¿Por qué no podemos dejar de pagar a los diputados como propone Errejón?

El candidato de Más País, Íñigo Errejón, trató esta semana de reforzar la idea de que una de las razones de ser de su partido es evitar unas terceras elecciones si persiste la falta de acuerdo. Aunque las encuestas le dejan en una posición residual en el nuevo Parlamento que salga del 10-N, el ex número dos de Podemos planteó congelar el abono del salario a los diputados hasta que consigan ponerse de acuerdo para formar un Ejecutivo. "Así veríamos como los cálculos de partidos darían paso a más generosidad. Frente al bloqueo hacen falta medidas excepcionales", señaló. 

La propuesta no es nueva sino que el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ya lanzó la idea el pasado mes de julio ante la situación de parálisis y la llegada de las vacaciones de verano. "Gobierno que no se constituye, político que no cobra", afirmó. Pero, ¿es posible jurídicamente suspender temporalmente el abono del salario de los diputados? 

En principio, la propuesta confunde el papel del Parlamento y parece trasladar que la única función de las Cortes Generales tras unas elecciones es otorgar la confianza a un nuevo presidente del Gobierno. Sin embargo, los diputados tienen la posibilidad desde que son elegidos de iniciar la actividad legislativa a través de la presentación de proposiciones de Ley y otro tipo de iniciativas. 

Otra cosa es que, ante la falta de mayorías suficientes, lleguen a buen puerto o queden congeladas. Pero poco tiene que ver con la existencia o no de Gobierno. El Congreso acumula un lustro de parón legislativo en el que la producción de leyes orgánicas ha caído de forma notable. Por otro lado, los diputados pueden controlar al Ejecutivo en funciones a través de preguntas escritas, de las distintas comisiones o la Diputación Permanente fuera del período ordinario de Sesiones. Este órgano o el propio Pleno también se convoca para la convalidación de los decretos del Gobierno en el plazo máximo de un mes. 

Aunque la carga de trabajo de los parlamentarios esté bajo mínimos a ojos del ciudadano, ¿tendría sentido que hiciesen todo esto sin percibir ingresos por el hecho de que los partidos no alcanzasen un acuerdo para formar Gobierno? 

En la época medieval, los procuradores cobraban un "salario de procuración" con el que podían cubrir los gastos asociados a su cargo. Esta figura se mantuvo para los diputados de las Cortes de Cádiz y durante el siglo XIX los diputados desarrollaban sus funciones en base al honor que suponía ostentar el cargo.

Pero cuando miembros de todos los grupos sociales comienzan a incorporarse a los nuevos parlamentos, comenzó a hacerse patente la necesidad de recompensar a los diputados con una retribución acorde a su puesto. Un extremo que contempla ya la Constitución de 1931 y que en la Carta Magna recoge en el artículo 71.4.

Diputados y senadores recibirán una "asignación que será fijada por las respectivas Cámaras". Por su parte, los Reglamentos de ambas Cámaras desarrollan el precepto. Fuentes parlamentarias consultadas ven inviable la posibilidad de que se retrase o se llegue a suspender el pago de la asignación a los diputados hasta que haya Gobierno. Ni siquiera aunque los miembros de la Mesa del Congreso -el órgano de gobierno de la Cámara- alcanzasen un acuerdo a todas luces imposible. 

Por su parte, la propuesta de Vox y Más País lleva implícito un componente elitista, en el sentido de que condicionar el pago de la asignación constitucional a los parlamentarios mermaría los incentivos para aquellos que dejan su puesto de trabajo en la empresa privada para ostentar un cargo público en comparación con funcionarios o aquellos con suficientes ahorros y rentas como para presentarse a los comicios sin la garantía de recibir una compensación acorde al cargo.