Política

¿De verdad Carmena ha reducido la deuda?

Lo ha hecho más y mejor que el plan de austeridad de Ana Botella, pero por una razón: la ley obliga a amortizar el dinero de las inversiones públicas no ejecutadas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena,
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, EFE

Ana Botella llegó al Ayuntamiento de Madrid con unas cuentas endeudadas hasta el cuello. Redactó un plan de reducción de la deuda, que contemplaba unos recortes que sus críticos tachaban de austericidio. La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, no solo ha cumplido con ese plan sino que lo ha superado con creces. Pero, ¿es mérito de la ex juez estar saneando las cuentas públicas?

Para saberlo hay que volver atrás en el tiempo. Comienzos de 2015. La coalición de Ahora Madrid, formada por Podemos, IU, Equo y Ganemos, elige a Carmena como su candidata y redacta un programa en el que promete una política expansiva de gasto y advierte de que procederán a una “reestructuración de la deuda y de reversión de las políticas de austeridad”. Sin embargo, cuatro años después, Carmena ha llegado a presumir de haber reducido la deuda del Consistorio de 5.700 millones a 2.700 millones. Lo hace en programas como el de Susana Griso, pero también en las redes sociales. ¿Qué ha pasado para que se produzca un cambio tan repentino de opinión?

Carmena llega al Ayuntamiento con un programa que pide "reestructurar la deuda" y "revertir las políticas de austeridad" 

En primer lugar, cabe señalar que el protagonista de esta historia no es Carmena, sino la Unión Europea y el pacto firmado en 2012 entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los otros países comunitarios. Conocido como pacto fiscal europeo, y duramente criticado por los partidos que ahora gobiernan el Ayuntamiento de Madrid, el acuerdo se tradujo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Saneamiento automático

Esta Ley tiene el objetivo de poner coto al gasto público desenfrenado, obligando a los ayuntamientos a devolver como deuda todo aquel dinero que no gastan en un año. Es decir que, si un Ayuntamiento prevé destinar 100 millones en inversiones públicas (escuelas, parques, bibliotecas, carreteras) y no lo hace, debe devolver la parte correspondiente a lo que no ha ejecutado a sus deudores: los bancos. Así, el saneamiento es automático, a menos que los dirigentes públicos no sean tan hábiles como para gastar todo lo que tienen para sus ciudadanos. Y este no ha sido el caso de Carmena.

En 2015 Carmena gobernó solo seis meses. No redactó ella el presupuesto y sería injusto hablar de incumplimiento de promesas que no fueron suyas. Aun así, fue suficiente hábil como para incumplir el techo de gasto (tan solo 17 millones) y poner el primer ladrillo de la futura intervención de Hacienda que tantos dolores de cabeza le llevarían.

En 2016, primer año de gobierno, el equipo de Carmena ejecuta el 75% de las inversiones gracias a una trampa contable"

El año siguiente la alcaldesa tiene un plan ambicioso. Fija un nivel de gasto en inversiones de 520 millones. Ejecuta un 75%, un nivel razonable, aunque gracias a una trampa contable: la compra de un edificio por 100 millones a pocos días del cierre del año (una adquisición hecha a toda prisa y que la Cámara de Cuentas califica ahora de “injustificada”).

Una operación de maquillaje financiero que evitó titulares demoledores para el “gobierno del cambio”, como que “El Ayuntamiento de Carmena ejecuta el menor porcentaje de inversión de la serie histórica”. Pero que no ocultó que las mejoras prometidas en los barrios necesitados del sur, donde la alcaldesa había arrasado electoralmente, habían quedado como promesas incumplidas

Bibliotecas y viviendas públicas

En 2017, el gobierno del cambio dijo haber aprendido la lección. Comenzó el ejercicio con optimismo. Carmena hizo una previsión de inversiones en escuelas, polideportivos, bibliotecas, viviendas públicas, etc. Un importante plan que tenía que demostrar su ejemplo de buena gestión. Pero que otra vez acabó en papel mojado.

En 2017, la ejecución de inversiones públicas municipales alcanza el nivel más bajo de la serie histórica: el 33%"

De los 670 millones previstos, el gobierno de Carmena solo ejecutó 225. O sea, que parte de los 400 millones no ejecutados se fueron, otra vez, al pago anticipado de la deuda. Y ya van un total de 770 millones de adelanto en dos años (el 29% de la devolución por falta de inversiones). Las cifras de ejecución solo de ese año, que adelantó en su día El País, señalaron una ejecución al 33%: la más baja de la serie histórica, que, a su vez, elevaron el superávit municipal a 1.000 millones de euros. Otra supuesta medalla que Carmena y los suyos se cuelgan, pero que en realidad vuelve a depender del bajo gasto público y de una gestión deficitaria respecto a lo prometido. Desde 2002, de hecho, solo en una ocasión el Ayuntamiento había ejecutado menos del 60% previsto.

En 2018, el escenario es parecido. Otra vez, según los últimos datos disponibles, el gasto ejecutado por el Ayuntamiento roza el 40%: el segundo peor dato desde 2002. Y otros centenares de millones recaudados de los impuestos de los madrileños, previstos para obras públicas pero no ejecutados, se irán a los bancos de forma anticipada. Hasta llegar a una devolución extraordinaria de deuda de unos 1.000 millones. Un logro notable para un equipo de gobierno que hablaba de “reestructuración de la deuda”.

Razones de un fracaso

¿Pero si Carmena contemplaba una política expansiva y de mejoras en los barrios, por qué no la ha llevado a cabo? Para que una inversión pueda ejecutarse en el plazo de un año, tal y como fija la ley, es necesario tener habilidad de gestión y orden en la planificación. El equipo de Carmena presupuestó centenares de proyectos de obras públicas, obtuvo titulares grandilocuentes, pero lo hizo a veces sin determinar con claridad el área de gobierno responsable, y con unos tiempos de ejecución que no correspondían a los reales.

Carmena ha logrado un auténtico récord de devoluciones, derivado de una falta de gasto público, que ha permitido adelantar el pago de 1.000 millones de deuda"

Por ejemplo, en estos años, en muchos distritos de Madrid el grado de ejecución de obras públicas no alcanzaba ni el 1% antes del verano. Un retraso que se generaba en los primeros meses y que se iba arrastrando inexorablemente. Y que además golpeaban más fuerte en los barrios más pobres de Madrid. En Villaverde, por ejemplo, en 2017 solo se ejecutó el 18% de las inversiones previstas. Por el contrario, el capítulo de publicidad se ha disparado en estos años.

El Ayuntamiento de Madrid argumenta que parte de las inversiones presupuestadas se van a ejecutar en plazos de dos años, en el marco de las llamadas inversiones financieramente sostenibles. El argumentario atañe a una reforma de la Ley de Estabilidad de hace un año. Es decir, que hasta 2017 no es aplicable. Aun así, según los últimos datos publicados por Efe, el año pasado se ejecutaron 271 millones de los casi 800 previstos. Además, si bien el proyecto de inversión puede durar dos años, el dinero que no se desembolse en ese plazo, irá al pago adelantado de la deuda.   

Más de 1.000 millones que el 'plan Botella'

Entre 2015 y 2019, para resumir, Carmena ha devuelto a los bancos un total de casi 3.000 millones. Dos tercios de esta cifra ya estaban previstos por el plan de los gobierno del PP (Botella bajó la deuda en unos 2.000 millones entre 2012 y 2015), pero Carmena ha logrado un auténtico récord de devoluciones, derivado de una falta de gasto público, que ha permitido adelantar el pago de otros 1.000 millones. Una política de la que ella, paradójicamente, es responsable solo en negativo, ya que es fruto de los corsés de los acuerdos con la UE de España en los años de la crisis.

De hecho, la anterior alcaldesa del PP estimaba en su plan de reducción de la deuda bajarla hasta los 3.720 millones el endeudamiento entre 2013 y 2018. Carmena ha rebajado esta cifra a 2.700 millones, a raíz no de su buena gestión, sino de todo lo contrario: reduce la deuda más de lo esperado porque no ejecuta el presupuesto, lo que significa que incumple su compromiso de inversión pública con los ciudadanos.

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