Los abogados del turno de oficio de Aragón cobran la guardia a dos euros la hora. Esta situación se remonta a 2008, pero desde el pasado 16 de febrero, cuando se publicaron los Presupuestos de la Comunidad, se ha agravado, ya que el área de Justicia gratuita recibirá en 2016 un 40% menos de dinero que en años anteriores. La decisión ha escandalizado a las sociedades de abogados, que ven "indignificado" su servicio por parte del Gobierno aragonés. También porque la medida "va en detrimento de las personas que no pueden pagar un letrado particular" en caso de pleito, según dice Mercedes Octavio de Toledo, presidente de la asociación Abogados Jóvenes de Zaragoza.

En 2015, Aragón tuvo que incrementar en un millón el dinero destinado a esta área: en total, 5,7 millones de euros, frente a los 2,7 que ha aprobado para 2016

Y es que Aragón venía aplicando "unos de los baremos más bajos de España" en el pago de las guardias de este servicio, según dice Octavio de Toledo a Vozpópuli. Anuncia asimismo la convocatoria de "reuniones, concentraciones, parones y huelgas si es necesario" para revertir la decisión. En 2015, la partida presupuestaria para esta área de la Consejería de Presidencia fue de 4,7 millones de euros, frente a los 2,7 millones aprobados para 2016. A pesar de que el pasado ejercicio Aragón tuvo que incrementar en un millón el dinero destinado a dicho departamento por la demanda de solicitudes.

"Es la gota que colma el vaso", dice Octavio de Toledo. "La justicia gratuita se aplica a personas con ingresos inferiores a los 1.100 euros", explica, con lo que es previsible que crezca el número de ciudadanos que intente acogerse a este servicio y que la Comisión de Justicia les deniegue la petición ante la falta de dinero para afrontar los pagos a los abogados de oficio.

"Al decano del colegio de abogados le aseguraron que no habría ningún problema", dice la letrada, porque cuando los 2,7 millones se gasten, "se hará una modificación presupuestaria de otras partidas, algo legal", para hacer frente a ese gasto, según dicen a Vozpópuli desde el gabinete de prensa del Gobierno aragonés.

Qué dicen Podemos y el PSOE

Tras publicarse los presupuestos, Podemos, que facilitó la formación de Gobierno al PSOE en Aragón, llevó este asunto al Pleno de las Cortes de este viernes 19 de febrero. La diputada 'morada' Violeta Barba lanzó una diatriba contra el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, al que acusó de atacar un derecho constitucional como es el de litigar por las causas que uno cree justas. "Los profesionales realizan el trabajo porque se lo creen, pero eso no quiere decir que tengan que trabajar gratis o convertir el servicio en caridad", dijo Barba, además de denunciar el endurecimiento de los requisitos para admitir las solicitudes por parte de la propia comisión de Justicia gratuita.

Sucede que la presidenta de esta comisión es a su vez funcionaria de la Diputación General de Aragón y tiene voto de calidad a la hora de admitir o denegar las solicitudes que llegan al organismo, función que antes cumplía la Fiscalía según "un criterio humanista", en palabras de Barba: "a las personas con desarraigo social no les es exigible presentar toda la documentación" para iniciar los trámites, como en el caso de "un mendigo que vive en un cajero; bastaba con la palabra del abogado a la hora de entregar la documentación y se le cobraba la asistencia", algo que no se cumple a día de hoy, según denunció.

Cabe señalar que los documentos necesarios para solicitar un abogado de oficio en Aragón son:

  1. Fotocopia del DNI o del pasaporte o la tarjeta de residencia
  2. Declaración de utilidad pública (asociaciones) o inscripción registral (fundaciones)
  3. Declaración impositiva de la unidad familiar (IRPF y, en su caso, Patrimonio) o de la persona jurídica (impuesto sobre sociedades)
  4. Certificado de la Agencia Tributaria de no haber presentado declaración. (En el caso de que la unidad familiar no esté obligada a presentar declaración del IRPF).
  5. Certificación catastral (bienes inmuebles).
  6. Nota simple del Registro de la Propiedad (si se alegan cargas sobre el inmueble).
  7. Certificado de los centros de trabajo y de las altas y bajas de la Seguridad Social.
  8. Certificado de empresa que acredite los ingresos brutos anuales
  9. Certificado del INEM en el que conste la percepción de ayuda por desempleo y el periodo al que se extiende.
  10. Certificado de cobro de pensiones públicas.

Por su parte, Guillén dio en varias ocasiones su palabra de honor a las Cortes de que "ni un solo euro de menos se va a gastar en ese derecho", excusando la quita del 40% en que los presupuestos tienen "tintes morados"; es decir, que para contentar a Podemos y tener su apoyo parlamentario para su aprobación, aumentaron las partidas de Educación y Sanidad.

"El acceso a la Justicia es un derecho fundamental"

Octavio de Toledo reflexiona sobre el argumento de Guillén: "Habría que preguntarse si es correcto que a un maestro interino se le pague el sueldo de tres meses durante las vacaciones de verano y a la vez no se valore el trabajo de un abogado de oficio", dice.