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Política

Villar Mir acusa al juez Castellón de vulnerar sus derechos por no darle la grabación de una declaración

Juan Miguel Villar Mir, en una reciente visita a la Audiencia Nacional.

El accionista mayoritario de OHL, Juan Miguel Villar Mir, no es partidario de una tregua veraniega en la Audiencia Nacional. Y una prueba de ello es que el pasado 9 de agosto su letrado en el 'caso Lezo', en el que está imputado el Marqués de Villar Mir, remitió un escrito al titular de Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, en el que acusa al instructor de "vulnerar abiertamente" el derecho del empresario a acceder al contenido de todas las investigaciones.

El documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, vuelve a cargar contra el instructor, pero esta vez por no dar al empresario la grabación de la declaración del periodista José María García, celebrada el 12 de febrero: "Así las cosas, por medio del presente escrito, venimos a formular nuestra más respetuosa protesta en relación con este proceder del Juzgado", especifica el escrito de la defensa de Villar Mir.

En la entrevista televisiva, José María García negó ante juez que cuando habló en el programa 'Salvados' de La Sexta de un empresario que habría pagado comisiones al PP se refiriera al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir

Jordi Évole

En concreto, García habló de un constructor "poderosísimo" que había llegado a ser ministro (Villar Mir fue titular de Hacienda en 1976), a lo que Jordi Évole le comentó: "Son ya muchas pistas... ¿empieza por Villar y termina por Mir?". "Empieza por V y acaba por R", contestó García, que no llegó a nombrar a Villar Mir.

García-Castellón ya sufrió ataques por parte de las acusaciones cuando después de que al detectar el magistrado un posible delito en una de las conversaciones grabadas a Villar Mir, remitió esta nueva causa a un juzgado ordinario de Madrid, que acabó archivando el procedimiento.

El problema es que en estas conversaciones interceptadas participaba uno de los letrados de Villar Mir, por lo que la defensa del empresario denunció una presunta violación del derecho de defensa y confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con el cliente.

El abogado de Villar Mir reclamó el acceso a las transcripciones de las conversaciones y las grabaciones, su eliminación de la causa y la nulidad de todas las pruebas obtenidas a partir de esas conversaciones.

Diego de Egea

Y en ausencia de García-Castellón, el juez de refuerzo del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, mediante un auto de 16 de abril, ordenó la “inmediata destrucción de las conversaciones mantenidas entre los letrados e investigados” en el oficio 11.

La fiscal Ana Cuenca, ante la posibilidad de que Villar Mir hubiera cometido un delito, presentó un recurso en el que solicitaba la anulación de dicha resolución. Y ya de vuelta García-Castellón, ante la petición del ministerio público, acordó el 17 de mayo reabrir la causa y remitir el caso a los juzgados ordinarios madrileños para que decidieran si se había cometido un delito.

Además, un auto de 19 de junio de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional pone de manifiesto que el juez García-Castellón acordó el envío al Juez Decano de los Juzgados de Instrucción de Madrid del contenido de una parte de las conversaciones telefónicas transcritas y mantenidas entre Juan Miguel Villar Mir, su secretaria, su médico y su abogado para determinar si el empresario trató de eludir una declaración aludiendo a inexistentes problemas médicos.

Los tres magistrados de la Sala validaron, hasta en dos ocasiones, las decisiones adoptadas por el magistrado García-Castellón: tanto la grabación de Villar Mir como la decisión posterior de remitir la causa a la justicia ordinaria.

Conversaciones grabadas

Sin embargo, Villar Mir ha insistido en que se le entreguen de las conversaciones telefónicas grabadas, que tras remitirse a los juzgados ordinarios madrileños fueron destruidas.

Pero ante la insistencia del letrado del empresario, el pasado 30 de julio el Juzgado reclamó de nuevo a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que facilitaran a las partes las conversaciones, excluidas las que se ordenó su destrucción, según consta en una resolución a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

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