El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado como nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia al alcalde de Calasparra, el socialista José Vélez, según anunció este lunes Francisco Jiménez, quien ocupa este cargo desde hace tan sólo diez meses.

Este nuevo nombramiento viene rodeado de polémica ya que Vélez está siendo investigado por un posible delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa, según publica ‘Abc’.

Prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos

El nombramiento de Vélez está en el punto de mira debido a los asuntos judiciales que tiene pendientes de resolución. En julio de 2015, siendo él alcalde, Vélez y otros dos concejales de Calasparra adquirieron la condición de liberados, una decisión tumbada en varias ocasiones por los tribunales. Sin embargo, tras pronunciarse el TSJ de Murcia en julio de 2017 a favor del Ayuntamiento, Pepe Vélez decidió abonar los complementos salariales de forma retroactiva, unos 30.000 euros en total, a pesar de que ningún concejal había estado liberado.

PP, Cs y Calasparra Viva se querellaron y la juez vio en esta actuación, según un auto de septiembre de 2018, la posible comisión de dos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos que aún siguen investigándose. El mes pasado, la Fiscalía solicitó la declaración de causa compleja para prolongar las pesquisas otros 18 meses.