Juicio del 'procés' Torrent respalda la actuación de Forcadell: "El Parlament no es un órgano censurador"

El presidente de la Cámara catalana ha advertido de que los catalanes votarán de nuevo para resolver el "conflicto político"

Roger Torrent, a su llegada al Supremo.
Roger Torrent, a su llegada al Supremo. EFE

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha mantenido ante el tribunal que juzga la causa del 'procés' el discurso que exhibió la semana pasada la expresidenta de la Cámara catalana Carme Forcadell en su declaración como acusada. Ha insistido en que desde la Mesa "no se puede inadmitir una iniciativa parlamentaria". Y ha señalado que cualquier presidente que lo haga, estaría censurando y limitando el trabajo de los diputados. "La Mesa no entrar nunca a valorar el fondo de las propuestas. Es un órgano político no es un órgano censurador", ha dicho.

La semana pasada, Forcadell argumentó que no atendió el mandato del Tribunal Constitucional de detener la comisión del proceso constituyente porque, a su juicio, dicha orden vulneraba derechos fundamentales como la libertad de expresión, el pluralismo político y el debate parlamentario. Y señaló que, a su juicio, la disposición del órgano judicial iba en contra de la labor de la Mesa de "favorecer el debate". De obedecer, añadió, se daría cabida a la censura dentro de la Cámara, algo que terminaría "socavando el sistema democrático". 

Durante toda su comparecencia, el apoyo de Torrent a Forcadell ha sido directo y reiterado: "Yo en su lugar hubiese hecho exactamente lo mismo: proteger el parlamentarismo". En respuesta a las preguntas de la acusación popular ejercida por Vox -a quién ha calificado de extrema derecha-, la Fiscalía y la Abogacía del Estado ha hecho hincapié en que, a su juicio, la que fuera presidenta del Parlamento catalán no podía hacer otra cosa que admitir a trámite las propuestas presentadas los días 6 y 7 de septiembre de 2017

Carme Forcadell, en el Tribunal Supremo
Carme Forcadell, en el Tribunal Supremo

Torrent ha asegurado este lunes que la Ley de Transitoriedad que se aprobó aquellos días en la Cámara para facilitar el tránsito de la autonomía a la República catalana, "nunca" se hizo efectiva ni tuvo efectos jurídicos. Ante la insistencia de Vox sobre si el objetivo de las leyes de desconexión era la independencia de una parte del territorio español, Torrent solo ha asegurado que la finalidad era que "la gente pudiera votar y decidir libremente su futuro".

"Yo voté el 1-O. Votaron dos millones. Y tengan presente de que volveremos a votar. Volveré a votar. El conflicto político solo se solucionará en el ámbito político", ha advertido el diputado independentista a la acusación popular. 

"Es un órgano gubernativo"

Otra versión ha sido la de José María Espejo-Saavedra, miembro de la Mesa del Parlament por Ciudadanos, llamado como testigo por la Fiscalía. El diputado de Ciudadanos ha asegurado ante el tribunal que el presidente de la Cámara catalana tiene voto de calidad y tiene como deber el "garantizar los derechos" de todos los diputados.

En su declaración, ha insistido en que la Mesa no es un órgano político, sino "un órgano gubernativo". "Es obligación de la Mesa cumplir el reglamento, las leyes, la Constitución y el Estatuto", ha subrayado.

José María Espejo-Saavedra, miembro de la Mesa del Parlament por Cs.
José María Espejo-Saavedra, miembro de la Mesa del Parlament por Cs. EFE

Espejo-Saavedra ha recordado a la fiscal Consuelo Madrigal que, en cada una de las reuniones celebradas por la Mesa en las que se calificaban propuestas parlamentarias contrarias al mandato del Constitucional, advirtió de que "aquello no se podía admitir" porque habían sido alertados por orden judicial.

"Retorciendo absolutamente el Reglamento, impidieron a los diputados acudir al Consejo de Garantías Estatutarias, fue el propio Consejo quien a motu proprio emitió un documento en el que decía que los diputados tenían derecho a introducir enmiendas", ha denunciado.

El diputado David Pérez Ibáñez (PSC) también ha declarado este lunes como testigo. En su comparecencia, ha admitido que los miembros de la Mesa fueron notificados por el Constitucional de su obligación de impedir propuestas parlamentarias que impulsaran el referéndum del 1-O. Según ha dicho, se le denegó la redacción de informes sobre dichas iniciativas.


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