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Política

Torra calienta su juicio por desobediencia y dice que acusará al Estado de "vulnerar" sus derechos

Quim Torra en el Parlament.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que este lunes no se defenderá de nada en el juicio en el que se le acusa de un presunto delito de desobediencia, sino que irá a "acusar al Estado de vulnerar" sus derechos y los de todos los ciudadanos, ha afirmado este domingo en un 'Dinar groc' en Bescanó (Gerona).

"Mañana no voy a defenderme de nada porque cumplí mi deber como President: defender los derechos y las libertades", ha sostenido el presidente catalán en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, y ha agradecido al quienes le han apoyado. 

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunña (TSJC) le juzgará este lunes por un presunto delito de desobediencia por no haber acatado la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat en periodo electoral.

Torra será juzgado al haber mantenido en el Palau y en edificios públicos de la Generalitat 'esteladas' y la pancarta 'Libertad presos políticos' con un lazo amarillo, en el periodo electoral de las generales del 28 de abril de 2019, pese a la orden de la JEC de retirarlo. El presidente acudirá sobre las 8.30 horas arropado de los miembros de su Govern, Òmnium Cultural, ANC, AMI y ACM, y hará un recorrido a pie desde el Arc de Triomf hasta el Alto Tribunal catalán, donde el juicio empezará a las 9.00 horas.

El primero en declarar en el juicio será Torra como acusado, y durante la mañana se espera la declaración de una decena de policías y del excomisario jefe de Mossos Miquel Esquius. En la sesión de la tarde declarará a partir de las 16 horas el portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; la exportavoz del Govern y concejal de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi; el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y el conseller de Interior, Miquel Buch.

Aunque el juicio tenía que celebrarse el 25 y 26 de septiembre, coincidiendo con el Debate de Política General en el Parlament, finalmente el TSJC lo reprogramó para el 18 de noviembre porque tenía que resolver las recusaciones presentadas contra el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y la magistrada Mercedes Armas, así como contra el magistrado Carlos Ramos, instructor de dichas recusaciones.

La Fiscalía Superior de Cataluña pide condenarle a una inhabilitación de un año y ocho meses por un presunto delito de desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) y multarle con 30.000 euros.

La acusación popular ejercida por Vox solicita para el presidente una multa de 72.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años, que incluye su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cualquier otro cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo.

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