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Más de 1.000 ancianos han fallecido en residencias madrileñas en plena crisis del Covid-19

La patronal del sector habla de "gravísima negligencia institucional"; asegura que los hospitales ya no admiten a mayores contagiados. El coronavirus, según los sindicatos, ha evidenciado problemas que vienen de lejos

Defensa ha desplegado al Ejército en residencias de ancianos por la incidencia del coronavirus.
Defensa ha desplegado al Ejército en residencias de ancianos por la incidencia del coronavirus. ET

Los hospitales ya no ingresan a los mayores infectados por coronavirus. Es una realidad terrible, pero cierta desde hace días cuando los médicos comenzaron a priorizar a los enfermos. Solo en Madrid, han fallecido más de 1.000 mayores que viven en residencias. La patronal del sector y los trabajadores siguen quejándose de que están a pelo: sin equipos de protección y sin personal para atenderles. Problemas que vienen de lejos y el Covid-19 no ha hecho más que visibilizar, afirman los sindicatos.

No todos estos fallecimientos se pueden atribuir de manera exclusiva al coronavirus, debido a la enorme escasez de test de detención de Covid-19 que hay en nuestro país. No obstante, en el sector aseguran que la epidemia ha tenido un terrible impacto entre esta población, especialmente vulnerable al virus. En marzo del año pasado fallecieron un total de 460 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid. Este año, según los últimos datos disponibles, han muerto 1.101 mayores. Esto implica que el número de defunciones en comparación con 2019 se ha duplicado. 

Por el momento, se tiene constancia de que 655 ancianos han dado positivo por coronavirus en lo que llevamos de marzo, 388 están hospitalizados, y 14.894 en aislamiento, de los cuales 4.156 presentan algún síntoma y 10.738 son actualmente asintomáticos. 

En la Comunidad de Madrid, con cerca de 500 centros residenciales (entre gestión autonómica y municipal pública; públicos de gestión privada y privados) hay 1.101 mayores fallecidos. Un total de 102 en centros de la AMAS (Agencia Madrileña de Atención Social); 66 en residencias de titularidad pública y gestión privada; 632 en las residencias privadas con plazas concertadas y 301 en las privadas sin financiación pública, con datos de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias.

"Son datos escalofriantes. Terrible. Nos temíamos lo peor, pero la realidad lo supera", señalan las familias de los afectados de Madrid

"En realidad, ya no hay palabras", dice desde Madrid Miguel Vázquez, presidente de la citada Asociación donde la cifra cayó como un mazazo. "Son datos escalofriantes. Terrible. Nos temíamos lo peor, pero la realidad lo supera. Y lo más duro es que lo peor está por llegar", señala en alusión al temido pico de la pandemia en nuestro país.

Descoordinación entre Sanidad y comunidades

Vázquez denuncia la descoordinación que se ha vivido en estos días entre el Gobierno y las comunidades autonómas y la desinformación a las familias. "Desde el momento en el que el Ministerio de Sanidad empezó a emitir órdenes para que se clasificara a los residentes residente según el grado de contagio, eso no se ha debido hacer en ninguna residencia. Tenía que haberse hecho a las 12 de la noche del domingo 22", afirma.

"Es totalmente injusto el trato que se ha dado a los mayores y a los trabajadores", denuncia por su parte Jesús Cubero, Secretario General de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE). "Hemos sufrido el abandono por parte del del Gobierno y de las comunidades", sentencia.

Cubero se queja de que no han recibido los equipos de protección "que nos prometió el Gobierno hace un par de semanas; estamos sin recibir los kits de pruebas, que nos hubiera permitido gestionar mejor a los residentes contaminados y también hemos vivido la saturación por la recogida de cadáveres", denuncia el representante de la patronal. "Venimos reclamándolo desde hace dos semanas y los mayores siguen sin recibir esa ayuda necesaria", añade.

Avisaron a las autoridades

Desde hace semanas, prosigue el directivo de la patronal, bastante antes de que se decretara el estado de alarma, "algunas residencias nos habíamos anticipado y habíamos tomado medidas preventivas (como la restricción de visitas y cierre de centros de día, y contando en la mayoría de los casos con la oposición frontal de las autoridades competentes) para evitar la propagación del coronavirus entre los residentes y personal de los centros".

Cubero habla de "descuido" y de "gravísima negligencia institucional". Gracias a la Unidad Militar de Emergencia (UME), la Guardia Civil y Policía al menos han conseguido desinfectar los espacios habitables y recibir "el poco material de protección de que ellos disponen".

Los hospitales no ingresan a los mayores

El problema en estos días, admite Cubero, es que ya son muchos los hospitales que no admiten la derivación de los residentes. "Se les llama y dicen que no pueden atenderlos, entendemos que por aquello de priorizar pacientes", indica el secretario general de AESTE. "Tienen el mismo derecho a ser tratados y curados que el resto de la población.

En España hay 366.000 plazas residenciales, más del doble de las camas del sector hospitalario en su conjunto, detallan desde la patronal

Y prosigue con dureza: "Si algún político piensa que no tienen el mismo derecho a la vida que los demás ciudadanos, que sea valiente, dé el primer paso y que lo diga claramente, pero están pecando de cobardía".

Según los datos de la patronal, la población de los centros residenciales tiene una edad media de 80 años, y en más del 50% de los casos tienen varias patologías asociadas y están polimedicados. En España hay 366.000 plazas residenciales, más del doble de las camas del sector hospitalario en su conjunto. Del total, el 73% son de gestión privada. El sector agrupa a más de 300.000 trabajadores entre residencias, teleasistencia y ayuda a domicilio.

Problemas que vienen de lejos

Hasta el inicio de la pandemia, la mayoría de los centros estaban dotados del material sanitario justo, explica Alfonso Valero, responsable de Dependencia de CCOO en la Comunidad Valenciana. Pero el coronavirus ha puesto en evidencia una crudísima realidad: los escasos recursos de los que disponen muchas residencias de mayores, tanto públicas de gestión privada como privadas.

"Llevamos dos años diciendo que es un sector de paso. Siempre hay problemas de personal y las ratios de personal son muy bajos. La gente busca la estabilidad y se va al sector sanitario. Ahora mismo es imposible encontrar una enfermera o una auxiliar para trabajar en Dependencia", afirma.

En Valencia, varias familias han optado por prescindir de la ayuda a domicilio ante la falta de equipos de protección de los trabajadores

La situación ahora es crítica, añade Valero. Tanto en las residencias de mayores como en el Servicio de Ayuda a Domicilio. Como ha ocurrido en otras comunidades, varias familias han optado por prescindir de esa ayuda ante la falta de equipos de protección de los trabajadores por no poner en riesgo a sus mayores.  El problema, cómo no, la falta de material sanitario.

Mascarillas de fabricación casera

“Falta material todos los sitios. Ayer empezaron a repartir algo en las residencias, públicas y privadas. Sobre todo en las últimas. No hay guantes y las mascarillas son de fabricación casera. Se están haciendo los equipos con bolsas de basura”, explica Valero en una comunidad donde se han registrado importantes brotes en residencias de Torrent (Valencia) y Alcoy (Alicante). 

La cifra de fallecidos por coronavirus en las residencias de la Comunidad Valenciana asciende a 46, según el último dato facilitado por Sanidad, 28 de ellos de la residencia de Alcoy. 

En cualquier caso, Alfonso Valero admite que la Consejería de Sanidad está desbordada. En la Comunidad hay unas 380 residencias de mayores. Diez son de gestión directa por parte del Gobierno valenciano. El resto, en torno a 35 son públicas de gestión privada y las restantes, privadas.

"Se está empezando a notar el aislamiento de los profesionales. Se están quedando a cuadros. Hay un diez/quince por ciento de trabajadores aislados por prevención", concluye.

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