Política

El sector social alerta de una ola de dependientes muertos en casa si no se actúa ya

Gerentes de Servicios Sociales inciden en el riesgo que supone la paralización de la asistencia a los mayores confinados en sus domicilios

El Gobierno aún no ha dado a conocer el número de víctimas mortales que la covid-19 ha dejado en las residencias.
El Gobierno aún no ha dado a conocer el número de víctimas mortales que la covid-19 ha dejado en las residencias.

El déficit de recursos del sector de los Servicios Sociales era una olla a presión que la crisis provocada por el coronavirus ha hecho estallar. Al drama de las residencias de ancianos, zona cero de la pandemia, se suma ahora la paralización del Sistema de Atención a la Dependencia. Más de la mitad de los solicitantes (54%) tienen más de 80 años.

Según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el balance del mes de abril presenta 7.396 beneficiarios y 15.421 personas con derecho a ayudas menos que el mes anterior. A su vez, el volumen de personas pendientes de valoración de dependencia ha experimentado un aumento y ya ascienden a 153.306, lo que supone 2.744 más que en marzo.

En España mueren al día cerca de 85 personas en situación de dependencia sin recibir la prestación o servicio al que tienen derecho

En total, en España mueren al día cerca de 85 personas en situación de dependencia sin recibir la prestación o servicio al que tienen derecho. La covid-19 y el estado de alarma están agravando un problema que el sistema arrastra desde hace años.

José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la asociación, lanza una alerta: "Cuando empiecen a aparecer personas fallecidas en sus casas desde hace semanas nos llevaremos las manos a la cabeza". Insiste en que ya advirtió sobre la desgracia que tendría lugar en las residencias si no se ponía remedio, "pero nadie nos hace caso".

La situación de muchos ancianos, aislados por el confinamiento forzoso de la población, está llegando al extremo. "Si no se escucha a los profesionales y no se empiezan a tomar medidas ya vamos a ser testigos de más muertes, pero en los domicilios", insiste.

El "riesgo" de reabrir los centros de día autorizado en el BOE

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que en el equipo de expertos que asesora al Gobierno en el plan de 'desescalada' no haya ningún profesional de su sector.

"Puede que sepan de Sanidad, pero nadie parece saber cómo funcionan las residencias ni los centros de día. Si lo supieran no harían barbaridades como la de autorizar la reapertura de estos centros en las provincias que están en la Fase 1", dice.

"Es una barbaridad y es un riesgo. La mayoría de los centros de día están en las residencias. ¿Con qué garantías transportas a un grupo de personas con alzheimer el un vehículo hasta allí? Hay un vacío en las decisiones. Se debe priorizar la teleasistencia, ojalá avanzada, y la atención domiciliaria. Ellos y sus familias necesitan sentirse seguros", zanja.

Ramírez hace hincapié en la importancia de poner el foco en el derecho de asistencia a la dependencia y no en las filas que se puedan formar para recoger comida como la que se formó para recoger alimentos en la Asociación de Vecinos de Aluche.

Más de 400.000 solicitantes en lista de espera

"En España existen seis millones de personas usuarias de los Servicios Sociales y el volumen de personas vulnerables va a aumentar con la pandemia. Pero las prestaciones han de ser públicas y no de la beneficiencia. Recoger comida puede ser un complemento del sistema público, pero no una alternativa", considera.

"En España están muriendo decenas de personas que tenían derecho a prestaciones sin poder beneficiarse de ellas. Pero lejos de traspasar esas ayudas a otros que las necesitan, el sistema está parado. Hay 414.922 solicitantes en lista de espera y hay que garantizarles por lo menos la teleasistencia", añade el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Hay 414.922 solicitantes en lista de espera y hay que garantizarles por lo menos la teleasistencia"

Otras 261.616 personas están pendientes de la provisión del servicio: "Hay que facilitar el acceso inmediato a las prestaciones según las previsiones de la 'desescalada' buscando alternativas cuando la atención residencial o en centro de día no sea posible".

"La gente que está en los centros de día ahora está en su casa. ¿Esta sociedad no se puede permitir que las personas mayores dispongan de un botón para alertar a los Servicios Sociales si les pasa algo?", se pregunta indignado. "Se sentirían mucho más seguros", sostiene.

Soledad y aislamiento sin teleasistencia ni visitas

"Están viviendo esta situación solos en sus domicilios con miedo, angustia vital y desesperación. La soledad y el aislamiento van a provocar que muchos de ellos se marchiten. Tampoco se habla del suicidio en este grupo de edad. Para ellos un proyecto vital es aguantar todo el año a las vacaciones de verano en las que ven a sus nietos. Si pierden sus proyectos vitales, por pequeños que sean, empiezan a perder todo", explica. 

Desde su asociación denuncian que el impacto de la crisis ha puesto de manifiesto de forma incontestable los efectos de "los recortes salvajes" -5.864 millones de euros desde 2012- operados sobre el sistema de atención a la dependencia.

"Han provocado dispositivos residenciales y de atención domiciliaria escasos e insuficientemente dotados para afrontar el tsunami de la covid-19", dice Ramírez.

"Es imprescindible tomar medidas urgentes para no abandonar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad en el laberinto burocrático que están atrapados y que los mantienen en el 'limbo de la dependencia', generando un sufrimiento terrible tanto a ellos como a sus familias", pide.

Entre las medidas que las directoras y gerentes de Servicios Sociales proponen está la de reanudar cuanto antes las valoraciones de dependencia; reorganizar el Servicio de Ayuda a Domicilio; modificar la Ley para permitir la compatibilidad de todas las prestaciones y servicios y monitorizar los datos de las residencias para implantar un sistema de alerta temprana y de seguimiento.

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