La Junta decidirá el pulso entre ecologistas y Gas Natural por el gasoducto de Doñana

El proyecto liderado por la compañía Petroleum Oil Gas-España, filial de Gas Natural, ha aprobado el primero de los exámenes que ha de pasar para ampliar su actividad en el Parque Nacional de Doñana, donde ha venido llevando a cabo la explotación de yacimientos de hidrocarburos durante los últimos 30 años. El pasado mes, el Ministerio de Medio Ambiente dio el visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del plan. Un trámite importante, pero no el único que ha de superar. Tras el informe positivo del Gobierno, el proyecto precisa otras tres autorizaciones más. Queda pendiente el permiso del Ministerio de Industria (autorización administrativa), pero la decisión final está en manos de la Junta de Andalucía (PSOE-IU), que es quien deberá emitir un certificado de no afección a la Red Natura 2000 y una Autorización Ambiental Unificada (AAU). Así, tanto la empresa como los colectivos contrarios al proyecto -grupos políticos y ecologistas- miran hacia Sevilla, unos confiando en que se tenga en cuenta lo puramente técnico, y otros amparados en el compromiso de la Junta con la conservación y el peso de IU en el Gobierno de coalición que preside José Antonio Griñán.

Fue precisamente Griñán quién aseguró que en su informe daría prioridad a la conservación. Sin embargo, y aunque con condiciones, el Gobierno andaluz votó 'sí' al informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente. Los detractores del proyecto confían en su palabra para que el informe final sea negativo, pero temen que la decisión esté contaminada por intereses e influencias. Se da la circunstancia de que Felipe González cesó como presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana el pasado mes de diciembre y pasó a ser consejero precisamente de Gas Natural Fenosa, hecho sobre el que la compañía no ha querido pronunciarse. 

Hasta ahora, la empresa ha extraído alrededor de 13.000 GWh (gigavatios hora) de gas, pero su proyecto de 200 millones de euros, que se lleva fraguando desde hace siete años, contempla la ampliación del gasoducto ya existente con 20 nuevos kilómetros, la renovación de las redes actuales (unos 50 km) y la utilización del subsuelo como almacén de gas con 14 pozos. En total, una red de explotación de gas de cerca de 70 kilómetros discurriría bajo una zona que alberga una biodiversidad única en Europa. El almacén, según la propia multinacional, “completará el sistema gasista de Andalucía proporcionándole importantes ventajas operativas y estratégicas”.

Gas Natural asegura que el proyecto no supondrá ningún impacto ambiental, como no lo ha hecho en los 30 años anteriores

Los posibles daños ecológicos no suponen un problema para Gas Natural, que sostiene que su actividad no entraña ningún tipo de riesgo y, con la Declaración de Impacto Ambiental en la mano, defiende que el plan es compatible con la protección del enclave natural. Es más, según aseguró la empresa a Vozpópuli, “el proyecto incluye una serie de medidas que garantizan la no afección a flora y fauna y la ejecución de un paquete de acciones que reforzarán la calidad medioambiental”. “En 30 años no se ha descrito una sola afección derivada de esta actividad en el entorno de Doñana”, asevera.

Actividad privada en un espacio "de todos"

Pero lo que para la gasista es utilizar un yacimiento creado por la naturaleza, es entendido por las organizaciones ecologistas como el “aprovechamiento de un espacio de todos con un alto valor ecológico por una empresa privada con intereses económicos privados”. WWF, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y colectivos ciudadanos como Mesa de la Ría o Primavera Andaluza son algunos de los numerosos colectivos que han unido sus fuerzas contra lo que consideran una alteración total de la verdadera vocación del territorio: la conservación. Todos ellos, junto con algunos grupos políticos como IU o EQUO, reman en la misma dirección. Los ecologistas ya han trasladado sus reivindicaciones al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), mientras preparan una queja a la Comisión Europea. Si finalmente el Gobierno andaluz aprueba la ampliación de la explotación de gas, su último recurso será acudir a los tribunales.

Ecologistas insinúan que con el plan de almacenamiento de gas lo que se pretenda es especular con los precios

Un espacio protegido de máxima conservación

Doñana es un entorno complejo. Por un lado se encuentra el Parque Nacional y por otro el Parque Natural, que amplía aún más el espacio protegido declarado Patrimonio de la Humanidad. Pero además existen otras zonas consideradas de interés natural, una zona de reserva de la biosfera y una zona de humedal de importancia internacional (Convenio Ramsar). Siendo el lugar donde se concentran todas las figuras de protección, como el lince y el águila imperial, las marismas son una importantísima reserva con más de seis millones de aves. Por eso, desde Ecologistas en Acción insisten en que “Doñana no es un lugar para almacenar gas para aumentar los beneficios de una empresa”, apunta Pedro Segura, coordinador de la organización. “A nadie se le ocurre convertir una joya de la naturaleza en un foco industrial”. En este punto la empresa matiza: la explotación de yacimientos de gas no está calificada como actividad industrial, sino extractiva. Pero los ecologistas critican que lo que se plantea no es solo la extracción de gas, sino el almacenamiento de hidrocarburos provenientes de otras zonas como puede ser Argelia para vender cuando los precios suban, es decir, la especulación.

Teo Oberhuber, también miembro de la coordinación de Ecologistas, explicó a este diario que el proyecto afectará en mayor o menor medida al entorno protegido. Si bien cerca de la mitad de las redes bordean el Parque Nacional por el exterior y las obras se contemplan en caminos y cortafuegos, tal y como señala Gas Natural, el riesgo ante cualquier accidente sigue poniendo en peligro la zona. Aunque reconoce que hasta ahora el impacto provocado por la actividad de extracción de gas ha sido reducido, cree que las nuevas instalaciones suponen una seria amenaza. “La posibilidad de utilizarlo como almacén implica obras de remodelación, construcción de nuevas vías y creación de nuevos pozos, y eso eleva el impacto”. De salir adelante, la actividad, en lugar de tender a desaparecer, se consolidaría durante aún más años. “Implicaría una ocupación permanente, que no desaparezca jamás”, lamenta Juan José Carmona, de la oficina de WWF en Doñana.

La evaluación del proyecto de Petroleum Oil Gas-España se ha dividido en tres partes: zona Marismas Oriental (ver DIA), zona Saladillo (ver DIA), y Aznalcázar (ver DIA). Es precisamente esa fragmentación lo que los colectivos ecologistas califican como algo “absolutamente irregular”. “Debería haberse hecho en conjunto para poder evaluar el impacto global y no por separado para intentar minimizarlo”, señala Segura. Irregular o no, de aprobarse, el plan se pondrá en funcionamiento en un plazo de tres años.