Política

Torra desafía a la Junta Electoral y se niega a retirar los lazos amarillos

El presidente de la Generalitat protesta en un comunicado por que se exija su retirada y también defiende que la 'estelada' es una reivindicación "democrática, legítima, legal y no violenta"

Vista de la fachada del Palau de la Generalitat de donde cuelga, junto a la bandera catalana, un cartel y un lazo amarillo.
Vista de la fachada del Palau de la Generalitat de donde cuelga, junto a la bandera catalana, un cartel y un lazo amarillo. EFE

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este miércoles que mantiene el lazo amarillo en la fachada del Palau de la Generalitat y ha enviado un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) protestando por que se exija su retirada. En él alega la "dificultad legal de cumplir" el requerimiento de retirar los lazos amarillos y las banderas independentistas.

En el comunicado, enviado antes de que venciera el plazo máximo de 48 horas, también ha defendido que la bandera 'estelada' es símbolo de un anhelo de libertad y una reivindicación "democrática, legítima, legal y no violenta", y ha criticado que tener que retirarla sería una censura a la libertad de expresión por parte del Estado.

La JEC alega que ambos son "símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones". Sin embargo, en la fachada del Palau de la Generalitat sigue colgando también la pancarta con el lema "Libertad presos políticos y exiliados", en catalán e inglés.

Posibles consecuencias

En su recurso, Torra acusa a la JEC de incurrir en una "ausencia de imparcialidad", ya que al prohibir esos símbolos en favor de los líderes independentistas encausados por el 1-O está "reconociendo unos ideales de partidos que concurren a las elecciones" y que están en contra.

Tanto Quim Torra, como otros altos cargos del Gobierno catalán se exponen a multas de 300 a 3.000 euros e incluso a una denuncia por desobediencia en la Fiscalía si no retiran los símbolos independentistas de los edificios públicos. 

De entrada, el primer señalado es el president, que aparece citado expresamente en la resolución de la JEC porque fue él quien presentó las alegaciones de la Generalitat ante la denuncia inicial de Ciudadanos, en lugar de delegar en la Consejería de Presidencia, que es donde la Junta Electoral había remitido el escrito.

Una vez que acabe el ultimátum, tanto el partido denunciante, Ciudadanos, como las juntas electorales provinciales, a quienes la JEC remitió su resolución, podrán hacer un seguimiento y denunciar los incumplimientos en cada edificio.

Las juntas provinciales podrán abrir después un expediente, dando a la Generalitat la oportunidad de presentar alegaciones, y finalmente podrá concluir con una sanción que, según el artículo 153.1 de la LOREG, va de 300 a 3.000 euros en el caso de mandatarios públicos.

Posible denuncia

Y, además de esta sanción administrativa por infracción electoral, una junta electoral puede acordar también la remisión del expediente a la Fiscalía al entender que se ha producido un delito de desobediencia.

En la resolución de la JEC se recuerda que, tanto el lazo amarillo por los presos del proceso independentista, como la bandera 'estelada' de los independentistas "son símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones".

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