Sánchez prevé subidas de impuestos “impopulares” para salvar el gasto público

El Gobierno de Pedro Sánchez protege con el máximo hermetismo la redacción de las cuentas de 2021. Solo se sabe que los técnicos del Ministerio de Hacienda llevan tiempo analizando y centrándose en cuadrar unos números de difícil solución. Y que la orden de La Moncloa es que se centren en la búsqueda de más ingresos para sortear la reducción de gasto en sectores considerados estratégicos como de los servicios públicos y los funcionarios. Ciudadanos ha advertido que no cuente con sus votos si pretende subir los impuestos siguiendo la receta de Podemos.

Sánchez sabe que después del verano llegará tormenta. Tendrá que lidiar con una difícil negociación sobre las cuentas, buscar avales en la Unión Europea y evitar el rebrote del virus, que algunos temen incluso para la temporada estival. A la espera de los nubarrones, el presidente socialista considera que tiene una ventaja con respeto a la crisis financiera de 2008-2012, y es que desde las instituciones europeas centran su receta en políticas “contracíclicas”, lo que significa evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo y que los servicios del Estado se reduzcan.

Es en este sentido que Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, están intentando aclarar dónde pueden actuar para aumentar los ingresos, y así garantizar la continuidad del gasto. El Gobierno ya ha empezado la tramitación de las tasas Google y Tobin, con las que prevé recaudar alrededor de 2.000 millones de euros. Es poco dinero que ni siquiera cubriría el ingreso mínimo vital. Así que se esperan más fondos de la subida del IRPF a las rentas más altas, del impuesto de sociedades y del diésel. Pero no será suficiente.

Los técnicos del Ejecutivo quieren explorar otros terrenos recaudatorios para intentar no estirar la manta presupuestaria dejando sin recursos a varios sectores públicos. Entre las posibilidades que se barajan se encuentra la creación de nuevos peajes en las autopistas, la subida del IVA (no todos los ministros la apoyan) y nuevos impuestos de carácter especial (por ejemplo, turismo). El objetivo es evitar, como adelantó este diario, que se tenga que adoptar la misma receta económica de recortes de Portugal.

Nueva "actitud" de Europa

La única nota positiva es que la "actitud de la Unión Europea es diferente a la de hace años", confirman en el Gobierno. La Comisión europea quiere que el Ejecutivo de Sánchez se gaste todo lo que puede para evitar el colapso de su económica. Dará el visto bueno a todas las medidas que vayan en este sentido, pero será exigente en puntos como las reformas estructurales (pensiones, trabajo) donde el Ejecutivo sí que deberá meter mano.

Sea como fuere, en el Gobierno de Sánchez admiten que las medidas serán “impopulares”. “Además de los impuestos, podemos decir adiós al gasto en infraestructuras”, añaden desde el Ejecutivo, donde reconocen que la opinión pública empezará a presionar sobre todo en otoño, cuando se comprenderá ya con cifras en negro sobre blanco hasta qué punto el sistema de gasto público podrá aguantar la tormenta.

Ciudadanos ataca a Podemos

La subida de tasas que planea Sánchez no afectará, por otro lado, a las grandes fortunas. Podemos lo propuso, pero los ministros socialistas consideran poco útil la medida, tal y como adelantó este diario. Más probable es que el Gobierno avance en la llamada “armonización” de impuestos como el de patrimonio, donaciones y sucesiones.

En medio de esta situación se encuentra Ciudadanos. Sánchez y su equipo consideran que el respaldo de Inés Arrimadas es más fiable que el de ERC en un momento casi de precampaña autonómica. Sin embargo, los naranjas ya lanzan las primeras advertencias. Envían a Sánchez el mensaje de que la subida de impuestos no puede ser generalizadas y sobre todo que no puede fundamentarse en las medidas “surrealistas” de Podemos. 

Los miembros del Ejecutivo consultados reconocen que el coste político será elevado. Pero creen que no queda más remedio y que, a cambio, no ejecutarán recortes palpables del gasto social. Los funcionarios tampoco verían retocado su sueldo, al menos según las intenciones del Ejecutivo. Esto es lo que el Gobierno plantea cuando aún no ha arrancado la negociación en la UE. Aunque será en septiembre y octubre cuando Sánchez sabrá si para aguantar en el cargo deberá replantear toda su estrategia, socios incluidos.