Publicado: 08/11/2018 05:15
Pedro Sánchez decidió en la misma noche del martes, nada más conocer la sentencia del Tribunal Supremo endosando al comprador de vivienda el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados, que semejante bomba de relojería social no le iba a estallar a él en la cara.
Porque, no había pasado ni una hora del fallo y su socio de gobierno, Pablo Iglesias, ya estaba convocando una manifestación este sábado, a las 18.00 horas, frente la sede madrileña del alto tribunal. El presidente del Gobierno y su núcleo duro vieron la luz: "Podemos quiere tomar la calle". Así que este martes, doce horas después, llamó a la vicepresidenta y a los ministros económicos para escenificar en La Moncloa que si Iglesias iba a tomar la calle, el tomaría "medidas":
Reunido con mi equipo. Esta mañana compareceré en rueda de prensa para anunciar las medidas de este Gobierno tras la decisión de ayer del Tribunal Supremo sobre las hipotecas. pic.twitter.com/PNrREfdUxP
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 7, 2018
Cuando dos horas después compareció en rueda de prensa, no quiso ocultar la contrariedad que le había producido la rapidez de su socio en convocar. Sin echar mano de la acusación de "populismo" que tantas veces le reprochó en el pasado, el presidente sí dijo que Podemos es libre de hacer oposición con pancartas, pero preferentemente "debe hacerse en las instituciones"; y ahora hay una ocasión de oro, recordó, con la reforma de la Ley Hipotecaria, y la convalidación del Real decreto que va a aprobar este martes el Consejo de Ministros para rectificar al Supremo.
Claro, que Iglesias no se quedó quieto y mientras el jefe del Ejecutivo estaba hablando todavía con los periodistas en la sala de prensa, ya decía que no le parece suficiente; que lo que tiene que hacer el Estado es resarcir a los compradores de forma retroactiva, algo que, recordó Sánchez, la legislación lo impide.
El pasado 'antibanca' del presidente
Dura pelea se avecina entre los dos socios, si algo demostró este martes Pedro Sánchez es que aún recuerda sus tiempos de diputado raso; algún tuitero ha recuperado su pasado activista en la red del pajarito desde su escaño en el Congreso; con eslóganes hoy impensables, que pareció recuperar unos segundos diciendo al país "queremos que pague la Banca"; "los españoles nunca volverán a pagarlo":
Por que le llaman banco malo? Es que hay alguno bueno? 😉
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 7, 2011
En esta carrera por ver quien aparece más alejado de las odiadas entidades financieras, la candidata a la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no ha querido quedarse atrás y ha anunciado medidas para evitar que Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía -la marca morada en esa comunidad- patrimonialice el malestar ciudadano con el Tribunal Supremo en vísperas de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.
Los candidatos socialistas saben que ya están en campaña los próximos seis meses y no van a dejar que Podemos les 'coma la tostada' electoralmente ni en Andalucía ni en el resto de España el 26-M
Y es que el PSOE saben de sobra que Podemos va a ser rival electoral a la vuelta de la esquina -en Andalucía el 2 de diciembre, pero en el resto de España en las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo-, y no va a dejar un resquicio para que los morados rentabilicen en la calle ninguno de los acuerdos a los que está llegando Sánchez con Iglesias para mantener la Presidencia del Gobierno.
De momento, Sánchez también dejó ayer claro que, haya o no Presupuestos, la subida a 900 euros al mes del salario mínimo interprofesional (SMI) se va a implementar a fecha uno de enero de 2019; no porque se lo haya exigido su socio, sino porque forma parte del paquete de medidas susceptibles de ser aplicadas vía decreto-ley o real decreto en caso de que el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado no salga por falta de apoyo de los independentistas catalanes del PDCat y ERC.
La primavera va a ser, en este sentido un continuo goteo de dinero público para subsidios a los parados mayores de 52 años, para la subida de pensiones, o los 600 millones que tiene presupuestados el gabinete socialista para mejorar los servicios a la dependencia.
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