Elecciones Generales 2019 Hogar Social: los 'ultras' a caballo entre Podemos y Vox se preparan para las urnas

El grupo okupa y antiinmigración que acoge y reparte alimentos sólo a españoles se ha inscrito como partido político y quiere presentarse al próximo ciclo electoral, aunque aún no desvelan a qué comicios

Imagen de la manifestación organizada por HSM el pasado 21 de mayo.
Imagen de la manifestación organizada por HSM el pasado 21 de mayo. EFE

Tuvieron su particular momento de auge en los medios de comunicación con cada desalojo de un edificio okupado. Pero desde su surgimiento en 2014 al calor de la crisis económica nunca se habían atrevido a dar el salto a la política. Era la fase de "creación de tejido social", dice ahora de líder y presidenta de Hogar Social, Melisa Domínguez Ruiz. Pero tras el auge de Vox habían quedado eclipsados en el extremo derecho del tablero político.

Ahora quieren intentar dar el salto a las instituciones y se han inscrito como partido en el Ministerio del Interior. Aspiran no sólo a captar votantes que podrían compartir ideas con la formación de Santiago Abascal, sino quieren penetrar a través del discurso obrerista. Su líder defiende que la organización es una "simbiosis extraña" entre "el orgullo de ser español y patriota" del que Vox hace gala y la defensa de las luchas sociales que tradicionalmente ha monopolizado la izquierda y Podemos en los últimos años.

De hecho, no comparten la visión liberal de la economía que tienen los de Abascal, sino que se inclinan más por los postulados intervencionistas, estatalistas y de banca pública que defienden los morados. Eso si, rechazan de plano el discurso integrador de los inmigrantes y los refugiados. Ese es su particular caballo de batalla sobre el que construyen su proyecto político; el cierre de fronteras y la lucha contra la diversidad cultural.

Trasladan a Granada su sede social

"Los españoles primero" o "ayudas sociales para los nacionales". Son lemas que guían a este grupo que se ha extendido con particular fuerza en Granada, donde han ubicado su domicilio social. En Madrid llevan okupando edificios desde sus inicios cuando al nombre 'Hogar Social' le acompañaba el nombre del líder de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), Ramiro de Ledesma.

Desde entonces, han pasado por la antigua sede del No-Do o por el antiguo Banco de Madrid (en la Plaza de Colón). Ahora intentan conseguir fondos para alquilar una sede que les permita seguir dando cobijo a las quince personas que acogen. Si no recaudan el dinero, seguirán okupando. Se trata de un delito leve de usurpación que no les acarrearía mayor problema. Aunque apuntan que desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa, los desalojos se han acelerado y se producen en menos de un mes. 

Aseguran que dotarse de personalidad jurídica al constituirse como partido les permitirá querellarse contra todos aquellos que les tilden de fascistas o neonazis

La organización quiso dejar atrás cualquier relación con la simbología franquista y dicen no identificarse con la imagen "del tradicional empresario con la pulsera de España". Asimismo, aseguran que dotarse de personalidad jurídica al constituirse como partido les permitirá querellarse contra todos aquellos que les tilden de fascistas o neonazis

Domínguez asegura que se enteraron a través de eldiario.es de su aceptación como partido por parte del Interior y afirma no haber recibido todavía notificación oficial alguna. Así que ahora prefieren reservarse el control de los tiempos para desvelar a qué elecciones pretenden concurrir. Su particular implantación en Madrid y en Granada permite adivinar por dónde pueden ir sus intenciones. Y la Eurocámara, donde dieron el salto los líderes de Podemos en 2014, es el trampolín natural para lanzar el proyecto inspirado en el movimiento fascista italiano Casa Pound, que basabasu programa en el derecho a la vivienda, el rechazo a la inmigración y el trabajo para todos los ciudadanos.

Incitación al odio

Además del de su líder, el nombre del resto de integrantes del partido es una incógnita. De momento, no ofrecen nombres de quiénes son el secretario general o el tesorero, o de quién ocupa la asesoría jurídica o las vicesecretarías de acción social o política. Tampoco facilitan los estatutos que, en todo caso, podrán ser modificados a posteriori en el régimen interno respecto a lo que consta en el registro de partidos de Interior.

Una incógnita es el futuro que le espera a su líder por los cargos de incitación al odio que pesan sobre ella a consecuencia del ataque con bengalas a la mezquita de la M-30 en marzo de 2016. Domínguez considera que se trata de "un juicio político al 100%". La acusación popular pide cinco años de cárcel para ella mientras la Fiscalíarebaja la petición de pena a tres años. "Lo recurriremos hasta donde haga falta", concluye.



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