"Cualquier día iba a pasar algo así". Son las palabras de lamento más repetidas entre los educadores sociales de Extremadura tras el asesinato de su compañera María Belén, estrangulada a manos de tres menores del piso tutelado en el que trabajaba. La joven de 35 años había denunciado amenazas por parte de varios menores "conflictivos" que estaban a su cargo, llegando incluso uno de ellos a ser condenado, según ha podido saber Vozpópuli.
Pese a esos episodios, que fueron puestos en conocimiento de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, María Belén seguía acudiendo a su puesto de trabajo e iba a dormir sola el pasado domingo junto a cuatro menores tutelados en el chalet de Badajoz donde ocurrieron los hechos. Pero esta vez, la sangre llegó al río. Aunque todavía no está claro el grado de implicación de cada uno, tres menores, dos chicos de 14 y 15 años y una chica de 17, han sido acusados de golpearla y estrangularla con un cinturón hasta la muerte. Pasarán en las próximas horas a disposición del juez de Menores como presuntos autores de un delito de homicidio.
María Belén trabajaba como auxiliar técnico educativa (ATE) en un piso tutelado para menores que cumplen medidas judiciales de "convivencia en grupo educativo", donde reciben una atención "integral". Se trata de un régimen de reforma que imponen los jueces de menores en casos de adolescentes con entornos familiares de violencia, principalmente. Al contrario que en los centros de internamiento de menores, donde existe personal de seguridad, en este tipo de pisos gestionados por entidades contratadas por la Administración no existe ningún tipo de vigilancia. Tampoco compañía en muchos de los casos, como era el de María Belén, que compartía la tutela de los menores junto a otras cuatro auxiliares técnicos en turnos rotatorios.
La víctima había denunciado meses atrás por amenazas a uno de los menores que estaban a su cargo, llegando este a ser condenado. Además, había alertado a su entorno de que se sentía "indefensa" por los episodios violentos que vivía en su puesto de trabajo. Hace un par de semanas, durante las fiestas de Carnavales, dos menores se fugaron y uno de ellos fue localizado por la Guardia Civil siete días después en la localidad de Villafranca de los Barros.
La secretaria general del Colegio de Educadores Sociales de Extremadura (Copesex), Inés María Solomando, lamenta en una conversación con Vozpópuli que venían reclamando a las autoridades la dotación de personal y cámaras de seguridad en los pisos tutelados, especialmente por la noche. "No puede haber un solo profesional con este tipo de menores", recalca. Asegura que es "habitual" y "descorazonador" que "a diario" sufran episodios de fugas, amenazas o agresiones. Solomando explica que se ven en una "encrucijada" cuando denuncian a un menor a su cargo, ya que la Administración, al estar tutelados, "les acaba defendiendo" en el juzgado. "Por eso acabamos normalizando situaciones que no se pueden normalizar", subraya.
Cambios en la Ley del Menor
El asesinato de María Belén sorprendió a todos sus compañeros a primera hora de la mañana de este lunes. Durante la jornada, convocaron actos de condena y repulsa en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales de Menores Marcelo Nessi y en el Centro de Menores San Juan Bautista. A las puertas del primero, una de las trabajadoras, Sheila Gómez, reclamó al Gobierno central cambios en la Ley del Menor: "Se tiene que revisar la edad, menores con 16 años son más que conscientes, tienen conocimiento de lo que está bien o de lo que está mal". "Es muy barato matar, les sale muy barato y no hay consecuencias", ha exclamado entre lágrimas. Ha sido precisamente a las puertas del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales de Menores Marcelo Nessi donde los educadores sociales se han concentrado en los últimos meses para reclamar más seguridad en su puesto de trabajo.
