Juicio del procés Dos testigos implican a la Generalitat en la malversación del 1-O

La imprenta donde encargaron los carteles dice que había que facturar al Govern y el diseñador gráfico señala a un cargo del Ejecutivo de Puigdemont como la persona que le pidió el trabajo

Captura de la señal del Tribunal Supremo durante la sesión del juicio del 'procés' celebrada este martes.
Captura de la señal del Tribunal Supremo durante la sesión del juicio del 'procés' celebrada este martes. EFE

Los testigos encargados de rediseñar e imprimir los carteles del 1-O señalan a la Generalitat como la entidad que estaba detrás de estos trabajos e incluso que iba a pagar por ellos. El comercial de la imprenta Artyplan ha dicho en el Tribunal Supremo que lo que le dijeron a él es que pagaría el Ejecutivo autonómico mientras que el diseñador gráfico ha vinculado a un cargo del Govern como la persona que le encargó los trabajos.

Estas declaraciones tienen relevancia en relación con la presunta malversación de fondos públicos de la que se le acusa a los líderes independentistas. El Código Penal castiga a los que "teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado".

Enrique Mary Iriarte trabajaba en la citada imprenta cuando el 7 de septiembre recibieron la llamada de una persona de Òmnium Cultural, cliente habitual de la casa. En este caso preguntaban por un presupuesto urgente relacionado con la impresión de cartelería sobre el 1-O. En el marco de este encargo, al día siguiente Mary Iriarte se reunió en una librería con un diseñador gráfico llamado Enric Vidal.

"Les corría mucha prisa"

Siempre según la versión del empleado de la imprenta, este diseñador le dijo que a quien había que facturar esos trabajos no sería Òmnium, sino la Generalitat, aunque no especificó a qué Departamento concreto. “Les corría mucha prisa”, ha recordado. Para entonces, el referéndum ya había sido anulado por el Tribunal Constitucional. En otro momento del interrogatorio ha dicho que en ocasiones Òmnium Cultural les pedía que facturasen "a la ANC (Asamblea Nacional Catalana) o a otros partidos".

Antes que Mary Iriarte, ha declarado también en calidad de testigo el diseñador gráfico Enric Vidal, quien en ningún momento ha confirmado que los trabajos hubiese que facturarlos a la Generalitat -ahí han incurrido en una contradicción entre ambos-, pero sí ha señalado a un alto cargo del Ejecutivo de Carles Puigdemont como la persona que acudió a él para canalizar la impresión de los carteles. Ha apuntado a Antoni Molons, exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat.

Antoni Molons
Antoni Molons EFE

Este alto cargo se presentaba siempre como “Tony”. Este nombre llevaba dos sesiones en boca de testigos, abogados y fiscales en el juicio del 'procés'. Saber la identidad de este misterioso personaje era importante porque a él es a quien se atribuye la responsabilidad de haber encargado la impresión de la cartelería del referéndum ilegal del 1-O.

La identidad del "tal Tony"

Molons fue detenido hace ahora un año y fue precisamente a raíz de este arresto y su aparición en los medios de comunicación cuando el diseñador gráfico llegó a la conclusión de que esa persona “podría ser” el “tal Tony” con quien se llegó a reunir semanas antes del referéndum. “Supuse que era él”, ha declarado este martes en el Supremo. Esa sospecha la reforzó después la Guardia Civil al incautar a Molons una tarjeta telefónica con el número del testigo. "Si me llamó es porque tendría mi teléfono", se ha limitado a contestar Vidal.

Este diseñador ha explicado que el “tal Tony” le entregó un teléfono para que se comunicase con él y un lápiz de memoria con el diseño de la cartelería que había que ampliar e imprimir. Esos carteles llevaban el sello de la Generalitat. El papel de Vidal era ponerse en contacto con tres imprentas que el propio "Tony" le indicó para llevar a cabo el impreso.

Los dos testigos han dicho que finalmente esos trabajos no se pagaron. Artyplan iba a recibir por el trabajo “17.250 euros”, pero finalmente no se facturaron porque no se entregó. “La empresa decide no entregarlo porque hay dudas de parte de Enric Vidal para no solaparse con las otras dos empresas. Nos dijo a las tres empresas los mismos sitios, después dudó y no se hizo al final la entrega”, ha explicado Mary Iriarte. Por su parte, Enric Vidal ha dicho que tampoco cobró por el encargo y ni siquiera lo intentó. “Después de ver el panorama, uno no se esfuerza mucho por cobrar este trabajo”, ha señalado en alusión a la ilegalidad del 1-O.

Tentativa de malversación

La actuación de los miembros del exGovern de Carles Puigdemont que investiga el Tribunal Supremo por malversación -que de ser agravada, por más de 250.000 euros, puede conllevar penas de hasta 12 años de cárcel- también puede ser perseguida para los gastos concretos que no llegaran a abonarse a través de las figura de la tentativa de malversación, de la malversación frustrada e incluso a través del delito de administración desleal, reformado en 2015 para perseguir también a quienes lo cometan respecto del patrimonio público, según expertos juristas consultados.

Defienden esta posibilidad en relación con el hecho de que que la Generalitat no llegara a pagar determinadas facturas y otro tipo de gastos que se habrían programado o generado para financiar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Otros juristas son más contundentes y afirman que la malversación es administración desleal del dinero público, por lo que asumir deudas o contratar ilegalmente con repercusión económica negativa sobre los caudales públicos, ya es malversación, aunque no se llegarán a realizar los pagos.

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