OPINIÓN

El fin de la CNMC o cómo expropiar las instituciones que salen respondonas

La partición en dos de esta institución nada tiene que ver con su operatividad y sí con las presiones para reducir la autonomía de un organismo que empezaba a molestar más de la cuenta.

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.
José María Marín Quemada, presidente de la CNMC. EFE

Tres años. Tres años y medio para ser exactos son los que han pasado desde que en octubre de 2013 entrara en funcionamiento la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Y ya se la quieren cargar. ¿Razón? Se han encaprichado con el modelo alemán, dicen. Los emebeás de Ciudadanos opinan que es más eficiente. La CNMC nació para acabar con las decisiones contradictorias de los distintos organismos reguladores y supervisores, y que aquellas fueran aprovechadas por las empresas sancionadas para acudir a los tribunales e intentar escurrir el bulto.

La unificación del control y defensa de la competencia en los mercados de la energía, telecomunicaciones, transportes, postal o audiovisual, tenía toda la pinta de ser una buena idea para evitar sonrojos e incrementar la eficacia en la persecución de los cárteles, que es como decir en la defensa de los consumidores. De hecho, el experimento parece haber funcionado razonablemente bien: 30 cárteles desmontados hasta la fecha; reducción de precios en los distintos sectores de consumo, lo que se ha traducido en un ahorro de 650 millones de euros de promedio anual, según el sistema de cálculo de la UE; a punto de llegar a los 1.000 millones de multas ejecutadas por vulnerar la competencia o realizar prácticas irregulares. Y lo más importante: pese a las dudas iniciales, la opinión general es que en un plazo muy breve se ha construido un sistema coordinado y bastante eficaz que provoca respeto allá donde lo tiene que provocar.

En poco más de tres años han sido muchos y muy nobles los callos pisados, y muy poderosas las alarmas activadas en contra del organismo regulador

En este corto espacio de tiempo, la CNMC se las ha visto con Telefónica, Volkswagen, las eléctricas, Correos, Renfe, Cepsa, la industria láctea, las cementeras, los fabricantes de turrones o de pañales para adultos; ha acordado 16 sanciones a empresas del sector de las telecomunicaciones y 37 a otras del audiovisual; y el año pasado utilizó por primera vez sus atribuciones para multar a directivos de empresas responsables de organizar cárteles. Muchos y nobles callos pisados, que ya hace tiempo provocaron la activación de las alarmas en más de un poderoso despacho.

Un presidente incómodo

Desde que se tuvo la certeza de que el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, se había tomado más en serio de lo que era habitual esto de la independencia de la institución, venimos asistiendo a la aplicación eficaz de la vieja práctica del hostigamiento silencioso, plasmada en la división interna de un Consejo en el que han sindicado sus posiciones los que no le hacen ascos a ejercer de correa de transmisión de los partidos o se alinean sistemáticamente con las grandes compañías, a la vez que buscan el modo de provocar la dimisión de un presidente incómodo blindado hasta finales de 2019 y que rechaza dar un paso atrás en la autonomía del organismo. Un Consejo dividido contra el que la política partidista, si nadie lo remedia, prepara el asalto definitivo.

El plan, aparentemente ya pactado entre PP y Ciudadanos, y consistente en partir en dos la CNMC (competencia por un lado y regulación por otro), se venderá como una fórmula más operativa e, incluso, democrática. Sin embargo, a lo que vamos a asistir en realidad es a un nuevo e injustificado reparto de cromos entre los partidos, a una expropiación por parte del poder político de las atribuciones de un organismo que venía dando alarmantes señales de independencia y empezaba a molestar más de la cuenta.

La división de la CNMC supone un golpe a la seguridad jurídica de España y es una victoria en toda regla del cártel por excelencia

Se vestirá como se quiera vestir, pero cargarse una institución como ésta a los cuatro años escasos de su creación deja en muy mal lugar al Gobierno que promovió su puesta en marcha, contraviene la filosofía de la UE, supone un golpe a la seguridad jurídica de España y es una victoria en toda regla del cártel por excelencia, algunas de cuyas patitas se han dejado ver al otro lado de las puertas de Rivera y el profesor Garicano.

¿Cuál es la buena noticia? Que no habrá decisión definitiva hasta que los socialistas aclaren su liderazgo. Es decir, que aún se está a tiempo de que la política, y sobre todo la nueva política, ordene de otro modo sus prioridades y haga lo que debería hacer: en primer lugar, exigir que desaparezcan los comisarios políticos del Consejo de la CNMC, en lugar de facilitarles su control; después, anular la división y posterior reparto de uno de los pocos islotes institucionales que funciona con márgenes razonables de autonomía. Reforzar y no debilitar una de las escasas instituciones que todavía podríamos exportar.

Sí, sí, pueden llamarme ingenuo. Lo tengo merecido.


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