Política

PSOE y Podemos intentan aprobar sin el PP la supresión del voto rogado antes del 26-M

Ambos grupos registran este viernes una proposición que necesita el apoyo de Cs para reformar la ley que hizo caer del 30% a menos del 5% la participación electoral de los españoles residentes en el extranjero

Una ciudadana española vota en el Consulado General de España en Montevideo (Uruguay).
Una ciudadana española vota en el Consulado General de España en Montevideo (Uruguay). EFE

La supresión del voto rogado podría hacerse realidad antes de las elecciones autonómicas y europeas del 26 de mayo, a pesar de lo ajustado de los plazos. PSOE y Unidos Podemos registran este viernes en el Congreso una proposición de Ley para cambiar de forma exprés el sistema aprobado en 2011 y que convierte el derecho electoral de los residentes en el extranjero en una verdadera carrera de obstáculos. La norma hizo caer la participación electoral de un 30% a apenas un 5%. 

Para que la iniciativa prospere antes de los próximos comicios necesitará el apoyo de Ciudadanos, que mantiene algunas dudas acerca de la propuesta del Gobierno (Exteriores, Migraciones e Interior) sobre la que se sustenta la reforma. Los de Albert Rivera quieren acabar con el voto rogado cuanto antes, pero creen que la Junta Electoral Central deberá aclarar aspectos como la identificación del votante para evitar fraudes o sobre la papeleta en blanco que los socialistas proponen enviar a los 2.082.469 inscritos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) para que escriban su opción electoral. 

La posición de los naranjas resulta clave, pues los populares no aceptan la propuesta del Ejecutivo. De hecho, este miércoles decidieron remitir un texto alternativo que los socialistas consideran "inviable". Los trabajos de la subcomisión que preside Jesús Posada para estudiar la reforma han avanzado con pies de plomo durante los últimos meses. Y aunque lo habitual es que una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) se haga con el consenso de todos los grupos, las posiciones son tan distantes y el límite para que esté aprobada, que no hay más margen de maniobra, apuntan fuentes parlamentarias.

La supresión del voto rogado es casi un compromiso personal del presidente Pedro Sánchez, además de un acuerdo adquirido con sus socios de Unidos Podemos para la aprobación de los Presupuestos de 2019. Y dado que se trata de un cambio marginal que no afecta al núcleo de la Ley Electoral (no cambia asignación de escaños u otros aspectos clave), los socialistas -después de unas negociaciones que se han extendido hasta la mañana de este lunes- han decidido seguir adelante con la iniciativa aún a riesgo de que el PP no la apoye.  

El plan, según apuntan fuentes de la negociación, es presentarla este mismo viernes a las 11:30 horas en el Registro del Congreso. Así, la Mesa tendrá tiempo para calificarla y el Pleno la podría admitir a trámite en la última semana de febrero. Después, los proponentes solicitarán que se tramite por el procedimiento de urgencia y de lectura única, con el fin de acortar al máximo los plazos y que vea la luz antes del 2 de abril. Ciudadanos, en todo caso, tiene la llave para que el PP no pueda bloquearla en el órgano de gobierno de la Cámara, donde ambas formaciones suman mayoría. 

La iniciativa aportada por los populares el miércoles no convence nada a los socialistas, pues consideran que el "certificado acreditativo de personalidad" supone mantener 'de facto' el ruego del voto e incluso dificultar aún más el derecho al sufrago. El PP plantea ampliar a 1.000 los lugares donde poder votar y que no sólo se ejerza en embajadas y consulados como hasta ahora.

También quieren que la documentación se envíe por valija diplomática y no por correo ordinario, ante el deficiente sistema postal en algunos países. Pero el Ejecutivo advierte problemas logísticos critica que pretendan seguir enviando las papeletas después de la proclamación de candidatos, algo que no permite llegar a tiempo. 

Registrarán la iniciativa el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, y el portavoz de Constitucional, Gregorio Cámara; y la portavoz de Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea, Irene Montero junto al secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro.

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