Elecciones 10-N ¿Puede congelarse el sueldo a los diputados hasta que haya nuevo Gobierno?

Errejón recupera una propuesta que Vox presentó en julio. Pretende articularla a través de un cambio del Reglamento de dudosa viabilidad constitucional y que cuenta con el rechazo del resto de fuerzas

El presidente y la vicepresidenta del Gobierno en funciones Pedro Sánchez y Carmen Calvo, en su escaño del Congreso.
El presidente y la vicepresidenta del Gobierno en funciones Pedro Sánchez y Carmen Calvo, en su escaño del Congreso. Eduardo Parra / Europa Press

El candidato de Más País, Íñigo Errejón, trató esta semana de reforzar la idea de que su partido nació para evitar unas terceras elecciones generales en caso de que persista el bloqueo tras los comicios de este domingo. Aunque las encuestas le dejan en una posición residual en el nuevo Congreso que salga del 10-N, el ex número dos de Podemos ha planteado congelar temporalmente el abono del sueldo a los diputados como medida de presión para forzar el acuerdo de cara a la investidura. "Así veríamos como los cálculos de partidos darían paso a más generosidad. Frente al bloqueo hacen falta medidas excepcionales", señaló. 

La propuesta no es nueva, sino que el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros,ya la puso sobre la mesa el pasado mes de julio ante la situación de parálisis y la llegada de las vacaciones de verano sin haberse constituido aún las comisiones. "Gobierno que no se constituye, político que no cobra", afirmó. 

Pero, ¿es jurídicamente posible suspender momentáneamente el pago del 'salario' de los diputados? El argumento de los de Santiago Abascal era que si la Mesa del Congreso -el órgano de gobierno de la Cámara- es capaz de decidir que los parlamentarios comiencen a cobrar desde el día posterior a las elecciones y no desde el día de la constitución de las Cortes, ¿por qué otro acuerdo no podría retrasar el pago de las 'nóminas' hasta que se elija a un presidente del Ejecutivo? 

En estos días en que tanto se habla de la separación de poderes, la iniciativa parece confundir el papel constitucional del Parlamento y traslada que la única función de las Cortes Generales tras unas elecciones generales fuera la de otorgar la confianza a un nuevo presidente del Gobierno. Sin embargo, los diputados y sus grupos parlamentarios tienen la posibilidad de desarrollar la actividad legislativa desde que son elegidos presentando proposiciones de Ley (entre mayo y septiembre se registraron 58) y otro tipo de iniciativas. 

Preguntas y comisiones

Otra cosa es que, ante la falta de mayorías suficientes, las proposiciones no lleguen a buen puerto o directamente terminen decayendo ante la nueva convocatoria electoral. Pero eso poco tiene que ver con la existencia o no de Gobierno, ya que el Congreso sufrió con Mariano Rajoy en La Moncloa un parón legislativo que hizo caer la producción de leyes orgánicas a niveles históricos.

Junto a la de producir normas, la otra función principal de los diputados es la de controlar al Ejecutivo; también cuando está en funciones. Durante esta legislatura fallida, se registraron 5.420 preguntas escritas dirigidas al Gobierno; 96 solicitudes de información a la Administración General del Estado; se solicitaron 17 comparecencias de autoridades y funcionarios en Comisión; se promovió la reprobación de una ministra; se dirigieron 154 preguntas a la corporación RTVE; y se convalidaron tres reales decretos en la Diputación Permanente.

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, se ganó las críticas de toda la oposición por ralentizar al máximo la puesta en marcha de este último órgano y de las comisiones. Pero aunque la carga de trabajo de los parlamentarios esté a todas luces bajo mínimos, ¿tendría sentido que los diputados hiciesen esas funciones sin tener asegurada una percepción de ingresos por el hecho de que sus respectivos partidos no alcancen un acuerdo para formar Gobierno? Sobre todo, a la vista del régimen de incompatibilidades al que están sujetos los parlamentarios. 

La intención de los de Errejón, según fuentes del partido, pasaría por presentar su iniciativa en la Comisión del Estatuto del Diputado y en la Comisión de Reglamento para implantar una reforma que el resto de partidos -salvo Vox- critica y rechaza. Pero son conscientes de que en esos órganos la iniciativa se daría de bruces con la oposición del resto de fuerzas parlamentarias. Aunque si la propuesta eventualmente saliese adelante, los letrados ven inviable que un eventual acuerdo de la Mesa pudiera servir para congelar el pago que prevé el artículo 71.4 de la Constitución para los parlamentarios.

Diputados y senadores recibirán una "asignación que será fijada por las respectivas Cámaras", dice la Carta Magna. Por lo tanto, tendría un carácter obligatorio y no podría ser suspendida salvo en casos como el de los diputados catalanes independentistas que estaban en prisión provisional por la causa del procés y fueron suspendidos de sus funciones, derechos y deberes. El Reglamento de la Cámara Baja precisa que "los Diputados percibirán una asignación económica que les permita cumplir eficaz y dignamente su función". 

Los Diputados percibirán una asignación económica que les permita cumplir eficaz y dignamente su función"

Reglamento del Congreso

En la época medieval, los procuradores de Cortes ingresaban un "salario de procuración" con el que cubrían los gastos asociados a su cargo. La figura se mantuvo para los diputados de las Cortes de Cádiz y durante el siglo XIX los diputados desarrollaban sus funciones gracias al honor que suponía ostentar el cargo representativo. Todos los que se lo podían permitir. Pero cuando miembros de todos los grupos sociales comienzan a incorporarse a los nuevos parlamentos, se empezó a hacer patente la necesidad de recompensar a los diputados con una retribución acorde a su puesto. 

Por eso, al margen de las dudas sobre la legalidad del cambio, desde las filas del antiguo partido de Errejón critican el "sesgo elitista" que lleva aparejada la propuesta para el acceso a puestos de representación pública por parte de personas de la sociedad civil.

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