La tercera ola de covid empieza a mitigarse en la mayor parte de España, pero sus efectos se han dejado notar en ámbitos como las prisiones, donde, por cierto, no se ha vacunado todavía a todo el personal sanitario. Los contagios entre los internos de las prisiones españolas en esta tercera arremetida de la pandemia superan ya a las dos anteriores juntas.

Hasta el 14 de diciembre, el Ministerio del Interior señalaba en un informe que la cifra de contagios en las cárceles era de 783 –solo entre internos-. Sin embargo, la última cifra dada por el ministerio –el 18 de febrero- data en 1.768 el número de internos contagiados en las prisiones del país.

Esto supone un total de 985 contagios solo en la tercera ola, mientras que en la segunda y la primera fueron 783. La tercera ola, en definitiva, ha provocado el 55% de casos de coronavirus en los internos de instituciones penitenciarias.

Los contagios covid entre los trabajadores de prisión no se quedan atrás. Interior cifra en 1.658 los casos de coronavirus entre el personal que ejerce en estos centros. Además, seis trabajadores de prisiones han fallecido por coronavirus desde que estalló la pandemia, mientras que entre los residentes hay que lamentar cinco fallecimientos.

En estos momentos hay todavía 790 casos de coronavirus activos en las prisiones de España. De ellos, 217 son trabajadores y 573 internos. Vozpópuli ha preguntado al Ministerio del Interior sobre la posibilidad de acelerar la vacunación en los centros penitenciarios, a lo que ha respondido que seguirán las instrucciones de Sanidad.

Sanitarios sin vacunas

Desde el Sindicato Médico CESM denuncian la lentitud con la que se ha procedido a vacunar a los sanitarios de los centros penitenciarios. Es más, todavía no se ha empezado a vacunar a los sanitarios de tres prisiones gallegas: Monterroso, en Lugo, A Lama, en Pontevedra, y Teixeiro, en La Coruña.

“Esto demuestra que las competencias de Prisiones deberían transferirse a las comunidades autónomas, pues dependemos de ellas para todo. Ahora son las que nos están vacunando. La sanidad penitenciaria es una sanidad paralela y tipo gueto. Hay escasez de profesionales por las condiciones laborales”, asevera Pedro Martínez, responsable de CESM Prisiones.

Medidas de urgencia por la 3ª ola

El 2 de febrero, dada la alta contagiosidad de la tercera ola en el ámbito penitenciario, el Ministerio del Interior tomó una serie de medidas de urgencia:

  • Suspensión de comunicaciones orales y especiales.
  • Propuesta de aplazamiento/suspensión de los permisos de salida participando la propuesta al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en los términos previstos en el artículo 157 del vigente R.P.
  • Suspensión de la entrada del personal de entidades colaboradoras/ONG para la realización de actividades culturales, deportivas, ocupacionales y programas formativos específicos.
  • Suspensión de la entrada de profesionales externos.
  • Restricción de la entrada de los monitores de empresas externas al mínimo indispensable.
  • Suspensión de las salidas programadas y de las salidas regulares al exterior para internos de segundo grado (art. 117 del R.P.).
  • Suspensión de la entrada de profesionales para la actividad docente de enseñanza reglada no universitaria, acordando dicha medida con la administración educativa de cada Comunidad Autónoma, así como con la UNED.

Estas medidas debían revisarse en 15 días. A día de hoy, según el Sindicato CESM, varias de estas medidas se han relajado en la mayor parte de los territorios dado el avance a la baja de los casos covid.

Una primera ola leve

Al contrario que en el resto del país, la primera ola pasó con menos virulencia por las prisiones españolas que en el resto del país. Así, según los datos de Interior, entre el 14 de marzo y el 21 de junio, se produjeron 278 positivos entre el personal y solo 85 entre los internos. No obstante, en este período se produjo el mayor número de fallecimientos a causa del coronavirus, con cuatro muertes entre el personal y dos en el grupo de presos.

Por otra parte, se han producido 2.627 altas médicas entre la población reclusa y el personal de instituciones penitenciarias.