OPINIÓN

El ‘todo vale’ o cómo el Congreso trocó en causa justa una inmoralidad

El debate político sobre la estiba revela la subsistencia de una España, oscura, endogámica, lastrada todavía por una genética franquista y vertical.

El ‘todo vale’ o cómo el Congreso trocó en causa justa una inmoralidad.
El ‘todo vale’ o cómo el Congreso trocó en causa justa una inmoralidad. Europa Press

Ayer no daba crédito a lo que estaba viendo y oyendo: diputados y diputadas de todos los colores defendiendo a una minoría de privilegiados que han hecho de la estiba un cortijo al que nadie que no esté relacionado con el clan tiene acceso; diputadas teóricamente feministas cogiendo el avión a primera hora de la mañana para apoyar con su voto el mantenimiento de un reducto machista en el que las mujeres nunca han sido bien recibidas, cuando no abiertamente rechazadas, caso del puerto de Algeciras; políticos de izquierda hablando de la necesidad de perpetuar el “trabajo digno” de afortunados que cobran hasta más de 100.000 euros anuales, gracias al monopolio encubierto que tienen montado, mientras cientos de miles de jóvenes no pueden acceder al mercado laboral.

Sentí vergüenza al escuchar por boca de algunos representantes de la llamada “nueva política” argumentos que reforzaban a una élite cimentada en la época de la España más negra y se referían a la transposición de una sentencia de los tribunales europeos como “decreto salvaje”. Sentí pena al constatar cómo una diputada, por un puñado de votos, y a sabiendas de la manipulación en la que incurría, culpaba al Gobierno de que no se hubiera llegado a un acuerdo con los estibadores, cuando sabía que era más bien al revés, que han sido estos los que, reforzados por el apoyo que tenían previsto recibir en el Parlamento, se han cerrado en banda, rechazando condiciones de trabajo y jubilación ofensivas para la generalidad de los trabajadores españoles.

Ayer hubo quienes hicieron causa común con una casta que concibe los puestos de trabajo no como un derecho, sino como una propiedad privada

"No son trabajadores privilegiados. Su sueldo lo pagan las multinacionales". He aquí un elocuente ejemplo de a qué nos referimos cuando hablamos de insulto a la inteligencia; o de cómo confundir, bien es cierto que a conciencia, la velocidad con el tocino. Nada o muy poco tienen que ver los privilegios con el pagador de la nómina. Un dato: el peso de la mano de obra en los costes de manipulación de mercancías es del 51% en los puertos españoles frente al 25% en Reino Unido, el 37% en Alemania o el 38,8% de la media europea.

Pero esto no va solo de sueldos, señora Oramas. Va de coherencia, porque no se puede presumir de europeos, reclamar puntualmente las ayudas correspondientes a la UE y al tiempo rechazar sus normas; va de consecuentes, porque no es compatible lamentarse del alto paro juvenil en las islas y en todo el Estado y hacer causa común con una casta que concibe los puestos de trabajo no como un derecho, sino como una propiedad privada; va del país que queremos construir: abierto, competitivo, en el que la igualdad de oportunidades sea una realidad, salvo que nos conformemos con lo que tenemos: un paro estructural insoportable, una juventud sin apenas expectativas, una clase política que sigue confundiendo lo urgente con lo importante.

Cohecho, fraude, sobrecostes… Los puertos españoles acumulan anomalías que sugieren el porqué de tanta resistencia a que se suban las persianas y se haga la luz

Y es que, en este caso concreto, lo urgente es respetar los compromisos adquiridos con nuestros socios de la UE y evitar que el incumplimiento de la sentencia europea que ordena la liberalización de la estiba nos cueste 134.000 euros diarios de multa. Pero lo importante no es eso; lo importante es eliminar los islotes monopolísticos que aún quedan, expulsar del sistema de relaciones laborales los privilegios, abrir las puertas y las compuertas para que corra el aire y sea posible la transparencia en un sector convertido en un corralito de opacidad y malas prácticas de las que son partícipes las comunidades autónomas, que son a las que compete designar los órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias.

Denuncias por sobrecostes (en los puertos de Gijón, Pasajes, Cartagena, Algeciras, Santa Cruz de Tenerife, La Coruña, San Roque, Ferrol), por fraude (Valencia), por prevaricación y cohecho entre otros presuntos delitos (Baleares), por estafa y falsedad (Barcelona); pérdida de 11 millones de fondos comunitarios destinados a la modernización del puerto de Las Palmas por irregularidades detectadas en las obras de La Esfinge y el dique sur... Un amplio catálogo de anomalías que pone de manifiesto el porqué de tanta resistencia a que se suban las persianas y se haga la luz.

Lo ocurrido ayer en el Congreso revela la subsistencia de una España contradictoria, oscura, endogámica, lastrada todavía por una genética franquista y vertical de la que ni siquiera la izquierda parece haberse desprendido. Una España en la que predomina el cortoplacismo y en la que todo vale para que el adversario político muerda el polvo, incluso trocar en causa justa la pervivencia de una inmoralidad.


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