Porque nada es casual

Justicia, la gran olvidada de la campaña

Llevamos décadas hablando de la politización de la Justicia, pero no hemos dedicado apenas tiempo a debatir de Política y Justicia. Con mayúsculas. Las asociaciones, ya sean de jueces o fiscales, ponen el grito en el cielo cada vez que alguien, desde la Política, pensando por lo general en el mejor servicio al ciudadano, plantea una modificación del statu quo de las distintas jerarquías. No se admiten injerencias. La Administración de Justicia sigue siendo un club de acceso restringido cuyos asuntos son convenientemente encriptados para dificultar la discusión abierta y la participación de terceros en el debate, pendiente desde la recuperación de la democracia, sobre cómo afrontar su verdadera modernización, y no solo la informática.

Según los indicadores anuales de la Unión Europea de 2015, España ocupa el cuarto lugar entre los países donde la percepción ciudadana sobre el funcionamiento de la Justicia es más negativa. Solo estamos mejor que Croacia, Bulgaria y Eslovaquia. En el ranking mundial nos hemos despeñado hasta el puesto 94 de un total de 144 naciones. Entre otros preocupantes asuntos, los expertos vienen hablando desde hace demasiado tiempo, sin ser apenas escuchados, de inversiones extranjeras que se frustran por la inseguridad jurídica y la lentitud de nuestros tribunales, del acelerado deterioro de las garantías individuales y constitucionales en el proceso penal, anomalías ambas de extraordinaria gravedad. Pero poco más de dos palabras se dijeron sobre la Justicia camino del 20-N, ni tampoco fue centro de atención en el debate de investidura; ni hay apenas esperanzas de que alguno de los líderes políticos ponga el asunto encima de la mesa, en serio, en esta segunda fase de la campaña electoral.

El funcionamiento de la Justicia ha dejado de ser asignatura pendiente para convertirse en una de los principales riesgos para la salud de nuestra democracia

A lo más que llegan los partidos políticos, pensando que así salvan la cara, es a introducir en sus listas a profesionales de la judicatura que sistemáticamente proceden de alguno de los lobbies que se reparten de forma discrecional una gran parte de los puestos de las cúpulas judiciales, sean de ámbito nacional o autonómico, en función de criterios eminentemente ideológicos o relacionados con la docilidad del opositor. Mientras, el juez o el fiscal tirando a neutral,  razonablemente independiente y, como señala Francisco Sosa Wagner, “cubierto de canas y ahíto de trienios, que aspira a estos cargos distinguidos”, es sometido a la humillación de “una negociación ruborosa en el seno del Consejo [del Poder Judicial y demás órganos de gobierno], epicentro de pugnas políticas y de pactos embolismáticos entre las asociaciones judiciales” (La independencia del juez: ¿Una fábula?Un relato escrito para personas curiosas y legas”. La Esfera de los Libros, 2016.).

Versión moderna de la Inquisición

Curiosamente, estos “fichajes” que ennoblecen las listas de los partidos se aplican de inmediato a la tarea de cuestionar el modelo en su conjunto, proponiendo en ocasiones graves reformas que esconden las necesarias, por cuanto nada o casi nada dicen sobre cómo remediar la improcedente metodología empleada para seleccionar los nombramientos en los altos tribunales, metodología que concede a la meritocracia a un valor cercano a lo superfluo; tampoco mencionan, siquiera de pasada -y por la cuenta que les trae-, la improcedencia de las puertas giratorias entre Política y Justicia; y, por descontado, no osan poner en cuestión el papel anacrónico del juez de instrucción, “el hombre más poderoso de Francia”, en palabras del creador de la figura, Napoleón. Aquel, el juez, como apunta el presidente de la Unión Española de Abogados Penalistas, Víctor Moreno Catena, “debe ser investigador y acusador, reúne en su persona dos funciones incompatibles, porque formula una imputación y al propio tiempo tiene que defender los derechos del investigado, resultando así inhábil para este cometido”. Toda una enmienda a la totalidad.

La Justicia se contrae como poder del Estado para convertir una porción de su maquinaria en un contrapoder al servicio de no se sabe muy bien quién

Moreno Catena, catedrático además de Derecho Procesal, llama la atención acerca del hecho, apenas conocido por el gran público, de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente sea la de 1882, por lo que “las figuras públicas que intervienen en el procedimiento, especialmente durante la investigación de los delitos, asumen papeles desfasados, antiguos, y, lo que es peor, poco respetuosos de los derechos de los ciudadanos”. Añadamos a estas nimiedades el contradictorio papel del fiscal en el proceso de instrucción -también acusador y a la vez garante de los derechos ciudadanos-, o la preocupante afición de los Cuerpos de Seguridad a abrir los telediarios con detenciones cinematográficas, contraviniendo el mandato legal de practicarlas del modo que menor perjuicio ocasione al ciudadano, y tendremos un dibujo actualizado de algo muy parecido a la versión moderna de la Inquisición.

La Política ha intervenido, bien es cierto que con desigual fortuna, en todos los territorios donde se la esperaba para imponer la supremacía de la soberanía popular respecto a intereses no necesariamente concordantes con los generales. La Educación, la Sanidad o el sistema financiero han sido objeto de reformas más o menos acertadas, pero habitualmente inspiradas en criterios basados en la mejora del servicio a la sociedad. La Justicia no. La Justicia ha sido y sigue siendo territorio pantanoso para los demócratas. Un coto privado que se contrae como poder del Estado para convertir una porción de su maquinaria en un contrapoder al servicio de no se sabe muy bien quién. Puede que algún día las oscuridades y silencios del ‘caso Ausbanc’ nos ilustren al respecto.   

Siempre se ha dicho que la Administración de Justicia es la gran asignatura pendiente de la democracia. Yo creo que ya no, que ya hemos superado ese estadio y estamos muy cerca de que acabe convirtiéndose, si no lo es ya, en uno de los principales riesgos para la salud de nuestra democracia. Pero nadie dice ni media palabra.


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