Sanidad

El Supremo da la razón a las víctimas de las prótesis de cadera defectuosas de Johnson & Johnson

La farmacéutica deberá pagar más de medio millón de euros a la demandante, una de los 1.417 afectados por estas prótesis que hay en nuestro país, según datos de Sanidad 

Edificio de  la empresa de productos farmacéuticos y de higiene personal Johnson & Johnson
Edificio de la empresa de productos farmacéuticos y de higiene personal Johnson & Johnson EFE

El Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena contra la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson interpuesta por un tribunal de Marbella, que obliga a la multinacional a pagar más de medio millón de euros a una mujer que sufrió una amputación a raíz de implantarse una prótesis de cadera defectuosa fabricada por la compañía norteamericana.

El alto tribunal pone fin así a una batalla judicial que comenzó hace algo más de ocho años, y que ha dejado a Margaret, una enfermera británica que vive en la Costa del Sol, en silla de ruedas por implantarse una prótesis de cadera que resultó ser defectuosa. Y no es la única, por lo que desde su defensa esperan que abra la vía para el resto de afectados en España, que superan los 1.400. 

Según explica a Vozpópuli el representante de la demandante, el letrado Emilio Ortiz, la sentencia es un hito a nivel jurídico, no sólo porque reconoce que en efecto las prótesis eran defectuosas, sino porque sienta unas bases completamente nuevas sobre las pautas que debe seguir una compañía cuando recibe una reclamación porque uno de sus productos es defectuoso. "Han estado jugando con la salud de la gente", denuncia.

Más de 1.400 afectados en España 

Las prótesis en cuestión son las conocidas como ASR, fabricadas por DePuy, filial del gigante farmacéutico Johnson & Johnson. Entre los profesionales médicos eran conocida como el "Rolls Royce" de las prótesis de cadera, ya que aguantaba el doble que sus competidoras sin necesidad de cambiarla.

Sin embargo, una investigación de la Administración de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) averiguó que no sólo no era así, sino que no eran seguras de utilizar, ya que se soltaban y podían causar infecciones al poco de ser implantadas, por lo que optó por retirarlas del mercado. 

En nuestro país, las ASR no se retiraron hasta un año después de que la FDA las incluyese en su 'lista negra' por no considerarlos lo suficientemente seguros. La compañía farmacéutica simplemente dejó el mercado de EEUU y vendió más de 93.000 unidades por todo el mundo, incluida España.

La Audiencia Nacional está investigando 

En particular, estas prótesis se llegaron a distribuir en hasta 70 hospitales por todo el territorio. En total, en nuestro país hay 1.417 afectados, aunque se implantaron en más de 3.000 pacientes hasta 2010. La Audiencia Nacional, de hecho, puso en marcha una investigación el año pasado sobre estas prótesis, a raíz de una querella criminal presentada por 63 afectados españoles por estos dispositivos. 

El juez ya ha llamado a declarar a tres expresidentes y a un representante legal de Johnson & Johnson en España. Entre los otros investigados se encuentran, además, ingenieros que diseñaron las prótesis y otros altos cargos de la firma. Los querellantes, representados también por Emilio Ortiz, piden que se les juzgue por delitos de fraude en productos sanitarios y estafa agravada.

A los cinco años, se aflojan

De acuerdo con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el problema con este tipo de prótesis es que con el paso del tiempo puede comenzar a aflojarse. Esto provoca fricción ente sus partes, lo que a su vez causa que pasen a la sangre restos de la aleación de cromo-cobalto y la contaminen. Al contaminarse, los pacientes sufren terribles inflamaciones y hasta necrosis en la parte afectada.

Fue lo que le ocurrió a Margaret. Después de apenas dos años con ella implantada, comenzó a sufrir molestias y tuvo que extraérsela. Le destrozó el fémur de tal manera que se vio obligada a someterse a una amputación funcional. Denunció ante un juzgado de Marbella, que le dio la razón y obligó a la farmacéutica a indemnizarla, convirtiéndose en la primera persona en conseguir una sentencia condenatoria en Europa contra la multinacional.

No obstante, la compañía interpuso un recurso y después de ocho años de litigio, el Supremo ha dado la razón a la demandante: las prótesis son defectuosas y la compañía tendría que haber actuado antes. De esta manera, se confirma también la multa interpuesta a la farmacéutica, que se aleja mucho de los más de 120 millones que ha llegado a pagar -en total- por casos muy similares en Estados Unidos. 

La sentencia sienta jurisprudencia sobre las reclamaciones

Según explica Ortiz, la sentencia marca un antes y un después, ya que sienta jurisprudencia en torno al hecho de obligar a las empresas a comunicar "por iniciativa propia y de forma diligente la identidad del fabricante ante una reclamación de un consumidor".

De esta manera, la multinacional usaba su filial "para generar confusión" en el proceso y como argumento durante sus recursos. Cuando recibió la reclamación de la afectada, "se limitó a identificar tardíamente" a uno de los fabricantes de la prótesis sin aportar prueba alguna.  De acuerdo con la sentencia, esta técnica era una forma de "confundir" y "forzar al demandante" a iniciar un procedimiento contra su filial sin tener garantía alguna de que De Puy era el responsable legal de la prótesis.

Es por ello que, según explica el letrado, la decisión del Tribunal Supremo afecta favorablemente "a cualquier persona que haya resultado perjudicada por un producto defectuoso, y no únicamente a personas implantadas por prótesis defectuosas", ya que obliga a las empresas a comunicar de manera clara y precisa quién es el fabricante de sus productos en caso de reclamación, sin tener la posibilidad de utilizar este aspecto como argumento en un litigio judicial. 

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