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Política

Un narco socio de Villarejo, perseguido por la Justicia por presunta estafa

Villarejo

El empresario José María Clemente Marcet, socio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, y que fue condenado por un juzgado francés por blanqueo de capitales del narcotráfico, ha sido citado a declarar en tres juzgados de Barcelona y uno de Valencia como presunto autor de los delitos de estafa y apropiación indebida, según la información a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Este diario se ha puesto en contacto con Clemente Marcet a la entrada de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, que no ha querido responder a las preguntas sobre las causas sobre las que fue investigado en la Audiencia Nacional con Baltasar Garzón de juez.

En Barcelona, los titulares de los juzgados número 11, 14 y 9 le investigan por los delitos de estafa y apropiación indebida. Y en los tres ha sido citado a declarar como imputado en los próximos días.

Presunta estafa

También está imputado por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, en el que recayó una querella interpuesta contra Clemente Marcet, también por presunta estafa.

Precisamente, en uno de los procedimientos en los que está imputado el socio de Villarejo, el denunciante aporta una carta de recomendación falsa del príncipe saudí Nayef bin Sultan bin Fawaz Al-Shaalan, que al igual que Clemente Marcet fue condenado por la justicia francesa por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

República Dominicana

Asimismo, tal y como adelantó Vozpópuli, los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía descubrieron información relevante sobre los supuestos negocios irregulares del comisario José Manuel Villarejo en la República Dominicana con José María Clemente Marcet.

En el mismo sentido, el anterior juez del caso TándemDiego de Egea, anunció en un auto su intención de investigar el contenido de una subcarpeta que Villarejo denominó "Scorpy", que junto al de "Bambi" era uno de los alias con los que el comisario denominaba a Clemente Marcet, en la que habría pruebas de una presunta operación de blanqueo de capitales realizada en una compraventa de terrenos en la República Dominicana.

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