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Sanitatem

Preocupación extrema en las prisiones españolas por el avance del Covid-19

Los médicos y las enfermeras se quejan de falta de material de protección y, sobre todo, de falta de personal para atender a una población de 50.800 reclusos. 

CESM y SATSE en rueda de prensa

Los sanitarios de prisiones advierten que la situación puede ser “muy dura” si se extiende la enfermedad del Covid-19 dentro de los centros penitenciarios. No hay médicos ni enfermeras suficientes y si se extiende el contagio en los centros, la situación puede ser caótica. Piden que se apliquen las mismas medidas que al resto de la población para evitar contagios en zonas comunes, como talleres o comedores. Y que se restrinjan las visitas del exterior.

El pasado jueves el Ministerio del Interior anunció que aplicaría medidas de restricción de movimientos a sus 69 centros penitenciarios y 11 Centros de Inserción Social (CIS), en las que trabajan 23.000 funcionarios y hay una población reclusa de 50.800 presos (70.000, si se cuentan los que van rotando). Una medida que no afecta a los centros de Cataluña.

Primeros contagios

El coronavirus no les resulta ajeno. De hecho, ya se han dado los primeros casos de infecciones entre la población reclusa. Hasta ahora había dos casos de infección en los centros penitenciarios: un interno de la prisión alavesa de Zaballa y una trabajadora de la cárcel de Aranjuez (Madrid), que además trabajaba con niños que conviven con sus madres presas.

Hasta ahora había dos casos de infección en los centros penitenciarios: un interno de la prisión alavesa de Zaballa y una trabajadora de la cárcel de Aranjuez (Madrid),

La situación es variada dentro de cada centro, pero, según Pedro Antonio Martínez Sánchez, médico del Centro Penitenciario de Ocaña II (Toledo) y representante de prisiones en CESM, parten de una situación de desventaja: tienen la mitad de médicos de los que necesitarían y los problemas pueden agravarse si la infección se extiende por los centros penitenciarios.

Lo mismo sucede con los profesionales de enfermería. Son muchos menos de los que se necesitan para atender a la población reclusa. Se quejan, también, de que como sucede en muchos centros hospitalarios de toda España les falta material de protección.

Una situación extrema

Hace apenas unas semanas la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Enfermería SATSE denunciaban los graves problemas” de la sanidad penitenciaria en España. Una situación que viene de lejos por el retraso de 17 años en la transferencia de las competencias a las Comunidades Autónomas.

En España, unos 220 médicos y 500 enfermeras atienden a los reclusos de las prisiones. El 90 por ciento de los facultativos tiene más de 50 años y el 30 por ciento podría jubilarse ya. Quedan por cubrir otras 220 plazas.

Sin recursos 

“Si llegan los contagios a prisión, vamos a estar muy limitados de recursos. Ahora mismo hay centros donde, como en Soto del Real (Madrid), existían casos sospechosos y ni siquiera había mascarillas”, señala Martín Sánchez. Para el facultativo, las medidas que se están tomando no son suficientes: “Hay una población fija, los internos, pero también otra que entra y sale, entre la que estamos los profesionales sanitarios”.

Desde CSIF también han pedido que se blinden las prisiones. Exigen que se endurezca el régimen de acceso a los centros en toda España

En ese sentido, el representante de CESM pide que las medidas dentro de las prisiones sean las mismas que para el resto de población. La alarma será mayor, denuncia, si comienza una cadena de contagios. “Aunque obviamente alteraría la vida de los centros, deberían adoptarse las mismas recomendaciones que para la población no reclusa (aislamiento, por ejemlo). En las prisiones hay muchas actividades comunes: como los talleres, los comedores...”, precisa.

Desde CSIF también han pedido que se blinden las prisiones. Exigen que se endurezca el régimen de acceso a los centros en toda España, ya que consideran que las medidas adoptadas hasta ahora en comunidades como Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana o Castilla-León son insuficientes.

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