derecho a la diferencia (en el que, paradójicamente, quieren fundarse), y eso no ha sido una mera declaración política, algo reducible a la retórica, sino que ha empezado por un asunto fundamental, el empeño en obligar a una buena parte de los catalanes a expresarse exclusivamente en una lengua, prohibiendo sañudamente el empleo del español.

Su pretensión de separarse de España se basa en una legitimidad idéntica a la que podrían reclamar, por ejemplo, los aragoneses, o los franceses, si pretendiesen adueñarse políticamente de Cataluña

Al actuar de ese modo, con el consentimiento culposo del Estado, han ignorado que el principio de exclusión tiene exactamente la misma lógica que el de asimilación, y que su pretensión de separarse de España se basa en una legitimidad idéntica a la que podrían reclamar, por ejemplo, los aragoneses, o los franceses, si pretendiesen adueñarse políticamente de Cataluña, de forma que el derecho a decidir con el que pretendían fundar su voluntad implica inevitablemente una privación a terceros. Separar y conquistar poseen la misma lógica e implican un mismo uso del poder, de forma que el gobierno catalán ha llevado a cabo su política de exclusión de la única manera posible, mediante la mentira y el engaño, abusando de la pasividad inducida de las víctimas de ese proceso privatizador.

Que esa política conduciría a un enfrentamiento civil ha sido un secreto a voces, e ignorar que esa política tropezaría con obstáculos mucho más poderosos que la voluntad de sus promotores ha sido un caso de irresponsabilidad apenas sin parangón en la historia. El resultado de ello es que se ha roto el principio mismo que hace que la representación política pueda surtir sus benéficos efectos, porque se ha atentado contra la convivencia civil y no se ha respetado el principio de que los representantes tienen que dedicarse a construir, y a hacerlo sobre bases no quiméricas, y no a destruir irresponsablemente las instituciones en cuya legitimidad se asientan.

No basta la reacción

La reacción política a esos desafueros ha sido vigorosa, sorprendente y, por fortuna, pacífica. Pero esa reacción podrá haber resultado insuficiente si no se recupera la normalidad civil, el uso pacífico y plural de los espacios públicos, la plena libertad política y el respeto a la ley común sin la que la democracia es sencillamente imposible. En este sentido el nuevo parlamento catalán puede ser un comienzo de solución o la segunda certificación de un fracaso. La campaña electoral no ha dado lugar a muchas esperanzas, porque, además de escenificar con particular virulencia la división existente, no ha dado muestras suficientes de que los que han roto las reglas del juego quieran volver a respetarlas. Es uno de los inconvenientes de la política entendida como religión, que es lo que da fuerza al nacionalismo, que nunca se contempla como posible aquello que no satisfaga por completo las exigencias de los supremacistas. En realidad han vuelto a retratarse y no hay muchas esperanzas de que la mera derrota electoral sirva para que se corrijan: cuando alguien se atreve a decir que “debería ser obligatorio votar a Tardá”, hace evidente que su relación con la democracia y con la política entendida como convivencia y pacto es meramente instrumental, que es un lobo que apenas resiste el disfraz de cordero.

Rajoy optó, en primer lugar, por presentar el caso como un asunto exclusivamente catalán, cuando no lo es de ninguna manera

Mientras no se produzca la vuelta de los excluyentes al pacto de inclusión que supuso la Constitución, aprobada con el concurso del 94 por ciento de los catalanes, ninguna elección arreglará nada, porque las elecciones no son la esencia de la democracia sino la manera en la que las democracias pueden avanzar y renovarse cuando se respeta su esencia no excluyente, el principio de igualdad que los  supremacistas catalanes insultan cuando le piden a Arrimadas que  “se marche a su casa” o cuando la llaman “fascista”, porque hasta ese punto ignoran su propia condición totalitaria.

El último error de Rajoy

Rajoy ha demostrado, una vez más, que su política consiste siempre en quitarse de en medio a esperar que escampe. Al convocar elecciones de manera tan apurada, Rajoy optó, en primer lugar, por presentar el caso como un asunto exclusivamente catalán, cuando no lo es de ninguna manera, y, en segundo lugar, por tratar de que algún resultado especialmente afortunado lo disolviera, cosa que raramente podría ocurrir. Aunque tuvo la oportunidad de pedir un pronunciamiento al conjunto de los españoles, no se atrevió a hacerlo, y es posible que con esa decisión haya puesto un nuevo clavo en su ataúd, en especial si la cosa le sale no solo mal, sino rematadamente mal. De cualquier manera, al adoptar el camino fácil de las elecciones rápidas puso de nuevo a su partido en una tesitura dramática, creyendo que podría volver a chantajear a sus electores insistiendo en la opción entre el caos y su continuidad, pero seguramente no estuvo fino en su análisis, y ese error no hará otra cosa que agrandarse en su contra, aunque el tiempo habrá de confirmar hasta qué punto es capaz la voluntad popular de sobreponerse a las onerosas argucias de quienes la representan.


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