Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias denuncian la situación que afronta el personal sanitario en las cárceles madrileñas, poniendo especial énfasis en los "problemas críticos" en la atención a la salud mental.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la "preocupante escasez" de personal sanitario en los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, según los datos actualizados a 1 de diciembre de 2024. De un total de 173 plazas de personal sanitario, 69 están vacantes, lo que compromete gravemente la atención médica, la gestión de enfermedades mentales y la seguridad en los centros penitenciarios.
"Por poner algunos ejemplos del déficit de personal sanitario en los centros penitenciarios madrileños: en el Centro Penitenciario Madrid I (Mujeres), existe un déficit del 28 % en las plazas de enfermero/a; en el Centro Penitenciario Madrid II (Alcalá-Meco), la carencia más preocupante afecta a los médicos, con un déficit del 88 %, ya que, de las 8 plazas disponibles, solo una está cubierta", sostiene Sergio García, delegado de CSIF Prisiones Madrid.
Asimismo indican que situaciones similares se presentan en los Centros Penitenciarios de Aranjuez y Soto del Real, donde "únicamente 3 de las 8 plazas de médicos están ocupadas, lo que supone un déficit del 63%: "La situación más grave se registra en el Centro Penitenciario de Estremera, donde no hay ninguna plaza cubierta de médico, lo que representa un déficit del 100%".
A su juicio, "los déficits de personal afectan de manera significativa la atención a internos con enfermedades mentales, que constituyen una proporción creciente de la población penitenciaria": "Algunos de los trastornos mentales graves a los que se enfrentan los profesionales penitenciarios son trastornos psicóticos, bipolaridad y esquizofrenia, que requieren tratamiento constante; y aumento de intentos autolesivos debido a la falta de apoyo psicológico y psiquiátrico adecuado".
"Incrementa los riesgos"
El sindicato sostiene que la insuficiencia de recursos sanitarios impide un tratamiento adecuado en la mayoría de las prisiones de Madrid: "Esta falta de atención no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también incrementa los riesgos de conflictos internos y amenazas a la seguridad".
Algo que, argumentan, deriva en sobrecarga del personal activo, con jornadas extendidas y "tensión constante" en médicos y enfermeros; reducción de servicios especializados, con una atención médica primaria y especializada "comprometida"; y el aumento de "tensiones internas": "Los internos carecen de acceso adecuado a la salud, lo que exacerba los conflictos".
Por eso, el sindicato insta a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a cubrir 69 plazas vacantes de personal sanitario en los centros penitenciarios de Madrid y aumentar los recursos para la atención especializada en salud mental, incluyendo médicos psiquiatras y psicólogos clínicos. También proponen incentivos salariales y condiciones laborales atractivas para "retener a los profesionales existentes y captar nuevos talentos", así como la "implicación política" para la aplicación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, sobre cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
"En su disposición adicional sexta, se disponía que los servicios sanitarios gestionados por Instituciones Penitenciarias debían ser transferidos a las comunidades autónomas, integrándose plenamente en sus respectivos sistemas de salud. La normativa establecía un plazo de 18 meses para completar este proceso -apuntan desde el sindicato-. No obstante, 21 años después, únicamente tres comunidades autónomas han asumido estas competencias en sanidad penitenciaria: Cataluña, País Vasco y Navarra".
