Los votantes del 1-O arrojan dudas sobre el papel de los Mossos en el referéndum

Los votantes del 1-O solicitados por las defensas de los acusados por el procés han arrojado dudas respecto de la actuación de los Mossos d’Esquadra durante el referéndum. A lo largo de este martes, comparecieron en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo un total de 17 testigos, que ofrecieron versiones diferentes sobre el papel de la policía autonómica catalana.

Para el Ministerio del Interior, ese papel fue “una estafa”, la inmensa mayoría de policías y guardias civiles que han comparecido ante el tribunal coinciden en denunciar la pasividad de los Mossos. Por su parte, el exmayor José Luis Trapero -pendiente de juicio por estos hechos- se desvinculó del proyecto político de la Generalitat: "Nos hubiese encantado que hubiese más resultados, pero son los que pudimos hacer entre todos".

Determinar este capítulo es clave ya que la Fiscalía incluye a los Mossos dentro del plan para la rebelión al servicio del Gobierno de Carles Puigdemont. En su tesis habla de "un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones --como así sucedió--". En ese sentido, las versiones de los testigos no ayudaron a decantar la balanza a ninguno de los dos lados llegando a resultar contradictorias.

"Permitieron con normalidad"

Pilar Calderón, quien ejerció como apoderada en uno de los colegios, describió la actuación de la policía y recordó que un agente “levantó una porra a una abuelita que estaba en una silla” o que vio a gente llorar. Pero ante las preguntas de las acusaciones, admitió que cuando se marcharon las fuerzas de seguridad del Estado, los Mossos d’Esquadra “permitieron con normalidad la votación una vez reabrieron el colegio”.

“Había una pareja de Mossos a los que saludé y me dijeron que había mucha gente y que no habían podido cerrar el colegio. Lo intentaron”, recordó en cambio Juli Fernàndez, teniente de alcalde de Sabadell cuando el 1-O (lazo amarillo en la solapa). No obstante, según dijo, tuvo que ir a un segundo centro a votar porque en el suyo había policía. Cuando llegó al segundo centro, ya no vio Mossos.

Jordi Salvador, exresponsable de UGT en su comarca local, también fue preguntado acerca de si había Mossos. “Estaban allí”, respondió lacónico. La Abogacía del Estado insistió y se interesó acerca de si estaban en actitud pasiva. “No pegaban a nadie. Intentaron mediar”, terció el testigo. Ramon Antoni, abogado de profesión, contó que en el momento que la Policía actuaba en otro de los colegios, él llamó a los Mossos, pero para que atendieran a una señora.

Denunciado por los Mossos

Javier Melero, el abogado del exconseller Joaquim Forn, era uno de los que más se la jugaba en estos testimonios. Su cliente era el máximo responsable político de la policía autonómica. Por ello Melero aprovechó cualquier oportunidad para repreguntar las pocas veces que los testigos dieron cuenta de actividad por parte de los Mossos.

Fue el caso del testigo llamado Ferrán Soler, quien dijo que a su colegio “llegaron los Mossos antes de que abrieran el centro a las 8 de la mañana. Melero preguntó si vio cómo se dirigían a la gente. El testigo dijo recordar que les vio “que llevaban unos papeles en la mano”, pero admitió desconocer, si leyeron un acta. Añadió que luego cuando llegó la Guardia Civil ya perdió de vista a los Mossos.

Albert Salvadó, concejal en el momento de los hechos, reveló que él fue denunciado por los Mossos d’Esquadra ese día y que escuchó a otras personas decir que los agentes autonómicos habían comunicado que no se podía celebrar el referéndum. “¿Sabe si hicieron algo para evitarlo?”, preguntó de nuevo la Abogacía del Estado. “No me consta”, respondió el testigo.

"Ganas de autodeterminarse"  

Los abogados de las defensas citaron a estos votantes con el objeto de apuntalar la tesis de que la violencia ejercida el 1-O fue de parte de los agentes y no de la gente concentrada en los colegios. En ese sentido, el discurso de todos los comparecientes sí fue monolítico. Había alguno con lazo amarillo en la solapa, también había cargos de ERC, incluso la senadora Laura Castel, según la cual, aquel día “la gente tenía muchas ganas de autodeterminarse”.

También compareció el alcalde del municipio donde acudió a votar Puigdemont, Sant Julià de Ramis (Gerona). “Como alcalde tenía que recibir al presidente Puigdemont (...) que mis vecinos puedan votar no es delito”, dijo. El resto de testimonios discurrió en parámetros similares: “Había gestos bastante violentos”, “Me dieron un par de patadas en la espalda”, “se arrastraba a la gente como maletas”, “no se llevaron el material electoral, sino disfraces y juguetes”... a alguno de los testigos se le quebraba la voz recordando los hechos.

Pero las acusaciones traían preparadas otras preguntas para contrarrestar la estrategia de los abogados de los acusados. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado o los abogados de la acusación popular que ejerce Vox preguntaron a los testigos acerca de si conocían que el 1-O estaba prohibido y que la Guardia Civil y la Policía tenía la orden de impedirlo y cerrar los colegios. Muchos de ellos contestaron con evasivas.

Exculpa a Forn

El último testigo de la tarde, solicitado por Melero, fue el secretario general del Sindicato Autónomo de Policía (SAP), Pere García Quer. En este caso, su versión sí fue firme a la hora de explicar una reunión previa al referéndum del consejo de la Policía, órgano de interlocución entre la Generalitat y los sindicatos policiales. La presidía Joaquim Forn y, según relató este mosso, el político acusado “quería dejar claro que se debía mantener al Cuerpo al margen de cualquier presión mediática en relación a los actos del 1-O".

“A medida que se acerca el 1-O se sufre incertidumbre sobre cuál debía ser el papel de los Mossos el 1-O. Es verdad que había preocupación, más aún si tenemos en cuenta algunas manifestaciones en la toma de posesión (de Forn) donde decía que los Mossos iban a permitir la votación”, declaró este agente, si bien luego afirmó en el Cuerpo tenían claro las pautas de actuación y no había duda de que iban a cumplir con la legalidad durante la consulta.