Política

Rajoy, Santamaría y Montoro: el segundo 'asalto' de Vox para el juicio del procés

Ortega-Smith y el responsable jurídico de Vox podrán interrogar a los dirigentes separatistas acusados pero también al expresidente del Gobierno, citado como testigo en el juicio que arranca el martes

El secretario general de VOX,  Javier Ortega-Smith, en un encuentro con simpatizantes este sábado en Palma.
El secretario general de VOX, Javier Ortega-Smith, en un encuentro con simpatizantes este sábado en Palma. EFE/Cati Cladera

Sólo queda un día para que arranque el histórico juicio en el Tribunal Supremo contra los doce dirigentes independentistas implicados en el proceso separatista de Cataluña. Pero los exmiembros del Gobierno catalán no serán los únicos en pasar por la Sala donde el secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, ejercerá la única acusación popular acompañado por el vicesecretario jurídico del partido, Pedro Fernández.

El juicio es un marco incomparable para que Vox proyecte su discurso contra el desafío separatista. Y mucho más a las puertas de unas elecciones municipales, autonómicas y europeas o de unas posibles generales. El partido de Santiago Abascal podrá marcar agenda durante casi tres meses con interrogatorios diarios a los dirigentes que permanecen en prisión preventiva, aunque es probable que estos rechacen contestar. 

Quienes no podrán negarse a responder a las preguntas del número dos de Vox son todos los testigos que el Alto Tribunal ha aceptado citar a petición del propio partido. Entre ellos, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. 

Según explican fuentes de Vox, Ortega-Smith y Fernández centrarán sus cuestiones en sacar a la luz todo aquello que "por razón de sus cargos" conocían sobre cómo se estaba fraguando el proceso separatista desde 2014, al margen de aquellos aspectos que no puedan revelar porque afectan a materias de seguridad nacional.

Conversaciones con Mas

En este sentido, se remontarán a las conversaciones del expresidente popular con el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas, mantenidas en 2014 antes de la consulta independentista del 9-N. Fue el propio Mas quien sacó a la luz estas charlas en febrero del año pasado, cuando declaró como investigado en la causa que ha instruido el juez Pablo Llarena.

Asimismo, Vox tiene una oportunidad de oro para sacar destapar algunos puntos de la fracasada 'operación diálogo' que la número dos del Gobierno puso en marcha a finales de 2016 -con apertura de despacho en Barcelona incluida- para atraerse el favor del exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras. Todo mientras las asociaciones independentistas (ANC y Òmnium) preparaban el camino hacia el referéndum ilegal del 1 de octubre.

En este sentido, tampoco dejarán pasar la ocasión para cuestionar el origen de los fondos que sirvieron para la preparación y celebración de la consulta, toda vez que el titular de Hacienda y el propio Rajoy defendieron a capa y espada que no se había destinado "ni un euro de dinero público". Según la Fiscalía, la Generalitat destinó 3 millones de euros públicos al proceso soberanista en su conjunto. 

Llegada de Santamaría a la segunda jornada del congreso del PP.
Llegada de Santamaría a la segunda jornada del congreso del PP. JAVIER MARTÍNEZ

Además de los responsables del Gobierno central, el Supremo también aceptó citar como testigos al expresidente catalán Artur Mas; al lehendakari Íñigo Urkullu; al exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Milló; al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero; a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; a su predecesor en el cargo, Xavier Trías; a los diputados de ERC Joan Tardá y Gabriel Rufián; y a la expresidenta del Parlament Nuria de Gispert, entre otros.

Asimismo, dan por descontado que los magistrados "no permitirán el más mínimo desliz político" en un juicio que será televisado en directo y para el que hay acreditados más de 600 periodistas de 170 medios de comunicación. 

"Hablamos de varios centenares de testigos, miles de folios, miles de conversaciones telefónicas grabadas", destacaba Ortega-Smith este mismo viernes en Es Radio. Por eso, defiende, sus intervenciones dentro del juicio serán totalmente ajustadas a derecho y evitando cualquier tipo de valoración política que dé pie a los independentistas a cuestionar las garantías del proceso en el que llevan trabajando a fondo desde 2017.

Dentro soy un abogado y fuera soy el secretario general de un partido y puedo hacer valoraciones políticas"

Javier Ortega-Smith

"No hay que permitir la más mínima escenificación. Tenemos muy claro que nuestra actuación es penal. Dentro soy un abogado y cuando salgo fuera soy el secretario general de un partido y puedo hacer valoraciones políticas. Pero dentro de la sala nadie podrá decir que hemos usado el procedimiento para cuestiones políticas", afirmaba Ortega-Smith.

De las tres acusaciones presentes en la sala (Abogacía del Estado, Fiscalía), el partido de Santiago Abascal ha sido el más duro con los procesados durante la instrucción del proceso y solicita penas más altas que las del Ministerio Público. Para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras pide 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos. Y, en total, más de 700 años de prisión para todos los acusados.

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