Política

El PSOE, obligado a saltarse su código ético tras la detención en la Diputación valenciana

Durante la mañana se aferró al código ético, pero por la tarde Ábalos reconoció que la situación era insostenible. Al caer la noche, Puig decidió destituir al presidente de la Diputación de Valencia

El ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska (i), y el ministro de Fomento, José Luis Abalos (d), durante el pleno del Congreso.
El ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska (i), y el ministro de Fomento, José Luis Abalos (d), durante el pleno del Congreso. EFE/Ballesteros

La detención del presidente de la Diputación de Valencia por la UDEF en una operación contra la corrupción causó la segunda crisis grave de comunicación del PSOE desde que Pedro Sánchez accedió a La Moncloa. El arresto del socialista Jorge Rodríguez coincidió con la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso y obligó al partido a dar un giro a su discurso a lo largo del día, que terminó con la destitución de sus cargos del socialista. 

Fuentes de Ferraz aseguraron a primera hora de la mañana que no actuarían de forma especial contra el presidente del órgano provincial. Se remitían al Código Ético del Partido Socialista, que marca la apertura de juicio oral por procedimiento penal como el momento en que el cargo público u orgánico debe dimitir. En caso de no hacerlo, es la formación política quien procede a la suspensión cautelar de militancia.

Pero al filo de la noche, el presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, tomó la decisión de cesarlo de sus cargos. No se trataba de un cargo público cualquiera, sino que Rodríguez también era portavoz de la Ejecutiva del partido en la Comunidad Valenciana. Las fuentes antes citadas habían subrayado por la mañana que "lo llamativo" del caso era que la detención se hubiese producido por "irregularidades procedimentales" en unos nombramientos que fueron revocados por el propio Rodríguez. 

El propio presidente del Gobierno aseguró en el Congreso desconocer las causas exactas de la detención y pidió tiempo para recabar detalles. La oposición se echó encima. El vicesecretario general de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, reprochó a Sánchez que "se le olvida barrer dentro" cuando la corrupción está en las filas del PSOE. Desde Podemos, la portavoz parlamentaria Irene Montero aseguró que Rodríguez debería dimitir si se confirmaban las informaciones. Por su parte, el diputado de Ciudadanos Toni Cantó también exigió la dimisión. 

Además de Rodríguez, en la operación Alquería fueron detenidos el asesor Manuel Reguart; el jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de la empresa pública Divalterra, Jorge Cuerda; y los dos directores gerentes de la misma, Xavier Simó y Agustina Brines. Se investigan posibles irregularidades en la contratación de personal de alta dirección de la antigua Imelsa. Fue la Fiscalía Anticorrupción de Valencia quien interpuso la denuncia  en mayo 2018 por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Las diligencias del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia han sido declaradas secretas. Por eso, "el PSPV confía en la presunción de inocencia de Jorge Rodríguez y serán los jueces quienes determinen la responsabilidad". Puig avanzó su propuesta a la Ejecutiva para que el actual vicepresidente, Toni Gaspar, sea el candidato a la Presidencia de la corporación provincial. 

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