Publicado: 29/04/2020 05:15
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido a última hora del martes reforzar la limitación de la movilidad de los ciudadanos durante la desescalada, pasando del ámbito regional al provincial. El temor a un nuevo brote de coronavirus ha empujado a Sánchez a adoptar la medida más restrictiva y a encontrar una fórmula que le permita no tener la responsabilidad directa de la apertura de comercios y bares, pero al mismo tiempo seguir en el estado de alarma. Las provincias serán las encargadas de pedir al Gobierno, a través de las comunidades o de la delegación del Gobierno (controladas por el Ejecutivo), poder entrar en las diferentes fases de desescalada.
El mecanismo que tiene previsto el Ejecutivo es que sean las provincias las que, si cumplen los indicadores sanitarios que les dará el Ministerio de Sanidad, puedan pedir la activación de las fases (hay tres) de desescalada. Lo lógico es que las provincias "soliciten" a la Comunidad reabrir las actividades y que éstas hablen con el Ejecutivo. O que directamente lo hagan a través de la delegación del Gobierno.
El Ejecutivo deberá analizar los datos ofrecidos por las provincias y dar su visto bueno a la reapertura de las actividades económicas.
Con esta desescalada escalonada por provincias, Sánchez pretende fragmentar el mapa nacional de tal manera que en el caso de errores o nuevos brotes no se pueda culpar al Gobierno. Todo ello sin poder realizar test masivos sobre el coronavirus.
Temor a un nuevo brote
Reduciendo los movimientos de los ciudadanos a las provincias, por otro lado, Sánchez delega además a los gobiernos regionales la competencia y responsabilidad en la detección de posibles nuevos brotes. El Gobierno está enormemente preocupado por esa posibilidad. El presidente socialista teme que una segunda oleada antes del verano pueda acabar con su Gobierno.
La palabra clave del Ejecutivo es la desescalada asimétrica. Una fórmula que el Gobierno adopta ante la diferencia geográfica en el impacto de la pandemia. Eso además permitirá a las islas adelantarse en las medidas de desescalada.
Apertura de terrazas
En general Sánchez ha adoptado un plan que carece de fechas claras. Aun así se puede entender que a partir del día 11 de mayo podrán reabrir las tiendas y los comercios en las provincias que lo pidan (y que cumplan con los criterios sanitarios, que todavía se tienen que anunciar). También se planifica la apertura parcial de la hostelería, que también dependerá de la fase en que se encuentre cada provincia: en la primera fase solo se podrán abrir las terrazas; en la segunda, con un aforo del 30%, y en la tercera, con el 50%.
En cuanto a la movilidad, Sánchez ha preferido echar el freno. Y a la vez guardarse la carta de responsabilizar a las comunidades autónomas por una posible no detección del virus. Aunque Sánchez mantiene el mando único liderado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Durante su intervención el pasado martes, Sánchez explicó que la restricción de movimientos interprovinciales contemplarán excepciones, laborales y personales, pero nunca se permitirán traslados a segundas residencias hasta que las dos provincias -la de origen y la de destino- hayan alcanzado la fase 3; es decir, la última, denominada "nueva normalidad". "Las fases están hechas para que sean graduales y asimétricas, porque la evolución de la pandemia es distinta en cada territorio, aunque suene paradójico, porque hemos dado una respuesta conjunta a la pandemia", apuntó el presidente del Gobierno.
La restricción se mantendrá de momento hasta junio. Hasta esa fecha, los ciudadanos podrán moverse en el marco de su provincia de residencia, pero no exceder esos confines. Al mismo tiempo, el Ejecutivo mantendrá el estado de alarma, que renovará cada dos semanas. Según el Gobierno esta es la única manera para garantizar un control sobre el cumplimiento de la medida, y al mismo tiempo retroceder rápidamente en el caso de que el coronavirus volviera a aparecer con fuerza en la península.
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