Vox abre ocho frentes judiciales en menos de un mes por la gestión política de la pandemia

Vox ha abierto hasta ocho frentes judiciales en menos de un mes por la gestión política de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Siguiendo la misma estrategia que llevó a cabo con el 'procés' y contra los dirigentes independentistas catalanes, la formación de Santiago Abascal pretende sentar en el banquillo a varios miembros del Ejecutivo y demás autoridades.

Además de lanzar una ofensiva parlamentaria en el Congreso de los Diputados a través de cientos de iniciativas, la ya tercera fuerza política busca que sean los jueces los encargados de esclarecer si el Ejecutivo central, así como el Gobierno catalán liderado por Quim Torra, han podido incurrir en determinados delitos con su gestión ante la pandemia.

Las acciones judiciales se iniciaron a finales del pasado mes de marzo y han ido in crescendo esta misma semana, después de que Unidas Podemos y PSOE presentasen, por separado, denuncias relativas a la elaboración y difusión de bulos ante la Fiscalía General del Estado y con Vox en el punto de mira.

Del 26 de marzo al 20 de abril

El 26 de marzo se abrió la veda. Vox llevó al Tribunal Constitucional el "truco" del Gobierno para "blindar" a Pablo Iglesias en el CNI. El Grupo Parlamentario presentó un recurso ante el TC en el que denunció la inclusión por parte del Ejecutivo de lo que consideran "una aspiración de poder personal" del vicepresidente y líder de Unidas Podemos en un real decreto redactado para hacer frente a la crisis del coronavirus.

El 11 abril el partido solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que elaborase un informe con los "datos reales" de fallecimientos por la Covid-19 desde el pasado mes de febrero, apoyándose en los Registros Civiles de la comunidad autónoma. Siguió los mismos pasos en todos los Parlamentos donde tiene representación.

En concreto, los de Abascal piden a los tribunales el número efectivo de fallecimientos desde febrero hasta el fin de la pandemia y de sus causas y señalan como ejemplo de "fuente autorizada" el informe Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Dos días más tarde, el 14 de abril, el Grupo Parlamentario Vox presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al entender que se había vulnerado el artículo 23 de la Constitución por la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de suspender la actividad de la Cámara Baja.

Gestión de Torra y la de las residencias de ancianos

El 16 abril llegó el turno de Torra. Vox interpuso una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el presidente de la Generalitat y varios de sus consejeros -entre ellos, la consejera de Sanidad- por imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y delitos contra los trabajadores. 

En su escrito, el partido de Abascal recuerda que es el Gobierno regional quien tiene transferidas las competencias en materia de Sanidad desde 1981 y subraya que "desoyó desde el primer momento las recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus", así como lo que estaba ocurriendo en China o Italia y alentó a manifestaciones "realizando declaraciones públicas donde negaron la gravedad".

La querella se refiere también a los impedimentos que el Gobierno de Torra puso a la Guardia Civil, a la Unidad Militar de Emergencia (UME) y al Ejército en las labores de desinfección con lo que consideran que "dilató su actuación de grave emergencia por una cuestión ideológica".

Un día más tarde, el 17 abril, Vox presentó una denuncia ante las fiscalías provinciales para que investigasen la gestión de la crisis en residencias de ancianos. Pide investigar la gestión de los protocolos que afectan a personas mayores y que se estudien las cifras de fallecidos y se tomen medidas urgentes.

El partido capitaneado por Abascal ha dado un paso más esta semana. La formación ha anunciado este lunes otra querella contra Pedro Sánchez y su Gobierno, al que tachan de "liberticida" con el fin de esclarecer los posibles delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores. Los mismos que atribuyen al Gobierno catalán.

Gestión negligente, vulneración del estado de alarma...

Según Vox, la querella encuentra su fundamento en "la gestión negligente y la cadena de errores que el Gobierno ha ido sumando antes y durante la crisis que ya se ha llevado por delante la vida de más de 20.000 españoles".

Además, este mismo 20 de abril, Vox ha presentado otra denuncia ante la Fiscalía por las declaraciones del general de la Guardia Civil José Manuel Santiago sobre "minimizar el clima crítico contra la gestión del Gobierno". El partido quiere que un juzgado de instrucción esclarezca si esas palabras responden a algún tipo de instrucción a la Guardia Civil y quién la ha dado. 

"La intervención del poder judicial es la última garantía de las libertades de los españoles", defendió este lunes el eurodiputado y 'número 3' de Vox, Jorge Buxadé, tras anunciar su goteo de nuevas denuncias.

Además de los siete frentes judiciales mencionados, Vox también planea interponer esta semana un recurso de inconstitucionalidad ante el TC por lo que considera "una vulneración de los límites del marco del estado de alarma".

Según la secretaria general del Grupo Vox, Macarena Olona, el Gobierno podría haber incurrido en un fraude de ley para "imponer un estado de excepción encubierto, sin los límites que la ley impone" a éste.

Las denuncias de Unidas Podemos y PSOE

Desde las filas de PSOE y Unidas Podemos también se han emprendido acciones judiciales contra Vox a cuenta de los supuestos bulos que elaboran y difunden a través de las redes sociales. El primero en dar el paso fue el partido de Pablo Iglesias. 

El grupo parlamentario ha denunciado ante la Fiscalía la existencia de una supuesta "organización criminal" que crea y difunde "bulos" que buscan crear "alarma social, desestabilización política y debilitar a las instituciones" con la Covid-19. 

Este lunes amplió una de las denuncias por la difusión de bulos con calumnias al Gobierno para incluir que uno de sus difusores fue -según el escrito- un coordinador del partido en la localidad valenciana de Torrent.

El PSOE, por su parte, también presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por diversos tuits lanzados desde las cuentas de Vox. En el escrito fue presentado el 14 de abril y firmado por el secretario de Organización del PSOE, el también ministro José Luis Ábalos.

En él se acusa a los de Abascal de manifiesta y reiterada "incitación al odio frente al PSOE, su ideología, y lo que esta representa, mediante ataques directos, que lesionan tanto su honor como organización, como la del Gobierno, de la manera más grave que se puede producir, mediante la imputación, con absoluto conocimiento de su falsedad, de la comisión de delitos".