OPINIÓN

Entre ‘los ladrones somos gente honrada’ y la Justicia de aluvión

La operación que ha desmontado la cueva de ladrones organizada alrededor del Canal de Isabel II es una magnífica noticia solo empañada en parte por el exhibicionismo de algunos miembros de la Judicatura.

Jordi Pujol Ferrusola.
Jordi Pujol Ferrusola. EFE

Dicen que ha dicho Jordi Pujol que la culpa de lo que le pasa a su familia la tiene España. No consigo comprobar la veracidad de la afirmación, pero, si no lo ha dicho, seguro que a diario lo piensa. Así que le podemos adjudicar la frase sin temor alguno a equivocarnos ni a recibir un burofax del interesado, sobre todo porque lo que a continuación habría que reconocer es que Pujol tiene razón. España es la culpable de lo que le pasa a su familia. Son las instituciones del Estado español las que han puesto al descubierto sus vergüenzas y probables delitos. Son la Policía y la Guardia Civil, y los fiscales y jueces españoles los que han hurgado en los desvanes de la corrupción pujolista hasta descubrir el botín.

El ‘hereu’ y el delfín

Sin España, no hubiéramos nunca conocido el tinglado fraudulento que tenía montado esta familia ejemplar y que empezó a fraguar aquel 30 de mayo de 1984 en el que Jordi Pujol, tras ser elegido por el Parlament presidente de la Generalitat, acusó de indignidad al gobierno de Felipe González (a cuenta de la acusación que hizo contra él la Fiscalía por el caso Banca Catalana) y dijo aquella solemnidad entonces tan celebrada y que hoy nos parece una descomunal grosería:  "En adelante, de ética y moral hablaremos nosotros. No ellos". 

Sin España, jamás habríamos confirmado la vieja sospecha de que el nacionalismo había montado, con el respaldo de la extraordinaria legitimidad conquistada por el molt honorable ("La honorabilidad de Pujol no la tiene ni Felipe, ni Guerra", se leía en una de las pancartas desplegadas aquel glorioso día en la plaza de San Jaume), un mecanismo confiscatorio para beneficio propio y de la causa, con la complicidad de la alta burguesía y un sector de las élites económicas instaladas en Madrid que no formaban parte de aquella.

Para decepción de los inductores de la tesis de la persecución política, es la misma España antipática la que ha enviado a prisión a Jordi Pujol Jr. e Ignacio González

(Macià Alavedra y Lluís Prenafeta formaron parte del núcleo duro del pujolismo. El primero va a pagar 10 millones de euros para librarse de la cárcel. Prenafeta también ha pactado una rebaja de la condena con la Fiscalía después de reconocer que había ocultado al fisco, entre 2000 y 2007, unos 15 millones de euros obtenidos vía comisiones. Poca cosa para compensar tanta dedicación. Cito estos dos casos porque, además de revelar la magnitud del latrocinio, localiza sin margen de error el germen que dio lugar a la metástasis).

Es esta España invasiva y antipática la que ha tenido la osadía de enviar a prisión al hereu, al encargado de garantizar la continuidad confortable del clan. Pero es también esta España la que ha hecho lo propio con un ex presidente de la Comunidad de Madrid, desprecintando definitivamente la fosa séptica en la que algunos venían chapoteando con total impunidad. Hasta aquí las buenas noticias.

Cuentan que Jordi Pujol Jr., el hereu, e Ignacio González, el delfín, no dan crédito a lo que les está sucediendo. La pregunta se repite. Es la misma que se hicieron en su día Paco Granados, Luis Bárcenas, Jaume Matas, Maria Antònia Munar y otros muchos cargos públicos y sobre todo concejales entregados en cuerpo y alma a cuidar de los intereses del municipio y de paso de los suyos: ¿Por qué yo? ¿Por qué me ha tocado a mí? Estas recurrentes preguntas de los pillados en renuncio resumen el razonamiento que se ha interiorizado en determinados sectores del poder patrio y que, en esencia, parte de la convicción de que la política es una actividad de alto riesgo, mal remunerada y que, salvo excepciones, no tiene marcha atrás.

Es decir, que en lugar de favorecer una futura reincorporación a la vida profesional -de quien la tuviera-, la dificulta. Y claro, hay que buscar por otras vías la compensación a tanto sacrificio, a tanto desvelo por el bien común. Argumentos que encajarían en una versión actualizada de la obra de Jardiel “Los ladrones somos gente honrada”. ¿Puro cinismo? Sí, pero hay un fondo de verdad.

Criminalización preventiva de la política

La operación policiaco-judicial que ha desmontado la cueva de ladrones organizada en paralelo a la internacionalización del Canal de Isabel II, es otra muesca en la carrera por regenerar la vida pública, dichosamente reactivada tras el decaimiento de las mayorías absolutas. Es esa la perspectiva desde la que debe ser esencialmente evaluada. Pero también inciden los hechos ahora conocidos en esa otra realidad a la que con tanta demagogia se aproximan los populismos y la prensa más simplona y amarilla, y que tiene que ver con la criminalización preventiva de la política y con la denegación simplista del derecho a aspirar a un nuevo horizonte vital rentabilizando la experiencia: con mesura, pero sin más restricciones que las que dicta el sentido común y que razonablemente debieran estar vinculadas a exigentes criterios de incompatibilidad.

Este, el de un sistema que favorece el pecado de avaricia y dificulta el acceso a la política de los mejores, es uno de los agujeros negros del sistema a los que nadie se atreve a descender. El otro, más grave aún, es el de una Justicia de aluvión, errática, que en demasiadas ocasiones antepone la humillación pública, a la que aquí se refiere Arcadi Espada, a la prudencia que debe guiar el proceso penal (y los demás).

El muy estimable esfuerzo por limpiar la vida pública se ve en ocasiones contaminado por el exhibicionismo de seres superiores que primero disparan y después preguntan

Sobre este asunto ya escribí aquí, en un artículo titulado “Justicia, la gran olvidada de la campaña”, que el deficiente funcionamiento de esta, de la Justicia, había pasado de ser la eterna asignatura pendiente de la democracia a convertirse en uno de los riesgos principales para la salud del sistema. Y, desgraciadamente, el tiempo sigue dándome la razón. El muy estimable esfuerzo por limpiar la vida pública se ve en demasiadas ocasiones contaminado por el exhibicionismo de méritos y deméritos de quienes se creen seres superiores, personajes sin contrapesos que primero disparan y después preguntan, personajes con capacidad para ensuciar trayectorias y sin ninguna obligación de asumir responsabilidad sobre las consecuencias.

Hace tiempo que en España dimos por muerta y enterrada la presunción de inocencia. Y otras condiciones básicas y de obligado cumplimiento para una correcta administración de Justicia, como el secreto del sumario, están en fase terminal. Nadie asume la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Nadie se hace responsable de que a uno que pasaba por allí, que se ganaba la vida como tantos otros intentando meter la cabeza en los concursos de la administración pública y que cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones contractuales, le metan en el mismo saco que a Ignacio González y le arruinen la vida a los solos efectos de descartarlo como delincuente potencial. Como nadie tampoco parece dispuesto a asumir las consecuencias de una Fiscalía que había logrado asentar una sólida imagen de eficacia y profesionalidad y que está a punto de acabar con su prestigio en tiempo record.

Un célebre alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, dijo en su día que “la Justicia es un cachondeo” después de que un juez suspendiera el derribo de un chalé de Bertín Osborne. Se armó la mundial. Hoy vemos que Pacheco se quedó corto. La Justicia no es un cachondeo. La Justicia es indiscreta, imprevisible y en demasiadas ocasiones indiscriminada, que es mucho peor. Porque, señoría, la Justicia del pueblo es la que se conforma a partir del conocimiento superficial de un asunto. Y eso, es otra cosa, pero no es Justicia, señoría.


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