El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, está en tierra de nadie. La movilización convocada por las principales asociaciones agrícolas en defensa de unos precios justos y contra la falta de ayuda no ha dejado en una situación cómoda al dirigente socialista. Está recibiendo críticas por parte de todo el espectro político.

A las acusaciones provenientes de Partido Popular, Ciudadanos y Vox se suman también las de los sindicatos UGT, CCOO y Unidas por Extremadura, la confluencia conformada por Podemos, Izquierda Unida, Extremeños y Equo.

El primer bloque le señala por "mirar para otro lado" y de "tibieza" a la hora de respaldar al sector frente a la subida del SMI promovida desde el Ejecutivo y otras medidas que supuestamente perjudican a los agricultores.

El paro aumentó en Extremadura en 18.700 personas en el último trimestre de 2019. Es decir, un 19%

El segundo bloque le atiza por "hacer suyo el discurso de la derecha más rancia del campo" al vincular el nuevo SMI con el auge del desempleo. De esta forma, los sindicatos han arropado a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y le han dejado solo.

Unidas por Extremadura también se ha alineado con la titular de Trabajo. Díaz asegura que la destrucción de empleo que se ha producido en 2019 en el sector agrario se debe exclusivamente a factores estructurales, como el clima y los robots.

El paro aumentó en Extremadura en 18.700 personas en el último trimestre de 2019. Es decir, un 19%. El pasado martes, el dirigente socialista anunció que iba a solicitar una reunión con Díaz para analizar el impacto que podría estar teniendo en el campo extremeño la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Fernández Vara insiste: "Algo ha ocurrido"

Los datos que arroja la última Encuesta de Población Activa (EPA) son pésimos: el sector agrario cierra el año con más de 7.000 parados más. Para Fernández Vara, "es un salto tan espectacular que algo ha pasado".

En el encuentro iba a poner sobre la mesa "alguna compensación" en busca de paliar el efecto que podría estar teniendo ese incremento en las zonas donde están teniendo problemas. De acuerdo al presidente extremeño, aplicar un salario mínimo diferente a cada territorio es condenar a los que tienen rentas más bajas a seguir teniéndolas.

De aquellas declaraciones han pasado tres días y la lluvia de críticas no ha cesado. La ministra ha cuestionado sus palabras y también UGT, CCOO y Unidas Podemos.

La ministra Díaz ha criticado el discurso en el que Fernández Vara vincula la subida del SMI a la del desempleo. UGT, CCOO y Unidas Podemos respaldan a Díaz

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no cree que la complicada situación de los agricultores extremeños esté relacionada con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), y calificó a los miles de manifestantes que acudieron a Don Benito de ser la "derecha terrateniente" y "carca".

El secretario de CCOO, Unai Sordo, señaló que "no está fundamentada científicamente la denuncia de Vara", tras lo que ha insistido en que "todos sabemos de los problemas estructurales del campo, como los precios a los productores anormalmente bajos".

La portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, ha tachado la posición del socialista extremeño de "absoluta deslealtad" hacia el gobierno de coalición nacional. "Vara ha comprado el discurso de la derecha en vez de defender las medidas de gran calado social que beneficiarán a la mayoría social extremeña", ha criticado.

"Una vez más, es el abanderado del PSOE más derechizado", ha manifestado para después pedirle que rectifique y que empiece a empujar al gobierno de coalición, "que demasiados enemigos tiene ya para que encima le salgan enemigos dentro de sus propias filas".

Vara aclara que no rechaza la subida del SMI

Fernández Vara se ha visto obligado a aclarar que "en ningún momento" ha negado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aunque sí ha abogado por "analizar las consecuencias que tiene en cada uno de los territorios", máxime "en escenarios tan diferentes como los que hay hoy en España".

Ha reafirmado que huye "de la polémica", tanto con la ministra de Trabajo como con los sindicatos, ya que "a todos nos preocupa lo mismo", pero insiste en que "algo ha ocurrido, y si no es una cosa tendremos que definir cuál es, y para eso están los técnicos en la materia".

La patronal agraria pide soluciones. Con unos precios por debajo de lo que se cobraba hace 25 años y una subida salarial del 30% en el último año, las explotaciones, aseguran, están al límite de su rentabilidad. 

La Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex) insiste en que el suyo es un sector que "no cobra ningún tipo de ayudas directas de la PAC y por lo tanto vive exclusivamente del valor de su producción y del trabajo de sus agricultores".

La organización, que ha dejado claro que las empresas asociadas siempre han cumplido con la legalidad y por lo tanto ya están aplicando el RD del salario mínimo interprofesional (SMI) en la región, se ha puesto a disposición de las administraciones y agentes sociales para trabajar "en conjunto, buscar las mejores soluciones y ayudar a los agricultores": "No se puede permitir la despoblación de la región y la desaparición de los agricultores".