Desafío soberanista

Los soberanistas renuncian a convencer a la justicia española a la espera del respaldo de Europa

Los procesados cambian de estrategia: se niegan a responder las preguntas de la Fiscalía y acusan al juez Pablo Llarena de llevar a cabo un "juicio político" contra la ideología independentista

Los exconsellers Turull, Junqueras y Romeva, anunciando los preparativos del referéndum del 1 de octubre.
Los exconsellers Turull, Junqueras y Romeva, anunciando los preparativos del referéndum del 1 de octubre. EFE

Los líderes independentistas procesados en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos han renunciado a convencer de su inocencia al instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, a la espera de que Alemania, Bélgica, Reino Unido y Suiza impidan o limiten las extradiciones de Carles Puigdemont, de los tres exconsellers fugados y de Marta Rovira, algo que perjudicaría la viabilidad del juicio contra el 'procés'.

Este es el motivo que explica que tanto el lunes el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, y los líderes soberanistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, como este martes los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Joaquim Forn, hayan rechazado responder a las preguntas de los fiscales, en un claro cambio de estrategia, que pasa por desacreditar al juez Pablo Llarena, al Tribunal Supremo (TS) e incluso al Poder Judicial español.

Además este martes, como ya sucedió en las indagatorias del lunes, ninguno de los procesados ha entrado a rebatir los hechos que recoge el auto de procesamiento más allá de negar que haya habido violencia, según han confirmado a Vozpópuli fuentes de la acusación y de las defensas de los investigados.

Juicio único

De esta forma, los secesionistas esperan que la justicia de estos tres países hagan inviable que se celebre un único juicio en España por el 'procés', en el que ocho de los procesados estarían acusados de los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, por los que podrían ser condenados a un máximo de 37 años de cárcel; mientras que los otros cinco procesados, que permanecen fugados, sólo se sentarían en el banquillo por malversación, un delito que implica un máximo de 12 años de prisión.

"Estaríamos en la situación que precisamente no quería Llarena cuando rechazó ordenar de detención de Puigdemont en Bélgica y en Dinamarca, ya que consideraba que eso viciaría el juicio", relatan a Vozpópuli fuentes de las defensas de los procesados, que ponen de manifiesto que la intervención de la justicia europea obligará al tribunal encargado de juzgar a los acusados en el Supremo, si es "justo de verdad", a paralizar la vista oral.

Carles Puigdemont en Berlín
Carles Puigdemont en Berlín EFE

Llarena rechazó tramitar la orden de detención europea solicitada por la Fiscalía del Tribunal Supremo a Dinamarca en un auto, de 22 de enero, en el que explicaba que las órdenes de detención "podían introducir una restricción inaceptable del objeto del proceso, pues al ser posible que el Estado requerido (…) denegara parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se posibilitaba una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentren fugados".

Es decir, que no quería que los fugados sólo fueran juzgados en España por los delitos de menor pena, como podría ser en el caso de Puigdemont la malversación. En el mencionado auto de 22 de enero, Llarena ya anunciaba que este doble rasero, impuesto por los países en los que están fugados los procesados, "dificultaría la respuesta homogénea que había justificado la acumulación de las actuaciones ante este tribunal".

Connivencia con el Gobierno

Este cambio de estrategia pasa, especialmente, por desacreditar la instrucción de Llarena, a quién también le acusan de connivencia con el poder político, en concreto con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Por eso, el exconseller Rull dio entender en su declaración del martes que el juez actúa en coordinación con el Gobierno de Mariano Rajoy. Y señaló que Catalá, "ha anticipado sus decisiones" judiciales en algunas ocasiones, unas predicciones que luego "se han cumplido".

Además, y a falta de las declaraciones de este miércoles, cinco de los seis exconsellers que ya han comparecido en el Supremo, con la excepción del exconseller de Interior catalán Joaquim Forn, han lanzado duras críticas contra la imparcialidad del juez Llarena, al que acusan de llevar a cabo "un juicio político" contra las ideas independentistas.

Los exmiembros del Govern (de izda. a dcha.) Joaquín Forn, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull
Los exmiembros del Govern (de izda. a dcha.) Joaquín Forn, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull EFE

Por su parte, Forn no ha participado en estas críticas y ha pedido al juez que revise su prisión incondicional al defender su arraigo personal y su abandono de la política como razones para pedir su puesta en libertad, una petición inusual en este tipo de trámite y a la que el juez se ha opuesto, según informa Efe.

Además Forn ha defendido que durante su cargo como conseller de Interior siempre fue un cumplidor de la Ley, algo que siempre trasladó a los Mossos d'Esquadra.



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