Política

Las consultas y quejas sobre la transparencia del Gobierno se disparan con Sánchez

Las reclamaciones ante al Consejo de Transparencia crecieron un 66% entre 2017 y 2019, mientras que las consultas a través del Portal de la Transparencia se elevaron un 76%, con preguntas sobre los desplazamientos del presidente en el Falcon o la exhumación de Franco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobrevolando las zonas más afectas por la borrasca 'Gloria' en la Región de Murcia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobrevolando las zonas más afectas por la borrasca 'Gloria' en la Región de Murcia. Moncloa

La evolución en el acceso a la información pública ha ido en claro ascenso desde la puesta en marcha de la Ley de Transparencia hace ya seis años. Pero el triunfo de la moción de censura y la llegada del PSOE de Pedro Sánchez al Gobierno en junio de 2018 dispararon las peticiones de información estatal a través del Portal de la Transparencia (dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública). Si en 2017 se cursaron 4.230 solicitudes, en 2019 alcanzaron las 7.447; un incremento del 76.05%. Sólo en el mes de enero de este año ya se han registrado 790.

Los ciudadanos pueden reclamar detalles a los distintos departamentos ministeriales sobre el empleo de los fondos públicos (contratos, subvenciones, campañas...). El coste de los desplazamientos del jefe del Ejecutivo en el avión Falcon, el desembolso de los diferentes ministerios en la exhumación de Franco, o los gastos de las producciones de RTVE han suscitado gran interés público y de los medios de comunicación. El ministerio del Interior llegaba a quejarse en una reciente alegación que uno de los periodistas de El Independiente hacía muchas preguntas (57) a través de esta vía.

Aunque las Administraciones tienen un mes para facilitar la información solicitada, se pueden dar dos escenarios: que el ministerio deniegue en ese plazo la información acogiéndose a alguno de los supuestos previstos en la norma (seguridad nacional, relaciones exteriores, intereses económicos y comerciales, confidencialidad, protección de datos…); o que directamente no responda.

Si el ciudadano que pide la información no está conforme con el argumento esgrimido por la Administración para denegar su petición puede presentar -en el plazo de un mes desde que se le comunica- una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el órgano independiente que vela por el cumplimiento de la norma. Ante el silencio administrativo, también se puede reclamar.

¿Responde menos este Gobierno?

Comparado con 2017, cuando aún gobernaba el Partido Popular, el aumento de peticiones de información ha conllevado también un incremento de las quejas de los ciudadanos ante el CTBG, infradotado desde el principio tanto de medios personales como presupuestarios. Las reclamaciones se han elevado un 66,43% respecto a 2017, pasando de 557 a 927. De ellas, 285 fueron estimadas por el Consejo. Aunque no todas aquellas en las que el ciudadano lleva razón llegan a buen puerto. 

Las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia se elevan un 66,43% respecto a 2017, pasando de 557 a 927

A pesar de que las resoluciones del CTBG son ejecutivas -de obligado cumplimiento para los órganos de la Administración- el grado de acatamiento de sus decisiones por parte de la Administración General del Estado cae año tras año. De un 93,5% cumplidas en 2015, bajó a un 84,7% en 2018 y a un 70,9% en 2019. Es decir, que ha crecido el número de resoluciones en las que no consta cumplimiento, pasando de un 1,9% en 2017 a un 18,2%.

Crece el número de resoluciones en las que no consta cumplimiento, pasando de un 1,9% en 2017 a un 18,2%

Una de las principales fallas de la norma aprobada en 2013 es que el CTBG no tiene capacidad sancionadora, así que no puede hacer otra cosa que presionar públicamente o a través de oficios a los diferentes departamentos ministeriales para que cumplan sus decisiones, explican fuentes del organismo consultadas. Aunque hay casos en los que, en lugar de dejarlas guardadas en el cajón, los ministerios deciden llevar las resoluciones del CTBG ante la Justicia.

Los datos reflejan que este tipo de litigios en la jurisdicción contencioso-administrativa también han crecido desde el 4,7% en 2017 a un 8,4% en 2019. Y la mayoría no son recurridas por los ciudadanos (20% en 2019), sino por las propias administraciones (80%).

Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha dado la razón a la Fundación Civio en su pretensión de conocer los nombres del personal eventual contratado por el Tribunal de Cuentas desde 2010. El organismo, al igual que muchos ministerios sobre los equipos de asesores, se negaba a facilitar la relación de fichados 'a dedo'. 

¿A quién preguntan y quién cumple?

Las cifras reflejan un uso todavía muy limitado de esta herramienta puesta a disposición de los ciudadanos. Por departamentos, de las 25.521 solicitudes registradas en los años de vigencia de la ley en el ámbito estatal, el Ministerio del Interior se lleva la palma con 4.218 peticiones de información (16,53%). Le siguen Fomento (2.704), Hacienda (2.596) y Política Territorial y Función Pública (2.253). A continuación se sitúan los departamentos de Justicia (1.538), Defensa (1.292) y Presidencia (1.280).

Según las estadísticas disponibles, el 41,2% de las reclamaciones contra el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska llegaron en 2019 por haber dado la callada por respuesta (45 de 119). Un porcentaje algo superior al de 2017, cuando no respondió a 23 de 68 (el 33,82%). 

De las 52 resoluciones en las que el CTBG no tenía constancia de cumplimiento al cierre de 2019, diecisiete son de Interior. Entre ellas están preguntas sobre la metodología de cálculo de asistencia a la manifestación del 8-M en Madrid; sobre los datos de menores inmigrantes rescatados; información policial sobre incidentes en la manifestación del Orgullo; o memorias justificativas de subvenciones a sindicatos de la Policía Nacional. En 2016, este Departamento sólo dejó dos sin cumplir y, en 2017, tres. 

En el caso del ministerio y de la secretaría general de Presidencia, son once reclamaciones las que permanecen en el cajón. Entre ellas, se pide información sobre el nombramiento, ceses y retribuciones de personal eventual; sobre los medios de transporte oficiales utilizados por el presidente del Gobierno en sus desplazamientos o el coste de alguno de sus viajes; y hay una relativa a las comunicaciones oficiales entre el Presidente del Gobierno y el de la Generalitat. Además, han acabado ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo otras dos sobre las comunicaciones con el Vaticano acerca de la exhumación de Franco.

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