La evolución en el acceso a la información pública ha ido en claro ascenso desde la puesta en marcha de la Ley de Transparencia hace ya seis años. Pero el triunfo de la moción de censura y la llegada del PSOE de Pedro Sánchez al Gobierno en junio de 2018 hizo que se dispararan las peticiones de información a través del Portal de la Transparencia (Ministerio de Política Territorial y Función Pública). Si en 2017 se cursaron 4.230 solicitudes, en 2019 fueron 7.447 peticiones de información, un incremento del 76.05%. Sólo en el mes de enero de este año ya se han registrado 790.

Los ciudadanos pueden reclamar detalles a los distintos departamentos ministeriales sobre el uso y manejo de los fondos públicos (contratos, subvenciones, campañas). El coste de los desplazamientos del nuevo jefe del Ejecutivo o el desembolso de los diferentes ministerios en la exhumación de Franco, o los gastos de las producciones de RTVE han suscitado gran interés público y de los medios de comunicación. De hecho, el ministerio del Interior se quejaba en una reciente alegación que uno de los periodistas de El Independiente hacía demasiadas preguntas a través de esta vía.

Aunque las Administraciones tienen un mes para facilitar la información solicitada, se pueden dar dos escenarios: que el ministerio deniegue la información acogiéndose a alguno de los supuestos previstos en la norma (seguridad pública, seguridad nacional, relaciones exteriores, intereses económicos y comerciales, confidencialidad, la intimidad, protección de datos…); o que directamente no responda.

Si el ciudadano que pide la información no está conforme con el argumento esgrimido por la Administración para denegar su petición, puede presentar -en el plazo de un mes desde que se le comunica- una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el órgano independiente que vela por el cumplimiento de la norma. Ante el silencio administrativo, también se puede reclamar ante el CTBG.

¿Responde menos este Gobierno?

Comparado con el año 2017, cuando gobernaba el Partido Popular, el aumento de peticiones de información ha conllevado un incremento de las quejas de los ciudadanos ante este órgano, infradotado tanto de medios personales como presupuestarios. Las reclamaciones se han elevado un 66,43% respecto a 2017, pasando de 557 a 927. De ellas, 285 fueron estimadas por el Consejo. 

Aunque sus resoluciones son ejecutivas, es decir, de obligado cumplimiento para los órganos de la Administración, el grado de acatamiento de sus decisiones por parte de la Administración General del Estado cae año tras año. De un 93,5% cumplidas en 2015, bajó a un 84,7% en 2018 y a un 70,9% en 2019. Es decir, crece el número de resoluciones en las que no consta cumplimiento, pasando de un 1,9% en 2017 a un 18,2%. 

Una de las principales fallas de la norma aprobada en 2013 es que el CTBG no tiene capacidad sancionadora, así que no puede hacer otra cosa que presionar públicamente como a través de oficios a los diferentes departamentos ministeriales para que cumplan sus decisiones. Hay casos de que en lugar de dejarlas guardadas en el cajón, los departamentos ministeriales recurren las resoluciones del CTBG ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Los datos reflejan que este tipo de litigios pasa del 4,7% en 2017 al 8,4% en 2019. La mayoría son recurridas no por los ciudadanos (20% en 2019), sino por las propias administraciones (80%). En 2017, estas últimas eran el 88,4%.

¿Quién cumple?

¿A quiénes preguntan más los usuarios del Portal de la Transparencia? De las 25.521 solicitudes en los años de vigencia de la ley, el Ministerio del Interior se lleva la palma con 4.218 peticiones de información (16,53%). Le siguen Fomento (2.704), Hacienda (2.596) y Política Territorial y Función Pública (2.253). A continuación se sitúan los departamentos de Justicia (1.538), Defensa (1.292) y Presidencia (1.280).

En 2019, el 41,2% de las reclamaciones contra el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska fueron por haber dado la callada por respuesta (45 de 119), un porcentaje algo superior al de 2017 (33,82%), 23 de 68. 

A cierre de 2019, hay 52 resoluciones en las que el CTBG no tiene constancia de cumplimiento. Diecisiete son de Interior. Entre ellas están la metodología de cálculo de asistencia a la manifestación del 8-M en Madrid, los datos sobre menores inmigrantes rescatados, información policial sobre incidentes en la manifestación del Orgullo; o memorias justificativas de subvenciones a sindicatos de la Policía Nacional. En 2016, este Departamento sólo dejó dos sin cumplir y, en 2017, tres. 

En el caso del ministerio y de la secretaría general de Presidencia, son 11 reclamaciones las que permanecen en el cajón. Entre ellas, se pide información sobre el nombramiento, ceses y retribuciones de personal eventual en 2016 y 2018; sobre los medios de transporte oficiales utilizados por el presidente del Gobierno en sus desplazamientos o el coste de alguno de sus viajes; y hay una relativa a las comunicaciones oficiales entre el Presidente del Gobierno y el de la Generalitat. Además, han acabado ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo otras dos sobre las comunicaciones con el Vaticano acerca de la exhumación de Franco.