La UCO ya rastrea las nuevas pruebas requisadas en el ático de González

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que actúan como Policía Judicial del magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el 'caso Lezo', Manuel García-Castellón, ya analizan la documentación informática requisada en el ático de lujo del expresidente madrileño y presunto cabecilla de la trama, Ignacio González.

Los guardias están rastreando el contenido de los equipos y dispositivos informáticos requisados en noviembre pasado después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional dictara un auto, el 19 de abril, en el que autorizaba el desprecinto y clonado de los equipos  intervenidos a Ignacio González, procedentes del registro del ático ubicado en la Urbanización Miragolf III de Estepona (Málaga).

Este inmueble de lujo está inmerso en la polémica tras conocerse en 2012 que el expresidente madrileño lo alquilaba a un precio muy por debajo al del mercado. El propietario era la sociedad de Delaware Coast Investors, cuyo representante legal era Rudy Valner, un empleado del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Este último está imputado, al igual que Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, por la juez de Estepona Isabel Conejo.

Inhibición en Estepona

Precisamente, esta juez decidió inhibirse hace dos semanas a la Audiencia Nacional para que el 'caso del ático' se una como pieza separada a 'Lezo', un procedimiento judicial en el que también está imputado Ignacio González. La juez, en consonancia con la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, considera que el dúplex de lujo podría estar relacionado con las presuntas irregularidades vinculadas al Canal de Isabel II.

Además de pedir a la UCO que analice el contenido de los dispositivos requisados en Estepona, y antes de tomar una decisión sobre si asume o no el caso, el instructor también ha autorizado el análisis de los terminales propiedad del exdelegado del Gobierno del PP en Ceuta y amigo de González, de Luis Vicente Moro procedentes del registro del domicilio de este en Marbella, de los terminales requisados en la sede social de la entidad Renta 4 y de un dispositivo incautado a una trabajadora de la constructora OHL, a la que también se analice el contenido de su correo electrónico corporativo.

La UCO ya encontró en los despachos profesionales de Luis Vicente Moro documentación en inglés sobre las comisiones rogatorias enviadas por la juez Isabel Conejo al extranjero. Precisamente, estos auxilios judiciales han sufrido innumerables problemas, tanto de traducción como de gestión, llegando incluso a enviar a los países de destino números de cuenta erróneos.

La autorización a la UCO del juez García-Castellón se limita al examen de aquellas carpetas, archivos, ficheros o datos informáticos que puedan extraerse de la memoria física o virtual de los dispositivos que tengan una relación directa con los hechos que se investigan en el 'caso Lezo'.

"Hechos nuevos"

"En el supuesto de que en el curso de la diligencia se descubrieran hechos nuevos que pudieran ser constitutivos de infracción criminal distinta a la que es objeto de la autorización, deberá comunicarse inmediatamente a la autoridad judicial, al objeto de que pueda acordar lo procedente", completa el juez en el mencionado auto de 19 de abril.

En el registro que realizó la UCO en noviembre el ático de Ignacio González en Estepona, los guardias también encontraron tres billetes de 500 euros dentro de una cartera, que fueron fotografiados, pero que no fueron requisados.

Pese a que la suma no es muy elevada, sobre todo si se comparan con otras vinculadas a la trama, los investigadores apuntaron que su origen podría ser de "pagos de comisiones ilegales ocultación y/o desvío de fondos”.

Lourdes Cavero

Así lo plasmaron los agentes de la UCO en un informe en el que sostienen que “el avance de la investigación ha afianzado los indicios delictivos” contra González y otros acusados, entre ellos su mujer, Lourdes Cavero.

Ignacio González permaneció en prisión desde el mes de abril hasta que en noviembre del año pasado salió en libertad provisional tras el pago de 400.000 euros de fianza.