La detención de un trabajador de una residencia de mayores en Alcanar (Tarragona) por presuntamente haber agredido sexualmente a dos ancianas del centro ha causado una enorme indignación en el sector. El terrible suceso ha vuelto a poner sobre la mesa una reclamación que la patronal de las residencias lleva tiempo planteando: que, al igual que sucede con quien trabaja con menores, exista un registro nacional de personas con antecedentes por abusos para trabajar en los centros sociosanitarios. "Es una población igualmente vulnerable", indican desde la patronal.

"Es una reclamación que llevamos tiempo planteando y, particularmente, una cabezonería mía", indica a Vozpópuli Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE). Según informa Efe, los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo a un trabajador de 54 años de la residencia de ancianos L'Onada, de Alcanar, que el lunes quedó en libertad con cargos, por presuntas agresiones sexuales a dos mujeres residentes del centro.

El juzgado de Instrucción número 4 de Amposta (Tarragona) ha decretado medidas cautelares que impiden al investigado comunicarse con las víctimas, acercarse a ellas y a la residencia. El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha abierto un expediente a la empresa gestora del centro y ejercerá la acusación contra el detenido.

Certificado negativo de delitos sexuales

"Pedimos el máximo rigor en la aplicación de las penas contra estos indeseables", señalan desde AESTE. Cubero recuerda que, desde marzo de 2016, todas las personas que ejercen o quieren ejercer una profesión o actividad que implique el contacto con menores se les exige un certificado negativo de delitos sexuales, es decir que permita acreditar la carencia o existencia de delitos de naturaleza sexual en el expediente de ese trabajador.

"Aquí hay que hacer lo mismo", asevera el secretario general de AESTE. La patronal solicita un registro nacional de trabajadores que, por sus antecedentes, no puedan acceder a trabajar con personas
dependientes, tal y como ya se aplica en el ámbito de la infancia. "Los niños y los mayores merecen el mismo trato y las mismas medidas preventivas", insisten desde la patronal que representa al 20% de las plazas residenciales privadas, y el 15% del conjunto total en España.

No se trata de elaborar "listas negras". La idea es hacer un registro con todas las garantías y que las empresas podamos tener acceso a esa información que nos diga si ese trabajador es apto", dicen desde la patronal

Jesús Cubero indica que no se trata de elaborar "listas negras" de trabajadores. La idea, abunda, es hacer un "registro con todas las garantías y que las empresas podamos tener acceso a esa información a través de algún tipo de organismo oficial que nos diga si ese trabajador es apto". Porque, señala, en ese sentido "a veces estamos vendidas" y cita ejemplos de situaciones que pueden darse con los trabajadores y que, en ocasiones, no tienen consecuencias.

"Hay veces que nos encontramos con que tenemos que despedir a una persona porque ha tenido un comportamiento raro -robos, actitudes no adecuadas a nivel de violencia física o maltrato psicológico, abusos...menciona- y ha habido una denuncia interna y, sin embargo, a nivel de tribunales, o no se le ha condenado o luego esa demanda no se ha seguido hacia delante. La idea es que eso se pudiera notificar a algún tipo de registro oficial donde figuren las personas no aptas para trabajar en el sector", abunda Jesús Cubero, notoriamente dolido e indignado por lo sucedido en la residencia de Tarragona.

Asistencia en domicilio

A Cubero preocupa, también, que este tipo de situaciones puedan darse con trabajadores de ayuda a domicilio: "Si esto sucede en una residencia (señala en alusión a Tarragona) donde hay más gente, imagínate lo que puede suceder si mandas un trabajador a casa de alguien y está solo con esa persona". E insiste: "tú contratas a alguien, que puede tener muy buena pinta, pero no sabes a quién estás metiendo para trabajar con una persona mayor".

La patronal de las residencias ha trasladado esta inquietud tanto a los representantes de los sindicatos como al Gobierno. De hecho, Jesús Cubero afirma que las primeras conversaciones sobre la posible creación de ese registro nacional se plantearon hace un año, pero que la pandemia obligó a postergar un asunto que considera de vital importancia.

Ayer mismo, tras conocerse lo sucedido en la residencia tarraconense, volvió a recordárselo al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. De hecho, recuerda, el próximo jueves 24 se firma el pacto de diálogo social tras el acuerdo alcanzado entre los sindicatos UGT, CCOO, el vicepresidente Pablo Iglesias y las empresas del sector y este será uno de los temas sobre los que llamará la atención.

Ritmo de vacunación

Por otro lado, y respecto a la vacunación en residencias, Jesús Cubero explica a este periódico que la idea es que, a finales de este mismo mes de febrero, esté completada la campaña en la gran mayoría de los centros. Actualmente, hay 381.000 plazas residenciales en España. "Esta semana llegaremos al 80% y la semana que viene, salvo algún caso puntual, todos los centros estarán vacunados", detalla.

Además, se ha inmunizado a 240.000 trabajadores y, en breve, se empieza también con la vacunación de centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia, recuerda el secretario general de la patronal que agrupa a los grandes operadores privados de servicios residenciales. AESTE tiene un volumen de 400 residencias y 55.000 plazas, 210 centros de día y 11.000 plazas, 40.000 usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio y 100.000 usuarios del servicio de teleasistencia.