Se va a cumplir un año del asesinato de los guardias civiles David y Miguel Ángel y, por el momento, no hay responsabilidad penal en el proceder de los mandos de la Comandancia de Cádiz. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate dio carpetazo a la investigación en una resolución que desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) consideran "nula de pleno derecho".
Por ese motivo, la asociación profesional del instituto armado, personada como acusación popular en la causa, ha recurrido la decisión de la jueza ante la Audiencia Provincial de Cádiz. En su recurso de apelación ante la Audiencia gaditana, la AUGC esgrime que la providencia en la que la magistrada decretó el archivo provisional, dictada en febrero de 2024, "carece de la motivación exigida legalmente y vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva". Asimismo, expone que existen "incidentes de nulidad pendientes de resolver en en la propia Audiencia, y estos podrían afectar la validez de los autos en los que se basa la providencia recurrida".
La Audiencia Provincial de Cádiz ya descartó que existiera responsabilidad penal en la actuación del general jefe de la Guardia Civil de la Zona de Andalucía y el coronel de la Comandancia en Cádiz, contra quienes interpuso denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). A juicio de los magistrados, las órdenes de estos mandos no pusieron en “peligro grave” la vida de los seis guardias civiles que fueron embestidos por una narcolancha. En su resolución explicaron que la exposición a este riesgo para sus vidas “no se produjo por las condiciones en las que prestaban sus servicios, ni en concreto porque iban a bordo de una zódiac de menor envergadura y potencia” que la citada narcolancha, sino por “la acción de la tripulación” que les embistió en varias ocasiones.
Para los magistrados no existió "omisión" en la dotación de medidas de seguridad para sus subordinados, por lo que, a su juicio, no les colocaron directamente en una situación de grave peligro para sus vidas. Al considerar que fue “la acción” de los tripulantes de la narcolancha la que ocasionó ese escenario, concluyen que se “rompería cualquier relación de causalidad entre la infracción y el riesgo”. Cabe recordar que la Fiscalía siempre se posicionó en contra de continuar con la investigación a ambos mandos.
Nuevo recurso
Ahora, la AUGC busca con este nuevo recurso de apelación "garantizar que cualquier decisión sobre la reapertura de la causa esté debidamente fundamentada, respetando así los derechos de los guardias civiles asesinados, de los demás agentes heridos y de sus familias". La asociación profesional insiste en la "necesidad de que se valore la gravedad de los hechos y se actúe con transparencia".
La tarde noche del 9 de febrero de 2023, seis agentes pertenecientes al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el Grupo de Acción Rápida (GAR) fueron enviados al puerto de Barbate con una pequeña zódiac de los especialistas en submarinismo para ahuyentar a varias narcolanchas que se refugiaban del temporal en aguas portuarias. Tras ser embestidos por una de las embarcaciones, dos de los agentes fallecieron y los otros cuatro resultaron heridos.
