Novartis quiere frenar por la vía judicial que el Gobierno publique datos sobre la financiación de uno de sus medicamentos

La compañía farmacéutica internacional Novartis está intentando frenar a través de un recurso interpuesto ante los tribunales que la asociación No es Sano disponga de información sobre el proceso de financiación de su medicamento Kymriah, una de las conocidas como inmunoterapias celulares (CAR-T) contra la leucemia. 

A finales del año pasado, el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social anunció la aprobación de Kymriah, un procedimiento terapéutico para tratar la leucemia linfoblástica aguda (LLA), un tipo de cáncer de la médula ósea y de la sangre que afecta sobre todo a niños y jóvenes menores de 25 años. Kymriah forma parte de las conocidas como inmunoterapias celulares o CAR-T, que se aprovechan de las células del propio paciente para reconocer al tumor y atacarlo. Era la primera terapia de ese tipo aprobada en España. 

Poco después de su aprobación, No es Sano realizó una petición al Ministerio de Sanidad para conocer el precio y los criterios -tanto terapéuticos como económicos- que justificaban la aprobación de dicha terapia. Según aseguran desde la asociación, en enero de 2019 recibieron la respuesta del Gobierno, donde incluían el precio de financiación del tratamiento. Alcanza la friolera de 320.000 euros. 

No obstante, desde la organización denuncian que a la hora de desglosar los criterios, el Gobierno ofreció una "información genérica e incompleta que no respondía a nuestra solicitud". Según explican, es por ello que optaron por acudir al Consejo General de la Transparencia, organismo independiente encargado de velar por la transparencia de la actividad pública. Dicho organismo falló en favor de No Es Sano e instó al Ejecutivo a facilitar esta información.

Novartis recurre 

Una vez se dio a conocer este fallo, la farmacéutica Novartis -que todavía no ha confirmado esta información a Vozpópuli- decidió llevar el caso ante la Justicia para "paralizar el proceso e intentar evitar por vía judicial que No es Sano, y por tanto la ciudadanía, tenga acceso a esta información", según afirma la asociación. 

La empresa habría interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Consejo de Transparencia y la campaña estará en el proceso representada por dos de sus organizaciones: Salud por Derecho y OCU.

"La resolución del Consejo de la Transparencia considera que esta información debe estar disponible porque es de interés público, que es algo que llevamos años defendiendo desde Salud por Derecho y desde la campaña No es Sano; y que respaldan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, con este movimiento, Novartis intenta hacer prevalecer sus supuestos intereses comerciales por encima de los de la ciudadanía y, por eso, nos personamos en este proceso”, ha apuntado Vanessa López, directora de Salud por Derecho.

Por su parte, la directora de comunicación y relaciones institucionales de OCU, Ileana Izverniceanu, asegura que “es fundamental conocer en base a qué datos el Ministerio establece el precio de financiación de las nuevas terapias innovadoras, sobre todo cuando se conocen estimaciones de que su coste de desarrollo es significativamente inferior”.

Según Izverniceanu, “estos medicamentos se financian vía impuestos y cada euro de más que pagamos a los laboratorios farmacéuticos es un euro de menos que deja de invertirse en otras necesidades del sistema nacional de salud. Y Kymriah es solo el primero de una amplia lista de agentes similares que están por llegar”.