Psiconomía

Gustavo de Arístegui, la excepción corrupta

Todos los días debieran ser días de campaña electoral. Aparentemente, sólo así se consigue que los políticos que incurren en irregularidades o hacen negocio desde lo público paguen un mínimo precio por ello. Ésa es la conclusión que queda tras el penúltimo escándalo que ha sacudido al Partido Popular y a su embajador-consultor, Gustavo de Arístegui, así como a su candidato-emprendedor, Pedro Gómez de la Serna, todavía número dos del PP por Segovia. Ambos han cobrado hasta 2,4 millones de euros y tienen pendientes de ingreso otros 2,6 millones por conseguir obra pública en el extranjero a empresas privadas españolas, es decir, por actuar como comisionistas desde sus cargos públicos.

Todos los días debieran ser días de campaña electoral. Aparentemente, sólo así se consigue que los políticos que incurren en irregularidades o hacen negocio desde lo público paguen un mínimo precio por ello

Todos los días debieran ser días de campaña electoral porque Gustavo de Arístegui se ha visto forzado a dimitir con el argumento de que lo hace “para no perjudicar al Gobierno” ante lo que describe como una “campaña de destrucción”. Y todos los días debieran ser días de mitin porque el que debiera ser comportamiento ordinario de quienes abusan de su cargo es, en realidad, una excepción, provocada sólo por el temor a perder votos tan cerca de las urnas, tras un largo rosario de escándalos similares que han salpicado al Partido Popular y por los que nunca nadie más ha pagado ningún precio.

Pese a que el Código Ético del PP dicta en su artículo 6 “el compromiso de separar claramente en su actuación lo público de lo privado y de distinguir decididamente las actividades públicas de las privadas y las de partido”, su líder, Mariano Rajoy, lo ha ignorado siempre y lo contradijo abiertamente tras publicarse el escándalo con el argumento de que los negocios privados desde el escaño eran algo “absolutamente normal”. Rajoy parecía recordar todos los años en los que no estaba en campaña y todos los nombres a los que ha permitido las irregularidades que constituyen la norma:

  • Vicente Martínez Pujalte: Cobró en 2010 por realizar informes para la Cámara de Comercio de Badajoz a través de la sociedad Sirga XXI Consultores para, cuatro años después, participar como ponente en la ley que regulaba a esas entidades. Además, cobró siendo diputado por “asesorar verbalmente” a la constructora del Grupo Collosa –dedicada a la obra civil—a la que facturó 75.000 euros en un año por, según sus responsables, “tomar cafés”. Ninguno de esos dos escándalos forzaron su salida del escaño.
  • Federico Trillo:También recibió 354.560 euros a través de su sociedad Estudio Jurídico Labor a lo largo de 3 años, siendo todavía diputado. El Grupo Collosa, responsable de esos pagos desde 2006, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto pago de 110 millones de euros en comisiones para lograr la instalación de parques eólicos en Castilla y León. El PP nunca reclamó su baja ni criticó su comportamiento.
  • Agustín Conde: Asesoró a la filial del Banco Santander, Altamira Real Estate, como abogado mientras mantenía su escaño. Conde era, además, propietario y administrador de la empresa Ecowitt que no fue incluida en su declaración de bienes ante el Congreso y por la que ingresó fondos también sin declarar. El PP no sólo no le reprochó su comportamiento sino que denunció la existencia de una “cacería de dossiers” y autorizó de forma retroactiva esas actividades.

Rajoy considera “normales” esos negocios, porque no sólo son comunes en su partido sino que lo han sido también en su Gobierno:

  • El Ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha tenido intereses comerciales en la compra-venta de armas. Instalaza, la empresa para la que trabajó ha firmado 32 contratos con el gabinete del que forma parte hasta 2014: 7 en 2012; 13, en 2013; 12, en 2014; además de otros 23 contratos que –según revelaron las respuestas parlamentarias al diputado Jon Iñarritu—no fueron incluidas en las cuentas del Ministerio. Rajoy nunca le ha desautorizado.
  • Su ex ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha mantenido durante sus años en el poder sus participaciones accionariales en el sector petrolífero en las empresas Petrolífera Dúcar y Petrologis Canarias (de las que poseía un 2,5%). El Ministro ha legislado en materias que pueden afectar a sus intereses comerciales y sólo ha renunciado a esas participaciones cuando le ha forzado el Parlamento Europeo. El Ejecutivo nunca le reclamó esa venta.

En cuanto termine la campaña electoral, terminarán también las dimisiones y la ejemplaridad

La lista de conflictos de intereses es tan común que parece, más bien, una forma de entender la política como engrasadora de sus negocios privados. Lo que Rajoy define como “normal” lo es para él y quizá para su partido pero no debiera serlo para nadie más. Quienes se dedican a servir desde las instituciones no debieran servirse de ellas. Esa afirmación, aparentemente aplastante es, en realidad, la “excepción corrupta” que sólo sostiene, hasta el momento, Gustavo de Arístegui y que sólo se sostiene en campaña.

Por eso, todos los días debieran ser de campaña electoral. Porque el temor de algunos es que en cuanto la campaña se apague las dimisiones y la ejemplaridad se apagarán también. Y porque, desgraciadamente, algunos otros están deseando ya que la campaña se cierre para poder volver a sus negocios… sin miedo a la dimisión.


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