España se ha convertido en muy poco tiempo en una potencia europea en lo que se refiere a los tratamientos de reproducción asistida, un negocio que mueve más de 600 millones de euros al año. No obstante, el futuro del sector peligra al encontrarse en el foco de un debate ético y científico. Recientemente, el Comité de Bioética, un órgano consultivo dependiente del Ministerio de Sanidad, ha emitido un informe en el que solicita una reforma legal que elimine el anonimato de las donaciones de semen y óvulos.

El comité responde así a varias recomendaciones del Consejo de Europa, que insta a los países de la Unión Europea a eliminar la supresión del anonimato de los donantes. El argumento principal detrás de la decisión del Comité de Bioética se centra en el derecho de los recién nacidos a conocer a su origen biológico. "Solo puede corresponderle al hijo nacido por estas técnicas el decidir si quiere o no conocer y en qué medida", apuntan en el informe.

El debate queda de esta manera oficialmente abierto. Una discusión que lleva años analizándose en varios países de Europa, con Portugal optando por acabar con el anonimato de los gametos en 2015. El problema, no obstante, es que de convertirse en una realidad en España puede producir un frenazo en el número de donaciones, poniendo en peligro al sector de las clínicas de reproducción asistida.

Así lo manifiesta en una entrevista con Vozpópuli Manuel Muñoz, director de IVI Alicante. "Lo único que van a conseguir es que disminuya de manera dramática la cantidad de chicos y chicas que estén dispuestos a donar gametos", apunta.

Frenazo en las donaciones 

De acuerdo con los datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), un tercio de los tratamientos de reproducción asistida que se hacen en España es a través de este tipo de donaciones. No obstante, para poder entender la polémica, es importante tener en cuenta que en los tratamientos de reproducción asistida, el uso de gametos -esperma o óvulos- donados suele ser el último recurso para las parejas que primero intentan obtener resultados utilizando su propio material reproductivo.

Según apunta Muñoz, en aquellos países europeos -como Reino Unido, Portugal o Alemania- donde se eliminó el anonimato de los donantes, las donaciones han caído una media de un 10%. En Reino Unido, cuando se produjo el cambio legislativo en 2005, esto supuso una caída en los tratamientos de hasta un 23%. "Esto provocó que infinidad de parejas comenzaron a viajar a países donde sí se ha mantenido el anonimato, como es el caso de España", señala Muñoz.

Al haber menos gametos, puede llegar a generarse una importante desigualdad, ya que sólo aquellas parejas que tengan el poder adquisitivo necesario para viajar podrán acceder a estos tratamientos

En este sentido, no se equivoca. La flexibilidad normativa de España ha convertido a nuestro país en una potencia en lo que se conoce como "turismo de fertilidad", con cientos de parejas europeas viajando cada año a nuestro país para someterse a este tipo de tratamientos. De acuerdo con los datos de la SEF, durante 2017 -el último año del que se tienen datos- el 20% de estos procedimientos realizados en España fueron a pacientes de otros países.

Fin al turismo de fertilidad en España 

Un sector en el que el líder absoluto es IVI (Insituto Valenciano de Infertilidad), encabezando un sector que factura unos 615 millones de euros, con tasas de crecimiento anuales que rondan el 30%. Una industria que ha logrado sacar tajada de los cambios de regulación en el resto de Europa y que teme quedarse sin negocio. "El marco legislativo español es el que hace que muchas parejas de otros países vengan a España a someterse a tratamientos de reproducción. Si se cambia esto, esta situación puede dar un vuelco", advierte Muñoz.

En ese sentido, cree que acabar con el anonimato no sólo producirá un frenazo en la demanda de pacientes extranjeros, sino que obligará a los nacionales a viajar al extranjero para poder someterse a estos tratamientos, justo lo contrario de lo que ocurre ahora.

"Al haber menos gametos, puede llegar a generarse una importante desigualdad, ya que sólo aquellas parejas que tengan el poder adquisitivo necesario para viajar fuera en España podrán acceder a estos tratamientos", señala.

Por otro lado, igual que sugiere la SEF en un documento donde se posiciona en contra del informe emitido por el Comité de Bioética, Muñoz cree que la medida también puede tener un impacto negativo en la demografía española. Se estima que puede producir una caída de un 4% en el número de nacimientos al año.

"No es una necesidad social"

En ese sentido, la industria cree que no existe ningún tipo de "necesidad social" que justifique la decisión del comité. Portugal, el último país en modificar la legislación, se encontraba en unas circunstancias "totalmente diferentes" a España.

La principal diferencia es que, por aquel entonces, la ley portuguesa no contemplaba la posibilidad de contactar con un donante si un recién nacido mostraba algún tipo de problema genético. "Se plantearon hacer este cambio legislativo tratando de favorecer al recién nacido, pero es que en España la ley ya contempla la posibilidad de quebrar el anonimato a través de un proceso judicial", señala.

Por otra parte, lo que propone el Comité de Bioética es que por obligación los Estados tengan que comunicar a los recién nacidos cuando lleguen a los 16 años que han sido conseguidos por técnicas de reproducción asistida. Según explica Muñoz, citando datos de la SEF, en los países donde se da a elegir a las familias si quieren seguir con el modelo de anonimato o quebrarlo, sólo el 5% se acogen al modelo de no anonimato.

Si bien la recomendación del Comité de Bioética no es vinculante, lo cierto es que ha generado una brecha en el sector que en su mayoría defiende a capa y espada la base de su negocio. No obstante, lo cierto es que a nivel internacional la tendencia es poner por encima los derechos de los recién nacidos a poder conocer sus orígenes biológicos.

Desde la SEF sugieren que una de las soluciones posibles es informar a los menores sobre cómo fueron concebidos, sin tener que exponer a los donantes. Desde el Comité insisten en proteger los derechos de los menores más allá de las necesidades reproductivas de las parejas y por supuesto, de las del sector privado que se nutre de las mismas.

"En definitiva, la propuesta que aquí recogemos no solo debiera suponer un cambio legal, sino, sobre todo, un verdadero cambio de cultura en el ámbito de la reproducción humana asistida y de las relaciones entre los padres, los hijos nacidos de las técnicas de reproducción humana asistida y los progenitores", concluyen. El debate, por el momento, sigue sin vistas a cerrarse.