El expresident y exministro valenciano, Eduardo Zaplana, lideró una amplia trama societaria con ramificaciones en varios países como Luxemburgo, Países Bajos, Dubái, Panamá, Suiza o Hong Kong, durante veinte años para cobrar “mordidas” ilegales por más de once millones de euros, según publica ‘La Vanguardia’.

El que fuera Director General de la Policía Nacional y exconseller valenciano, Juan Cotino, jugó un papel fundamental en esta compleja estructura, según defiende la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en un extenso informe que forma parte del sumario del caso Erial.

En el informe detalla cómo las comisiones ilegales por las adjudicaciones del Plan Eólico y de las ITV se pagaban a sociedades extranjeras para ocultarlo a Hacienda en España con la intención de retornarlo posteriormente. 

Sobre Eduardo Zaplana, la UCO subraya que “la investigación lo sitúa en un plano de jerarquía superior, tanto en la relación a las adjudicaciones cuando ostentaba el cargo de president, como en relación a la gestión del patrimonio ilícito aparentemente obtenido fruto de las mismas”. El exministro entró en prisión en mayo de 2018 y salió en libertad en febrero de 2019 después de que la juez consiguiera bloquearle parte de las cantidades en el extranjero tras varias rogatorias.

En el caso Erial, además de Zaplana y Cotino, están acusados por los delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, los sobrinos del exconseller, José y Vicente Cotino, los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau, el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV. También el que fuera su mano derecha en la presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García, y la mujer y las hijas del propio Zaplana.

La clave de la investigación, y en la que hace hincapié la UCO, son el cobro de las comisiones pagadas por las adjudicaciones del servicio de ITV -realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana en la Generalitat- y del Plan Eólico de la Comunitat, puesto en marcha en 2003, “todas ellas adjudicadas y pagadas por parte de sociedades del grupo empresarial Sedesa”, de la familia de Juan Cotino. La Guardia Civil describe toda la operativa societaria a partir de la

La UCO afirma que “la suma total de fondos que se abonan en productos bancarios radicados en Luxemburgo y titulados por Imison asciende a 11.209.028 euros los cuales se abonan mediante transacciones ordenadas desde España y el Principado de Andorra” hasta el año 2009.